Han pasado casi dos semanas desde que el ciclón Daniel azotó la costa nororiental de Libia causando destrucción y muerte. No fue sólo la gran cantidad de lluvia que dejó a su paso, sino que dos viejas presas mal conservadas colapsaron por la presión del agua, provocando un torrente asesino que se llevó por delante viviendas con familias enteras en su interior, vehículos, carreteras y puentes en la ciudad de Derna.

En medio del lodo y los escombros, los residentes de esa localidad de más de 100.000 habitantes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos: unos 10.000, según las estimaciones de organizaciones humanitarias y agencias de la ONU.

Cientos de personas se manifestaron en Derna el lunes pasado exigiendo responsabilidades a las autoridades encargadas no sólo del mantenimiento de las presas, sino de evacuar o advertir a los vecinos ante el peligro de inundaciones.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes que pudieron ponerse a salvo y sobrevivir a las inundaciones –y los únicos que se han atrevido a levantar la voz en un contexto en el que la sociedad civil está amenazada–, gritaron consignas contra el presidente del Parlamento del este de Libia, Aguila Saleh, uno de los líderes políticos de esta región del país, separada y enfrentada a Trípoli (oeste), donde se encuentra el Gobierno reconocido internacionalmente.

Unas horas más tarde, los manifestantes airosos prendieron fuego a la residencia del alcalde de Derna, Abdulmenam al Ghaithi, que ha sido apartado de su cargo, así como todo el consejo municipal de Derna.

Según Federica Saini Fasanotti, del Instituto Italiano para los Estudios Políticos Internacionales (ISPI), podría haber una revuelta contra las autoridades del este de Libia por la mala gestión de la crisis, antes y después del paso del ciclón.

"Todos lo sabían, sabían que las presas no funcionaban bien, que necesitaban revisiones importantes, incluso se firmaron contratos (para remodelarlas) en 2010, aún en la época de Gadafi, pero nada de eso se llevó a cabo", relata a elDiario.es la experta en Libia. En 2011, con el estallido de la revolución contra el dictador Muammar Al Gadafi, asesinado en octubre de ese año, todo quedó paralizado y el país se sumió en el caos y la violencia.

"Lo que ha ocurrido es muy grave y no me sorprendería que hubiera revueltas destacadas en los próximos días. Estamos hablando de gente que ha perdido todo, sus casas, sus familiares...", afirma Saini.

En este clima de tensión, la experta cree que "nadie asumirá las responsabilidades porque significaría un linchamiento público" y "la administración local no va a admitir que ha sido negligente". "La población local tendrá que decidir si acabar con estos (políticos) indignos de su cargo o mantenerlos" en el poder, en el cual se vienen perpetuando, con el apoyo del autodenominado Ejército Nacional Libio, capitaneado por el mariscal Jalifa Hafter.

Las autoridades, tanto del este como del oeste, han prometido que se hará justicia. Desde Trípoli, uno de los órganos de poder ha pedido una "investigación internacional exhaustiva", mientras que el fiscal general Al Sidiq al Sour adelantó que se evaluará el estado de las instalaciones y la partida presupuestaria destinada a su mantenimiento, así como el papel de las administraciones locales. Según datos preliminares de la investigación iniciada por la Fiscalía, las dos represas –construidas en la década de los setenta del siglo pasado– sufrieron sus primeras fisuras en 1999 y no fueron restauradas pese a las recomendaciones de una auditoría extranjera, y pese a ese contrato con una empresa turca mencionado por Saini.

Además, en opinión de la analista italiana, las distintas investigaciones acabarán en nada y la del fiscal general de Trípoli dependerá del margen de maniobra que este tenga en la región oriental, donde no es reconocida su autoridad. "Preveo momentos de gran tensión", agrega.

Por su parte, el coordinador de Naciones Unidas en Libia, Chistopher Laker, se ha mostrado optimista: “Está claro que hay dos gobiernos, uno que opera en el oeste y el otro en el este, pero por ahora, según los primeros indicios, los gobiernos se están uniendo para garantizar que los suministros necesarios y la coordinación de los esfuerzos se realicen a tiempo y sin contratiempos”, declaró a principios de esta semana.

Sin embargo, la experta del ISPI cree que esa cooperación es momentánea y no durará en el tiempo: "Siempre ocurre frente a las emergencias nacionales".

Las divisiones y rivalidades políticas y el caos que han reinado en Libia desde 2011 han marcado la gestión de la emergencia, antes y después del impacto del ciclón. Los libios se han preguntado con rabia e incredulidad por qué no fueron evacuados y por qué, incluso, se les pidió permanecer en sus hogares, convertidos en trampas mortales.

La Jefatura de Seguridad de Derna anunció el día 10 de septiembre por la mañana un toque de queda, ante la llegada de fuertes lluvias, pero horas después ordenó la evacuación de los barrios costeros y en la ribera del valle Derna, por donde corrió el torrente que bajó con fuerza desde los Montes Verdes, donde se levantaban las presas.

El domingo por la noche, se pidió a los residentes, a través de la televisión Al Masar, recoger sus pertenencias y abandonar sus hogares en algunas zonas de Derna y los alrededores. Poco antes de que se consumara la tragedia, el Ministerio de Recursos Hídricos aseguró que había caído una gran cantidad de lluvia y pidió a los habitantes irse a "lugares más seguros".

