La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de Francia ha solicitado la imputación del expresidente francés Nicolas Sarkozy y varios de sus colaboradores por una posible financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007 por parte de la Libia de Muamar Gadafi.

Esta misma semana, los investigadores financieros han interrogado al expresidente por un presunto soborno a un traficante de armas franco-libanés que le acusó de recibir dinero libio para su campaña de 2007. La Oficina Central de la Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales sospecha que Sarkozy presionó a Ziad Takkiedine para que retirase las acusaciones en su contra.

El expresidente, además, está implicado en múltiples procesos judiciales y ha sido condenado dos veces, una en primera instancia y otra en apelación. El pasado 17 de mayo el Tribunal de Apelación de París confirmó la condena de tres años de prisión (incluido uno de internamiento que cumplirá bajo arresto domiciliario) por el llamado ‘caso de las escuchas’.

Sarkozy también fue condenado en 2021 por el llamado ‘caso Bygmalion’, relativo a un sistema de facturas falsas orquestado para manipular las cuentas de su campaña presidencial en 2012. El juicio de apelación de este caso tendrá lugar en noviembre.

En el caso de escuchas telefónicas, también llamado ‘caso Bismuth’, a Sarkozy se le acusa de haber intentado obtener de un magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, información confidencial sobre otro proceso judicial en el que estaba implicado (en relación a donaciones realizadas por la heredera de la casa L'Oréal, Liliane Bettencourt, por el que Sarkozy finalmente no fue condenado).

La acusación se basa en escuchas telefónicas de conversaciones entre Nicolas Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, en dos teléfonos de prepago, comprados bajo el pseudónimo Paul Bismuth, que en realidad resultó ser un antiguo compañero de clase de Herzog. Sarkozy y su abogado sabían que la línea principal del entonces presidente había sido puesta bajo escucha en el marco de una tercera investigación judicial (la de la financiación libia). Las conversaciones entre ambos se centraron en el destino de las agendas presidenciales incautadas por los investigadores.

A cambio de información relativa al proceso, Sarkozy habría prometido intervenir en favor del magistrado para que éste obtuviera un puesto honorífico (y remunerado) en Mónaco. “Es cierto que las acciones no tuvieron las contrapartidas esperadas”, señaló el Tribunal de Apelación, ya que Azibert finalmente no consiguió el puesto en el principado. Pero el fallo insiste en “la gravedad del ataque a las instituciones” que suponen las acciones del antiguo jefe de Estado y recordó que en materia de corrupción o tráfico de influencias no es necesario que los hechos se materialicen, basta la mera intención de cometerlos.

Así, el Tribunal de Apelación de París confirmó la condena del expresidente de la República a tres años de prisión, uno de ellos en internamiento (que cumplirá en arresto domiciliario con un brazalete electrónico) por corrupción y tráfico de influencias. También se confirma su inhabilitación por tres años para ejercer sus derechos cívicos, lo que le impide votar y presentarse a elecciones. Los otros dos acusados, el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert, recibieron las mismas condenas y sus abogados han anunciado un recurso de casación que deja la decisión provisionalmente en suspenso.

Casi al mismo tiempo que se publicaba la sentencia sobre las escuchas en mayo, la Fiscalía Nacional Financiera solicitaba una nueva imputación de Sarkozy por el caso libio. La Fiscalía sospecha que una parte de la campaña presidencial de 2007 fue financiada con fondos procedentes del régimen de Muamar Gadafi. Consultado por la Agencia France-Presse (AFP), el escrito de acusación, fruto de 10 años de investigación, afirma que existieron “circuitos opacos de circulación de los fondos libios que acabaron dando lugar a desembolsos en efectivo en un calendario y una cronología compatibles con un uso encubierto”.

Por eso recomienda que Sarkozy sea juzgado por “ocultación, malversación de fondos públicos, corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y asociación para delinquir”. Asimismo, se solicita la inculpación de 12 de sus colaboradores de la época, incluidos los exministros Claude Guéant y Brice Hortefeux. Los jueces de instrucción disponen de un mes para decidir sobre la apertura del proceso.

