El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la Policía Nacional de Nicaragua, el principal cuerpo de seguridad en el país, y tres oficiales de este cuerpo por su papel en un "importante abuso de los derechos humanos (DD.HH.)".

"El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin.

En un comunicado, el Gobierno de EE.UU. acusó a este cuerpo policial de "usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte; además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros".

Los tres agentes sancionados hoy son Juan Antonio Valle, jefe policial de Vigilancia y Patrulla; Justo Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales del cuerpo, y Luís Alberto Pérez Oliva, máximo responsable de la policía judicial y director de la prisión de El Chipote, donde algunos alegan que se ha practicado la tortura y violaciones, entre otros abusos.

Como resultado de esas restricciones quedan congelados los activos que los sancionados puedan tener en EE.UU., mientras que los ciudadanos estadounidenses y sus empresas no podrán hacer negocios con ellos.

Esta no es la primera vez que EE.UU. sanciona a un miembro del mayor órgano policial en Nicaragua, pues en noviembre de 2019 aplicó medidas similares contra Ramón Avellán Medal, subdirector general de la Policía, junto a Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Electoral Supremo, y Roberto López Gómez, director del Instituto de Seguridad Social.

Un mes más tarde, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del presidente, Daniel Ortega, y dos empresas bajo su control utilizadas para el "lavado del dinero", así como a otros miembros de su familia, incluyendo a la esposa del gobernante y vicepresidenta, Rosa Murillo.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado entre 329 y 684 muertos desde abril de 2018, según los organismos humanitarios, mientras que el Ejecutivo solo reconocía 199 en diciembre y denuncia un intento de golpe de Estado.