Estas son las 400 empresas que más fondos logran de la Política Agraria Común

La Política Agrícola Común (PAC) es uno de los focos que los agricultores europeos están criticando en las protestas de estas semanas, que en los últimos días se han ido caldeando en España. Unos fondos para el sector primario que suponen más del 30% de todo el presupuesto comunitario y donde España, por detrás de Francia y Alemania, está entre los países más beneficiados. Ayudas que, en gran medida, acaban focalizándose en algunas de las mayores empresas del sector.

En concreto, 400 de ellas –ya sean sociedades anónimas, limitadas o cooperativas– percibieron 536 millones de euros de la PAC durante el ejercicio 2022, según los últimos datos que ha publicado el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y que ha recopilado elDiario.es.

Eso conlleva que estas 400 entidades hayan recibido el 7% de todas las aportaciones de la PAC en ese ejercicio, en el que en total se repartieron en España 7.519 millones de euros con cargo a los presupuestos europeos. 

En este análisis de los datos de 2022, han quedado fuera beneficiados de la PAC que no son empresas directamente receptoras. Por ejemplo, las administraciones públicas regionales o locales, entidades como el propio Fondo Español de Garantía Agraria, los consejos reguladores de denominaciones de origen o las comunidades de regantes. Tampoco están incluidos las asociaciones interprofesionales, agrarias o aquellas que agrupan cooperativas.

En el siguiente gráfico se pueden consultar las citadas ayudas:

En ese listado de grandes beneficiarios se encuentran algunos de los grandes operadores del sector. Entre ellos, la cooperativa de aceite Dcoop, una de las mayores del sector, que hace solo unos meses reconocía que veía con "pánico" el año 2024 por la situación de precios del aceite de oliva y advertía de posibles cierres. En su caso, figura como perceptora de más de ocho millones de euros durante el año 2022. En concreto, desde octubre de 2021 al mismo mes del año siguiente. También aparece la Corporación Alimentaria Peñasanta, que está detrás de marcas comerciales como Central Lechera Asturiana, con más de 5,7 millones de euros.

En los primeros puestos también aparecen otras empresas conocidas como Bimbo Donuts (3,5 millones de euros) y el grupo de bebidas alcohólicas González Byass (2,6 millones). También superan los dos millones de euros Bodegas Faustino, Codorniu o la cooperativa aceitera Oleoestepa. Freixenet, con 1,8 millones; Mercadona, con 1,3 millones; o Félix Solis, con 1,2 millones también están entre los 150 mayores beneficiarios. En ese top 400 de empresas perceptoras de la PAC aparece alguna que, en teoría, nada tiene que ver con el sector agrario, como Telefónica, con 1,78 millones, que ha declinado explicar por qué aparece en este listado.

Los datos que publica el Fondo Español de Garantía Agraria también permiten ver cuáles son los municipios a los que van a parar más fondos. Los diez con ingresos más altos vía PAC son Sevilla, Madrid, Valladolid, Córdoba, Toledo, Zaragoza, Mérida, Badajoz, Jerez de la Frontera y Albacete. Hay que tener en cuenta que se trata de las localidades donde tienen su sede alguno de los grandes perceptores. 

Si se analiza por aquellos municipios donde es más alto el importe medio por beneficiario, los cinco primeros puestos los ocupa Beniflá (Comunitat Valenciana), Milagros (Burgos), Palos de la Frontera (Huelva), Villabuena de Álava/Eskuernaga (Álava) y Banyalbufar (Illes Balears).

En el siguiente mapa se detalla cómo se han repartido las ayudas de la PAC por municipios. También, qué porcentaje del total de ayudas por localidad se llevó el mayor perceptor durante el citado ejercicio.

El hecho de que gran parte de los fondos europeos de ayuda al sector agrario esté focalizado en un número no tan grande de empresas no es nuevo, sino una de las críticas más repetidas a lo largo de los últimos años al sistema y a la propia configuración de la PAC. De hecho, ahora en las protestas del campo no se está poniendo tanto en cuestión los fondos de la PAC, la cuantía de las ayudas, como el nuevo planteamiento de esta, donde tienen más peso cuestiones medioambientales. La agenda verde de Bruselas ha sido foco de críticas, hasta el punto de que la Comisión Europea ha dado pasos atrás para contener las protestas del campo, por ejemplo, en lo relativo a la reducción en el uso de fitosanitarios. 

