Los indígenas del Caribe norte de Nicaragua aseguraron este viernes en una audiencia de medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que el Estado no ha cumplido con lo ordenado y sienten temor por sus vidas en un conflicto por tierras ancestrales.
La representante de los beneficiarios y defensora, Lottie Cunningham Wrem, indicó a los jueces que desde la última audiencia de supervisión en septiembre de 2018, el riesgo al que están sometidas las comunidades no ha disminuido, y por el contrario, "ha empeorado sustancialmente, con alta presencia de colonos (terceros) armados, quienes constantemente hostigan y agreden" a las comunidades indígenas lo que ha provocado desplazamientos forzados.
"La omisión estatal del proceso y saneamiento es el origen de la violencia que vivimos, porque si los territorios han sido demarcados, no se ha llegado a la última fase y eso ha permitido la ocupación y de territorios ancestrales así como extracción de tierras y de los recursos naturales", dijo Cunningham.
La Corte adoptó medidas provisionales el 1 de septiembre de 2016 sobre la situación de los miembros del Pueblo Indígena Miskitu que habitan en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo, Francia Sirpi, Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa y Santa Clara; así como respecto a los defensores Lottie Cunningham Wrem y José Medrana Coleman.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, expresó en unas declaraciones a los jueces que se ha constatado el recrudecimiento de la situación de riesgo en el marco del proceso saneamiento territorial.
"El Estado no ha implementado de manera efectiva medidas concretas para resguardar la vida de las personas beneficiarias, siendo que los hechos de violencia persisten al día de hoy teniendo como consecuencia el desplazamiento de las personas beneficiarias", expresó.
Abrao agregó que "la información brindada por las autoridades estatales se limita únicamente a señalar medidas de políticas públicas generales" que "no atienden a solucionar directamente situaciones de riesgo”.
Por su parte, el Estado de Nicaragua señaló que está implementando programas y asumiendo toda la responsabilidad de la vida las personas que viven en esas comunidades, así como trabajando en la identidad de los pueblos indígenas y su autodeterminación.
Por medio del representante Carlos Cerdas, el Estado nicaragüense informó que desde que se impusieron las medidas se ha realizado una "intervención continúa" y "acciones para prevenir la violencia".
Uno de los indígenas presentes en la audiencia, Dionisio José Roosevelt, expresó que actualmente "muchas personas no duermen" y que "muchas están durmiendo en otras casas, abandonando su hogar".
La líder indígena Cuningham denunció que desde septiembre de 2018 se han dado 14 secuestros, 43 actos de hostigamiento y amenazas, así como seis lesiones graves. Además, de que 807 personas han sido desplazadas de forma forzada, y han perdido un total de 28.243 hectáreas para cultivo, lo que ha generado una grave crisis alimentaria.
"El temor que tienen los pueblos indígenas es el etnocidio (…) las personas se encuentran en situación de alerta constante y tienen miedo de estar en sus parcelas frente a la posibilidad de ataques armados de colonos (terceros)", destacó Cunningham.
Los hechos de violencia en comunidades indígenas también se dan en el marco de un contexto más amplio sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua que se vive desde abril del 2018.
