El Gobierno en funciones ha aumentado los recursos de su plan de choque para mitigar las consecuencias de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Tras anunciar unas medidas por valor de 300 millones de euros, este viernes el Gobierno en funciones ha aprobado el real decreto-ley que desarrolla las medidas urgentes al respecto y que finalmente incluyen más de 700 millones de euros de recursos para el sector turístico.

Como se había comunicado, se abre una línea de financiación de hasta 200 millones de euros, a través del el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a atender las necesidades financieras de los afectados, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

La novedad conocida este viernes consiste en que, además, se pondrá a disposición de las empresas hasta 500 millones de euros, para apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la adaptación y mejora de la competitividad, "en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios", explica el Ministerio de Turismo en una nota informativa.

La ejecución de esta última iniciativa se canalizará con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo, y su administración financiera será llevada a cabo por el ICO.

La ministra Calvo ha comunicado también la concesión directa de subvenciones a Canaria y Baleares, por importes de 15 millones y 8 millones de euros, respectivamente, con el objetivo de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino.

Bonificaciones para mantener el empleo

La vicepresidenta ha destacado también las medidas del plan estatal para apoyar el empleo en el sector turístico y la hostelería en ambos archipiélagos tras el cierre del turoperador británico, el segundo mayor a nivel mundial.

El real decreto-ley amplía la bonificación del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores con contratos fijos discontinuos prevista el real decreto-ley de 8 de marzo (de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral) a los meses de octubre y diciembre de 2019, así como febrero y marzo de 2020, que se suman a los ya previstos en el decreto.

Adicionalmente, el Gobierno destinará casi 1,5 millones de euros a Segittur, sociedad dependiente de Industria, con el fin de apoyar la transformación hacia destinos en el marco de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes, un "instrumento al servicio de la promoción de buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible, modernización, incremento de la rentabilidad, desestacionalización y gestión más eficiente de la capacidad de carga", explica Turismo.