La concentración de la percepción de las ayudas de la PAC en pocas manos la ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, WWF, que insta a que el reparto sea más equilibrado. "Una distribución más justa de los fondos de la Política Agraria Común apoyando a los agricultores con dificultades", aseguraba esta pasada semana WWF al proponer un paquete de medidas para mejorar la situación del campo y mitigar sus vulnerabilidades.

"El 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de los pagos directos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos (a menudo explotaciones familiares) de pequeño o mediano tamaño perciben poco o nada", criticaba esta organización. "Actualmente la PAC presta más apoyo a la agricultura frente al pastoreo y, dentro de la primera, al regadío frente al secano. Es necesario que el dinero público se dirija a aquellas fincas de mayor valor social y ambiental", indicaba.

La PAC es uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea y su principal partida de gasto, pero convertirse en receptor no siempre es una tarea fácil. Se trata de planteamientos de fondos comunitarios que abarcan un periodo de cinco años. Por ejemplo, el año analizado, 2022, era el último del quinquenio que comenzó en 2018. 

Para ese periodo, los fondos de la PAC –que, en teoría, se anualizan en algo más de 4.000 millones por ejercicio– estaban estructurados, por ejemplo, en los denominados regímenes específicos de ayudas por superficie, pensados para el cultivo de algodón. También, ayudas directas asociadas a la producción de determinados cultivos, como el arroz, los frutos de cáscara y las legumbres, remolacha azucarera, tomate para uso industrial o ganadería. Y luego había otro tipo de fondos ligados al desarrollo rural, al desarrollo de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, que se denominó pago verde; o lo que se definió como pago complementario para jóvenes y pequeños agricultores.

A partir de ese abanico de opciones de ayudas –donde hay más casuísticas– entraba el proceso burocrático para la recepción de fondos, donde entran las diferentes administraciones, tanto la estatal como las autonómicas, en un proceso con el que el campo es muy crítico por su alta complejidad y los numerosos pasos que conlleva. 

En cambio, para la PAC del quinquenio 2023-2027 el planteamiento fue diferente y de hecho aún hay flecos sueltos. La base, darle un perfil más ligado a la exigencia de transformación por el cambio climático. Así, los tres ejes de esa nueva PAC ya posterior a la guerra en Ucrania fueron la seguridad alimentaria, la acción por el clima ligada a la reducción de emisiones contaminantes y fortalecer el tejido socioeconómico rural.

Eso se ha traducido en medidas concretas, por ejemplo, que el 25% del presupuesto tiene que destinarse a los llamados "regímenes ecológicos" o "ecorregímenes" ligados a prácticas y enfoques agrícolas respetuosos con el clima y el medio ambiente. En ellos, por ejemplo, hay que demostrar que hay rotaciones de cultivos o pastoreo de carácter extensivo. Además, se buscó reforzar que los fondos vayan a trabajadores del campo activos y que un 10% de las ayudas directas sea para pequeñas y medianas explotaciones.

En cuanto a dinero, España tiene cuantificado el presupuesto aplicado a la PAC para un periodo más amplio, 2021-2027, que asciende a más de 47.700 millones de euros.

De momento, no hay datos sobre el reparto de los fondos de la PAC en 2023 pero sí hay críticas, en parte por el foco que tiene en la transición verde y la complejidad que conlleva. El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoció hace unos días, tras reunirse con las asociaciones agrarias UPA, COAG y Asaja, que tres de cada cuatro agricultores ya se han acogido a los ecorregímenes pero que su departamento es "sensible a los problemas que la aplicación de esta herramienta" tiene en algunos territorios. También, que son necesarios ajustes con las comunidades autónomas en la puesta en marcha del Plan Estratégico de la PAC.