El tercer gran proceso judicial que debe afrontar este año Nicolas Sarkoy es el de las cuentas de la campaña de 2012 o ‘caso Bygmalion’. La investigación y el juicio han expuesto un sistema de facturas falsas entre el partido de Sarkozy y la agencia de comunicación Bygmalion, encargada de organizar los numerosos mítines de campaña. El sistema tendría por objetivo ocultar que se había superado ampliamente el límite legal de gastos electorales autorizado por la ley.

“Que mi campaña de 2012 haya costado el doble que la de 2007 es inverosímil”, llegó a exclamar Sarkozy durante los interrogatorios. “La gente habría dicho: ‘Sarkozy se ha vuelto loco, ofrece caviar al público en sus mítines”.

Según los investigadores, no sólo se superaron los límites, sino que el expresidente fue informado de ello en marzo de 2012 mediante una nota que decidió ignorar, optando por aumentar el número de actos de campaña. “Al impulsar su campaña, Nicolas Sarkozy no respetó el valor esencial de la igualdad entre los candidatos. Que asuma hoy las consecuencias junto a quienes trabajaron para él”, resumió la Fiscalía en su escrito de acusación.

En septiembre de 2021, el Tribunal Penal de París condenó a Sarkozy a un año de prisión firme por “financiación ilegal de campaña”. Sarkozy y otros 12 de los 14 condenados han recurrido la decisión. El juicio de apelación comenzará el 8 de noviembre de 2023 y durará un mes.

Además, Nicolas Sarkozy está siendo investigado en el marco de otros dos casos. La Fiscalía mantiene abierta una investigación preliminar por “tráfico de influencias” desde 2020 en relación a una transferencia bancaria de 500.000 euros recibida por Sarkozy a principios de ese año como parte de un contrato de asesoramiento con el grupo asegurador ruso Reso-Garantia.

Según el medio Mediapart, que reveló la existencia de la investigación, “la justicia está tratando de verificar si el exjefe de Estado sólo actuó como consultor, lo que sería perfectamente legal, o si participó en actividades de lobby potencialmente delictivas en nombre de oligarcas rusos”.

Y este mismo año se autorizó la apertura de otra investigación preliminar por “violación del secreto de instrucción” a causa de un comunicado de prensa publicado por el Elíseo en 2011, durante la presidencia Sarkozy. En él se hacía pública información sobre el proceso judicial de Karachi, un caso de comisiones ilegales por la venta de material de defensa que se remonta a 1995. El expresidente podría ser objeto de una acusación por interferir en dicho proceso judicial.

Además del horizonte judicial que tiene por delante, cabe recordar que ya ha dejado atrás varios procesos importantes. En el citado affaire Bettencourt, en el que estuvo acusado de abuso de confianza, tráfico de influencias y ocultación, el caso fue sobreseído en 2013. Mismo desenlace para otra investigación judicial abierta por las sanciones económicas impuestas por superar el límite de gasto de la campaña de 2012 (los hechos juzgados en el ‘caso Bygmalion’), que Nicolas Sarkozy debería haber reembolsado pero que inicialmente pagó con dinero del partido.

Sarkozy también se ha beneficiado de la inmunidad que corresponde al ejercicio de la presidencia en otros dos casos, el primero resultante de un arbitraje del Estado francés que concedió 404 millones de euros al empresario Bernard Tapie como compensación por las pérdidas que supuestamente sufrió en la venta de Adidas al banco Credit Lyonnais. El arbitraje, que se sospechaba parcial, fue anulado por los tribunales en 2015 y Bernard Tapie fue condenado a devolver el dinero. Christine Lagarde, que había dado luz verde al arbitraje como ministra de Economía, fue condenada en 2016 por "negligencia" por el Tribunal de Justicia de la República (que investiga los casos que envuelven a miembros del Gobierno).

También bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy se abrió una investigación que demostró la adjudicación irregular de varios contratos para realizar sondeos a empresas de dos asesores del presidente. En 2019, la justicia decidió sentar en el banquillo a seis acusados. El exsecretario general del Elíseo y exministro del Interior, Claude Guéant, fue condenado en enero de 2022 a ocho meses de prisión, de los que cumplió dos en internamiento en la prisión de la Santé en París.