La Organización Trump mantuvo durante 15 años una cultura empresarial del fraude fiscal. Eso es lo que ha determinado este viernes el Tribunal Supremo de Manhattan (Nueva York), que ha sentenciado a la compañía familiar del expresidente a pagar 1,6 millones de dólares (unos 1,5 millones de euros) por fraude y otros 16 delitos económicos. A pesar de ser una cantidad insignificante en relación con el tamaño de la empresa, se trata de la máxima condena posible por este tipo de delito.
Concretamente, el tribunal condenó a dos empresas pertenecientes a la organización del expresidente, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation.
El fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, ha celebrado la decisión del Supremo, que finalmente ha impuesto la máxima pena que había recomendado. Bragg se ha referido en un comunicado a la condena como "trascendental", ya que sienta un precedente para otras compañías. Sin embargo, ha lamentado que no se puedan imponer multas de mayor dimensión.
Por ello, ha pedido a las autoridades que cambien la ley "para que podamos poner sanciones más significativas sobre las empresas que cometen delitos en Nueva York". El fiscal ha añadido que, "a pesar de que las empresas no pueden cumplir penas de cárcel, esta sentencia es muy importante porque sirve para recordar a las empresas y ejecutivos que no se puede defraudar a las autoridades fiscales y seguir impune".
Las dos compañías de la Organización Trump deberán abonar las respectivas multas, que suman 1,6 millones de dólares, en un plazo de dos semanas. A pesar de tratarse de una cantidad muy pequeña para la empresa del expresidente, que ingresó cientos de millones de dólares durante sus años en el Despacho Oval y no pagó impuestos en su último año, el veredicto marca a la empresa como infractora, lo cual sí es significativo.
De este modo, la condena expone la dimensión del fraude fiscal, que según el fiscal Joshua Steinglass fue "de gran alcance y descarado", y añade más presión sobre el expresidente, a pesar de no ser condenado. Sobre la Organización Trump pesa en estos momentos otra investigación de carácter civil, en la que la Fiscalía de Nueva York acusa al grupo empresarial de haber mentido sobre el valor de las compañías. De este modo, pide que recaiga sobre la organización una multa de 250 millones de dólares, además de impedir al expresidente y a sus hijos dirigir otras empresas en Nueva York. Se trata de uno de los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos Trump, quien ha acusado a la justicia norteamericana de estar llevando a cabo una "persecución política".
De hecho, después de confirmarse el fallo del tribunal, la compañía del expresidente ha avisado que recurrirá la sentencia y ha acusado a Nueva York de ser "la capital mundial del crimen y el asesinato". Según ha asegurado, esta sentencia, emitida por "fiscales movidos por razones políticas", forma parte de una "caza de brujas que comenzó el día en que (Trump) anunció su presidencia". Dentro de esta supuesta persecución política, liderada según el expresidente por el gobierno federal, se incluye el registro de la residencia privada de Trump de Mar-a-Lago, en Florida, donde el FBI requisó miles de documentos gubernamentales.
La sentencia llega la misma semana en que se condenó, por el mismo caso, al cabecilla de este “esquema criminal”, el extesorero del expresidente Donald Trump, Allen H. Weisselberg. El condenado fue aliado y mano derecha de Trump en su cargo de director financiero y orquestó un sistema para pagar a sus ejecutivos con dinero negro, así como con prestaciones que debería haber declarado.
Así lo decidió el martes el mismo tribunal, que lo sentenció a cinco meses de cárcel y otros cinco de libertad condicional, por un total de 15 delitos cometidos. Weisselberg se ha alejado con los años del expresidente y, de hecho, declaró en contra de su imperio inmobiliario en este juicio. Ello le ha servido para lograr una reducción de la pena, con lo que a sus 75 años de edad no deberá pisar la cárcel.