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha destacado que "la fragmentación" en la gestión y en la respuesta de la emergencia, así como la infraestructura deteriorada, "exacerbó la enormidad" de la catástrofe en Libia. El organismo ha lamentado que si Libia hubiera tenido "un servicio meteorológico que operara con normalidad", podría haber lanzado alertas, en base a las cuales realizar evacuaciones, limitando así el número de víctimas mortales.

Ese caos y división también se ha visto reflejado en las cifras de las víctimas, que han oscilado entre los 2.000 y los 20.000 muertos, además de los desaparecidos. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado la muerte de más de 3.950 personas, frente a las más de 11.000 que habían anunciado anteriormente diferentes fuentes locales. La Media Luna Roja libia ha tenido que negar en varias ocasiones haber ofrecido cifras de muertos y ha apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación, mientras que distintos representantes del Gobierno del este se han apresurado a hacer declaraciones contradictorias y altisonantes.

Una fuente humanitaria ha explicado a elDiario.es que, a día de hoy, la cifra de fallecidos no se puede confirmar pero que la ofrecida por la OMS es probablemente la más cercana a la realidad. Esa fuente, que pidió el anonimato, lamentó que los conflictos en organizaciones implicadas en las labores de búsqueda y rescate hayan generado confusión en torno a datos tan sensibles.

Después de los primeros días de shock y de luto, los juegos de poder se han impuesto por encima de la emergencia humanitaria en Derna. El Ejército Nacional Libio y, en concreto, el mariscal Hafter y sus hijos han querido demostrar quién manda en el este de Libia. Los tres se han dejado ver en las calles embarradas de Derna y sus soldados han estado muy presentes, supervisando la labor de los equipos de búsqueda nacionales e internacionales, así como de la prensa.

La situación se volvió especialmente tensa con el aumento de las críticas a las autoridades locales y tras las protestas del lunes, después de las que Derna quedó desconectada de Internet debido a supuestos "fallos técnicos" en la red de telecomunicaciones local. Activistas políticos y observadores han advertido del riesgo de una represión violenta, sobre todo, por parte del Ejército de Hafter, para silenciar el descontento.

La ONG Amnistía Internacional ha dicho en un comunicado que las fuerzas armadas libias "deben levantar inmediatamente todas las restricciones indebidas impuestas a los medios de comunicación y facilitar la distribución de la ayuda humanitaria", denunciando que esas fuerzas están "recurriendo una vez más a su bien afinada maquinaria represiva para silenciar las críticas, amordazar a la sociedad civil y evadir las responsabilidades".

Mientras, Saini recuerda que "Derna ya había sido destruida en gran parte por Hafter, en su lucha contra el extremismo", en referencia a la ofensiva y asedio contra la ciudad, en la que se habían hecho fuertes los islamistas del grupo Estado Islámico en 2016 y que el mariscal acabó controlando por la fuerza. Sin embargo, "en este caso sería diferente porque respondería con la violencia contra los propios ciudadanos libios" que se han atrevido a criticar o cuestionar la gestión de la crisis.

El hijo de Hafter, el general Saddam Jalifa, ha sido nombrado jefe del Comité de Respuesta al Desastre y es el que ha cobrado más protagonismo en los pasados días. Los hombres bajo su mando, la milicia Tariq Ben Zeyad, han sido acusados de emplear la violencia para acallar las voces críticas y aplastar el disenso. Amnistía Internacional denunció en diciembre del año pasado que esos milicianos han recurrido a asesinatos, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados, y a la violencia sexual para controlar la opinión pública. 

De momento, las críticas se han dirigido principalmente contra las autoridades civiles del este. "El Gobierno ha sido siempre sustentado por Hafter y, tanto a nivel regional como local, es incapaz. La manutención de una gran infraestructura va más allá de la administración local y, en el caso de las presas, fueron abandonadas y no se hizo absolutamente nada" ante su deterioro, asegura la experta. Subraya además la existencia de un estudio científico publicado el año pasado por la Universidad Omar Al Mukhtar de Libia, en el que ya se advertía del riesgo que supondría una inundación del valle de Derna para los que residen a sus orillas.

Según Saini, la tragedia demuestra "la gran inadecuación de la clase política libia. El país no está gestionado adecuadamente y estos son los resultados". "Con esta gestión, no será ni la primera ni la última vez" que Libia vive una catástrofe de estas características.

Ahora, esa misma clase política es la que tiene que hacer frente a los enormes retos de limpiar y reconstruir la ciudad de Derna y otras localidades del este de Libia afectadas por las lluvias torrenciales, y atender las necesidades de los más de 43.000 desplazados. "Las ciudades costeras de Bengasi, Tobruk, Al Marj, Shahat, Sousa, Toukra, Talmeitha, Takenes, Al Oweila y Al Bayada se han visto mayormente afectadas", afirma a elDiario.es el encargado de relaciones públicas de la delegación libia del Comité Internacional de la Cruz Roja, Basheer Al Selwi.

"Familias enteras han muerto. Barrios enteros han sido arrastrados hasta el mar. Los efectos devastadores sobre las vidas humanas son profundos", asegura Al Selwi, apuntando no sólo a las necesidades materiales sino también psicológicas de los supervivientes y los familiares de las víctimas.

Además, Derna y otras áreas en las que se han librado batallas en los pasados años todavía están contaminadas por bombas y proyectiles. "Las inundaciones aumentan los riesgos para la población expuesta a los restos" explosivos, que acechan bajo la capa de lodo y escombros que aún cubre parte de las zonas inundadas dos semanas después.