Etiopía tenía previsto celebrar elecciones en agosto de 2020. Sin embargo, el primer ministro Abiy Ahmed, con la aprobación del Parlamento, retrasó todos los comicios citando la pandemia de la COVID-19. Los más críticos con el primer ministro, incluido el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) –una de las fuerzas políticas más poderosas del país– le acusaron de retener el poder de forma inconstitucional y dictatorial.

Como respuesta, en septiembre la región norteña de Tigray celebró elecciones parlamentarias sin la autorización del Gobierno central, que las calificó de "ilegales".

Unos días después, el 4 de noviembre, el TPLF atacó bases militares del ejército nacional en la región de Tigray. Un alto cargo del partido lo calificó de "ataque preventivo". "Se ha cruzado la última línea roja", dijo Abiy Ahmed, que ordenó entonces la ofensiva militar, dando comienzo a la guerra. "Queremos enviar un mensaje a la población de Mekele [capital de Tigray]: que se pongan a salvo de ataques de artillería y se libren de los líderes del Frente. Después no habrá piedad", declaró el portavoz del Ejército.

El 28 de noviembre, tres semanas después del estallido de la guerra, el primer ministro Ahmed anunció la toma de la capital de la región de Tigray, Mekele. Sin embargo, el TPLF no se rindió y el conflicto, los bombardeos y las matanzas han continuado. "Su brutalidad solo incrementa nuestra convicción de combatir a estos invasores hasta el final", dijo el líder del grupo local, Debretsion Gebremichael.

Este lunes, el TPLF aseguró haber recuperado el control de la capital. Residentes en Mekele afirmaron ver tropas del grupo local por primera vez en meses y algunos describieron escenas de celebración en las calles, según informó Reuters. Paralelamente, el Gobierno central anunció un alto el fuego unilateral. "No seremos parte de esa broma", declaró un portavoz del TPLF a la cadena CNN. Las Fuerzas de Defensa de Tigray también tomaron otras ciudades de la región.

"El alto el fuego llega en un momento en el que la situación empezaba a ser muy mala para el ejército etíope y es significativo que sea una declaración unilateral hasta que pase la temporada de lluvias y por razones humanitarias", dice Elsa Aimé, profesora de la Universidad de Comillas especializada en la historia de Etiopía y coordinadora de África Subsahariana en la Fundación Alternativas.

"Las Fuerzas de Defensa de Tigray no se creen el alto el fuego y piensan que es una estrategia para ganar tiempo y recomponerse. El movimiento de Ahmed también le permite ganar legitimidad internacional. Si es sincero, creo que tiene que ser producto de un acuerdo".

Las tensiones entre Adís Abeba y Mekele son anteriores al conflicto desencadenado por la celebración de elecciones y se dispararon con la llegada de Abiy Ahmed al poder en abril de 2018 tras la dimisión del antiguo primer ministro provocada por las continuas protestas populares. 

En Etiopía gobierna desde hace 30 años el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), formado por los cuatro principales partidos étnicos del país: el Movimiento Democrático Nacional Amhara, la Organización Democrática Popular Oromo, el Movimiento Democrático Popular del Sur de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF). Tradicionalmente el TPLF ha liderado la coalición y Abiy Ahmed es el primer miembro del pueblo oromo en ocupar el poder.

En noviembre de 2019, Ahmed disolvió el EPRDF y creó el Partido Prosperidad con el objetivo, según varias informaciones, de reducir el peso del componente étnico en favor de una teórica unidad nacional. Sin embargo, el TPLF, fuerza dominante de la coalición, rechazó la medida y se negó a unirse al nuevo partido, dando lugar a las tensiones actuales.

"La llegada de Abiy Ahmed en 2018 muestra que el TPLF perdía fuerza dentro de la coalición que hasta entonces había dominado. Eso se acompaña de un nuevo discurso en torno al concepto ‘medemer’, que se puede traducir como sinergia y que, en efecto, parece poner en cuestión el proyecto político y económico de las últimas décadas", dice Aimé.

El TPLF nació en 1975 para defender al pueblo de Tigray frente a la junta militar que gobernó el país tras derrocar al emperador Haile Selassie. El TPLF se unió a otros grupos y comunidades del país y se alió con el Frente Popular de Liberación de Eritrea –entonces parte de Etiopía–. En 1991, la coalición liderada por el TPLF en torno al EPRDF derrotó al gobierno y el entonces presidente, Mengistu Haile Mariam, huyó del país.

El esfuerzo de transformar Etiopía en un estado federal étnico estuvo encabezado por el TPLF, que desde la derrota de Mengistu Haile Mariam ha dominado la política del país y la coalición gobernante a pesar de representar una etnia minoritaria equivalente a aproximadamente el 7% de la población del país. Muchos criticaron el nuevo federalismo étnico como una "balcanización de Etiopía".

La constitución de 1994 define el país como una federación basada en la representación étnico-cultural y cuyas regiones tienen el derecho a la autodeterminación. Esta descentralización era una demanda histórica, aunque Aimé señala que es un proceso "ficticio". "Los gobiernos de las regiones estaban dominados por los partidos de la coalición nacional o partidos satélite, entonces es un proceso de descentralización que se mantiene muy centralizado en la coalición y, en concreto, en el TPLF como fuerza dominante". 

Además de liderar el cambio de régimen y de responder a una demanda histórica, Aimé indica que el TPLF "no ha tolerado proyectos políticos que cuestionen su visión y ha dificultado articular alternativas" a través de la represión.

Desde el inicio del conflicto, miles de personas han muerto y 1,7 millones de personas se han visto desplazadas internamente, según cifras de la Organización Internacional de Migraciones. Por otro lado, más de 70.000 han huido a Sudán. Un informe de Naciones Unidas señala que 350.000 personas en Tigray sufren "condiciones catastróficas", equivalente al peor nivel de hambruna. "Se trata del mayor número de personas en esta categoría en un solo país en la última década", destaca el informe. Además, el 60% de la población sufre altos niveles de inseguridad alimenticia. 33.000 niños en Tigray sufren malnutrición severa y están en "alto riesgo de muerte". En los años 80, una hambruna acabó con la vida de aproximadamente un millón de personas.

La semana pasada, María Hernández, cooperante española de Médicos Sin Fronteras de 35 años fue asesinada en un ataque en Tigray junto a otros dos compañeros etíopes de la organización. A ellos tres se suman otros ochos trabajadores humanitarios asesinados en el país desde que estalló el conflicto en noviembre.

El Gobierno de Etiopía, liderado por el Nobel de la paz Abiy Ahmed, así como las otras partes en conflicto, han sido acusado de graves violaciones de derechos humanos que podrían considerarse crímenes de guerra.

"Nos siguen llegando informaciones preocupantes de violencia sexual, asesinatos extrajudiciales, destrucción y saqueos generalizados de propiedad pública y privada por parte de todas las partes en conflicto", dijo la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.  "Un análisis preliminar de la información recibida indica graves violaciones del derecho internacional que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidas por el Ejército de Etiopía, el TPLF, las fuerzas armadas de Eritrea y las Fuerzas Regionales Amhara y la milicia afiliada".