Por primera vez en la historia, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de expulsar a un representante sin que este haya sido condenado previamente. George Santos, el republicano que saltó a la fama en la escena nacional por haber forjado una carrera política a base de mentiras sobre su pasado, ha recibido la repudia de la mayoría de dos tercios que se requería para echarlo de la cámara baja: 311 votos a favor, frente a 114 en contra y dos abstenciones.

En un órgano legislativo terriblemente polarizado, el joven político, de 35 años, se ha convertido en un elemento de consenso: su reciente imputación por 23 delitos graves, algunos de ellos relacionados con el fraude y el robo de identidad, ha puesto de acuerdo a los demócratas con una facción importante de republicanos. Sus incesantes mentiras, así como sus presuntos delitos, han supuesto un coste político que ni siquiera sus correligionarios han querido asumir.

Santos se convierte así en el sexto congresista expulsado por sus compañeros y el primero en serlo sin una sentencia en su contra. Hasta ahora, la provisión que otorga la Constitución para expulsar a miembros de las dos cámaras del Congreso se ha usado en casos muy excepcionales, principalmente para castigar a aquellos que habían apoyado la secesión en la Guerra Civil, hace un siglo y medio. Desde entonces, tan solo se había usado para expulsar a dos declarados culpables de corrupción.

El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha contado entre el centenar de republicanos que han votado en contra de expulsar a Santos. "El nuevo número de representantes de la Cámara es 434", ha anunciado tras dar a conocer el resultado de la votación. Minutos antes, Santos ya había abandonado el órgano legislativo, y en su salida del Capitolio ha dicho sus últimas palabras ante las cámaras: "¿Para qué querría quedarme? ¡Que le jodan a este lugar!".

Antes de esta votación, el republicano sobrevivió a dos otras votaciones este año, pero cada vez más republicanos se han ido oponiendo a él. La gota que colmó el vaso fue un informe de la Comisión de Ética, publicado hace dos semanas, que dictó sentencia política sobre el representante al concluir que su comportamiento no había sido adecuado para un miembro del Congreso.

La lista de escándalos de Santos en su breve carrera política es abismal: usó fondos de su campaña para ponerse Botox, para comprar en tiendas de lujo y para pagar contenido adulto en su cuenta de OnlyFans; presionó a su equipo de campaña para que falsificara dichas facturas; se inventó detalles no menores de su vida para ganar popularidad, por ejemplo, asegurando que era descendiente de judíos perseguidos por el Holocausto, o diciendo que su madre había sido una superviviente del atentado terrorista del 11-S. 

Santos también inventó su curriculum, al que hacía referencia en sus discursos, asegurando que tenía licenciaturas en la Universidad de Nueva York o que había trabajado en Goldman Sachs, y escondió un matrimonio con una mujer, siendo él abiertamente homosexual, entre otras falsedades. "George Santos es un mentiroso. De hecho, ha admitido haber mentido muchas veces, y ha utilizado su cargo de confianza pública para beneficiarse personalmente desde el primer día", dijo el representante Anthony D'Esposito, republicano de Nueva York y enemigo declarado del congresista. 

Ahora, el substituto de Santos deberá ser elegido en votación especial, por lo que los republicanos se arriesgan a perder un escaño en su ajustada mayoría, ya que el distrito de Long Island y Queens al que representa está muy reñido entre republicanos y demócratas. Este fue uno de los motivos por los que tanto el anterior speaker, Kevin McCarthy, como el actual, Mike Johnson, se habían opuesto fervientemente a su expulsión. Aunque, entre sus argumentos, justificaban que la expulsión de Santos sienta un "precedente peligroso", al permitir que los demás congresistas expulsen a un representante democráticamente elegido por el pueblo.

El propio excongresista ya ha anunciado que no buscará la reelección, pues su carrera política parece enterrada después de la serie de revelaciones del último año. Sin embargo, rechazó dimitir después de que varios miembros de su partido lo pidieran públicamente, tras el informe del comité que afirmaba que había "evidencia substancial" de que vulneró la ley federal.

Concretamente, un tribunal de Nueva York lo imputó en mayo de una docena de cargos y el mes pasado se añadieron otros diez delitos. El texto de acusación asegura que Santos utilizó las tarjetas de crédito con el dinero de sus donantes "repetidamente y sin su autorización", gastándose no solo el dinero de su campaña, también el de otros candidatos, y se llegó a hacer transferencias a su propia cuenta bancaria.

Según los fiscales, Santos robó el número de la tarjeta de crédito de un donante para transferir más de 11.000 dólares a su cuenta bancaria y estafó 50.000 dólares a otros donantes mediante su propia organización sin ánimo de lucro falsa. Según su versión, fingió ser rico para impresionar a los líderes del Partido Republicano. La acusación incluye el fraude electrónico, el robo de identidad con agravantes, el fraude con dispositivos de acceso, la declaraciones falsas a la Comisión Electoral Federal que investigó su caso y la falsificación de registros para obstruir a la comisión.

Elegido en los comicios de mitad de mandato de hace justo un año, llegó al Congreso en enero, y en todo este tiempo ha sido objeto de polémica y burla constante, tanto en el Capitolio como en las redes sociales. Hoy la Cámara Baja ha puesto fin a otro capítulo vergonzoso de su historia.