Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Costa Rica exigieron este jueves que el Estado brinde medidas de protección efectivas a los dirigentes, especialmente a los que velan por los derechos de los pueblos indígenas del sur del país en la recuperación de territorios ancestrales.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos, la Asociación de Iniciativas Populares Ditso, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, algunos sindicatos y otras organizaciones, expresaron este jueves su preocupación por la violencia contra los pueblos indígenas y sus dirigentes, así como por amenazas recibidas por activistas de derechos humanos.
Jeffery López Castro y Gustavo Oreamuno de la organización Ditso, que defiende derechos de los pueblos indígenas del sur del país, son los que más recientemente han denunciado amenazas en su contra, ante lo que la Defensoría de los Habitantes emitió la semana pasada una alerta temprana al respecto dirigida al ministro de Seguridad, Michael Soto.
López dijo a EFE este jueves que diversas organizaciones se han unido para "reclamar una protección efectiva, pronta y cumplida, tanto para los defensores que acompañamos a los pueblos indígenas, como a los dirigentes indígenas que están sufriendo muchísimas agresiones".
El activista comentó que los pueblos indígenas y dirigentes del sur del país sufren constantes agresiones organizadas por "terratenientes y otros grupos" y criticó que existe "omisión e inacción del Estado".
Las organizaciones exigen "que el Estado abra procesos reales que busquen soluciones integrales a una problemática estructural de la pérdida de territorio de los pueblos indígenas" y "mecanismos reales de protección que garanticen la vida y el libre actuar de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos".
La zona sur de Costa Rica es el escenario de un conflicto de larga data por la recuperación de tierras en el pueblo indígena Térraba, de la etnia teribe, y en el pueblo de Salitre, de la etnia bribri.
Allí, grupos de indígenas suelen recuperar terrenos ancestrales por su cuenta, pues afirman que se han cansado de esperar a que el Gobierno lo haga, lo que ha provocado que los terratenientes no indígenas respondan con violencia.
Los enfrentamientos han provocado heridos y dos dirigentes indígenas muertos en los últimos meses: Sergio Rojas, quien fue atacado a balazos en marzo de 2019, y Jehry Rivera, en febrero de 2020.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado en 2015 medidas de protección para los pueblos indígenas del sur del país y sus dirigentes.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que el Gobierno no ha cumplido con dar una protección efectiva y tampoco ha avanzado en un plan de recuperación de tierras.
El Gobierno afirma que ha reforzado la presencia policial y que está avanzado en el plan para recuperar territorios ancestrales.
La Ley Indígena de 1977 establece que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades, pero los propietarios no indígenas afirman que adquirieron las tierras de manera legal.
