"Cueste lo que cueste". Con esta expresión, el presidente Emmanuel Macron prometió en su primer discurso dedicado a la pandemia el 12 de marzo de 2020 que ningún francés se quedaría sin recursos y ninguna empresa correría el riesgo de quebrar. Un año más tarde, el virus continúa propagándose con fuerza, los sectores de la hostelería y la cultura llevan más de cinco meses cerrados y el país está inmerso en un tercer confinamiento que implica el cierre de unos 150.000 comercios no esenciales.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha asegurado que el "cueste lo que cueste" se va a mantener "mientras la crisis sanitaria dure" y ha prometido no subir impuestos.

Las ayudas de apoyo económico que reciben las empresas afectadas por los cierres son diversas y van destinadas a múltiples sectores, desde fondos de solidaridad (un mecanismo para compensar a los comercios que han perdido parte de sus ventas), reducciones de alquiler, préstamos o exenciones fiscales y de cotizaciones sociales hasta un sistema de paro parcial para empleados que garantiza el 70% del salario bruto. Estas medidas se han mantenido a lo largo de este año y, en ocasiones, se han reforzado.

El fondo de solidaridad, por ejemplo, ha sido modificado hasta 17 veces para "responder a un mayor número de situaciones posibles", según detalló el ministro de Cuentas Públicas, Olivier Dussopt, en el Senado. Alrededor de dos millones de empresas francesas se han acogido a este sistema. Dussopt también asegura que Francia es el país europeo que más indemniza a comerciantes, trabajadores independientes y empresas que se han visto forzadas a cerrar. "Es un orgullo y lo debemos reivindicar, ya que nuestro deber es estar a su lado", dijo el ministro. 

En Francia, la hostelería se vio forzada a cerrar indefinidamente a finales de octubre. Desde entonces, el Gobierno, que argumenta que son unos de los principales lugares de contagio, ha ido posponiendo la reapertura de estos establecimientos y aún no ha dado una fecha concreta para ello. En su discurso del miércoles pasado en el que anunció el nuevo confinamiento nacional, Macron dijo que la vacunación permitirá una reapertura progresiva a mediados de mayo, refiriéndose a la cultura y la restauración.

Aquellos hosteleros que hayan perdido, por lo menos, el 50% de su volumen de negocio tienen acceso al fondo de solidaridad aquellos. De ser así, tienen dos opciones para recibir subvenciones de este fondo: pueden solicitar una ayuda mensual equivalente a la cantidad de facturación que han perdido por culpa de la pandemia –con un límite de 10.000 euros al mes– o bien recuperar el 15% de sus ingresos –el 20% si la pérdida supera el 70%–.

A parte del fondo de solidaridad, los hosteleros también pueden recurrir a subvenciones para indemnizar a sus empleados o para pagar sus vacaciones, con un límite de 10 días por trabajador. Además, en enero el Ministerio de Economía puso a disposición de estos negocios otra ayuda para compensar costes fijos, como el alquiler, la electricidad o el seguro. Concretamente, cubre el 70% de estos gastos para empresas con más de 50 empleados y el 90% en el caso de microempresas. 

Discotecas, gimnasios, empresas del sector turístico y la industria cultural reciben también este tipo de ayudas. El mes pasado, además, la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, anunció que destinará 20 millones de euros más en el presupuesto del Gobierno para apoyar al sector cultural, lo que implica un total de 50 millones de euros dedicado a asistir a jóvenes artistas o a aquellos afectados por la crisis.

Francia es uno de los Estados de Europa que más subsidios otorga a sus ciudadanos y empresas, pero también es uno de los más endeudados. Y la crisis sanitaria está teniendo un fuerte impacto en las finanzas públicas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE), en 2020 la deuda pública ha alcanzado el 115,5% del PIB y el déficit supone el 9,2%, unos niveles que no se registraban desde 1949, años en los que Francia se recuperaba del impacto de la Segunda Guerra Mundial.

Aun así, el Gobierno afirma que los datos no son una sorpresa y que no han superado sus proyecciones. El Ejecutivo preveía un 11,3% de déficit y una deuda cercana al 120%.

El debate sobre la deuda en Francia y hasta qué punto es sostenible es recurrente. Hay quienes piden su cancelación, una propuesta que comparten expertos de otros países europeos. 150 economistas de más de 10 países en Europa publicaron una tribuna en el periódico Le Monde el pasado 5 de febrero en la que argumentaban que la devolución de la 'deuda COVID' implicaría un aumento de impuestos y/o una reducción del gasto público que conllevarían "desastrosas consecuencias sociales".

Si bien estas ayudas permiten sobrevivir a la mayoría de los negocios, para sectores como la cultura o la restauración no solucionan los efectos de esta crisis a largo plazo. Muchos temen que el precio de permanecer cerrados durante tanto tiempo implique consecuencias más graves y reclaman retomar su actividad cuanto antes.

Mientras el mundo de la cultura se ha movilizado activamente para reclamar una reapertura —más de 100 teatros han sido ocupados por todo el país en las últimas semanas— la gran protesta de los restaurantes prevista para principios de febrero no se acabó materializando.

Los propietarios de restaurantes de toda Francia se organizaron entonces con el objetivo de abrir sus locales para protestar contra las medidas sanitarias a pesar de ir en contra de la ley. Pero aquella misma mañana, Le Maire les lanzó una advertencia en una entrevista radiofónica: "Los hosteleros que abran no se van a beneficiar del fondo de solidaridad".

Propietarios de bares y restaurantes optaron por no participar en la protesta. "El riesgo de perder las ayudas es demasiado alto, no nos lo podemos permitir", explicaba entonces a elDiario.es la propietaria de un local parisino ubicado en la Rue de Buci, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Mientras tanto, este restaurante sobrevive vendiendo bebidas y aperitivos para llevar y repartiendo comida a domicilio.

La situación es muy distinta para aquellos que se encuentran lejos de la ciudad. En la región de Doubs, una localidad de menos de 3.000 habitantes, el propietario del restaurante 'La Source Bleue', Stéphane Turillon, lamentaba que, a diferencia de París, para los establecimientos de pueblo y de carretera el sistema de reparto es inviable.

El día de la movilización, la gendarmería se presentó en su local y Stéphane terminó por no servir a sus clientes. "Tengo una familia, no puedo permitirme perder las ayudas", decía ante los periodistas. Los principales medios franceses se hicieron eco de su caso y más de 200 personas, la mayoría clientes habituales, rodearon su restaurante y organizaron una marcha por la carretera como muestra de apoyo.