Una investigación externa ha urgido a la constructora Ferrovial a reforzar los controles internos en una filial en Polonia, tras el estallido de un escándalo de sobornos a cambio de contratos de recogida de basuras que se saldó con el despido de dos de los principales directivos de la empresa. 

Las autoridades de Polonia investigan desde hace más de un año una trama criminal organizada de supuesto blanqueo de capitales, fraude fiscal a través de facturas falsas de IVA y sobornos a cargos públicos relacionados con la obtención, según medios locales, de 128 millones de euros en contratos del Ayuntamiento de Varsovia.

Dos de los principales sospechosos eran hasta hace un año directivos de FBSerwis, la filial de servicios de Budimex, subsidiaria polaca de la constructora. La Agencia Anticorrupción local bautizó este caso como “el escándalo de la basura”.

Tras despedir en marzo del año pasado al hasta entonces presidente y al vicepresidente de FBSerwis, detenidos en Varsovia tras estallar el escándalo el 1 de febrero de 2023, Budimex ha informado recientemente a la Bolsa de Polonia, donde cotizan sus acciones, de que ha tomado algunas medidas tras analizar las conclusiones de una auditoría que encargó el año pasado sobre las compañías del grupo FBSerwis con el objetivo de esclarecer estos hechos y “explicar objetivamente las irregularidades que se alegan”. 

La compañía ha explicado que ha llevado a cabo una serie de “cambios organizativos” respecto a la toma de decisiones. Esos cambios también han afectado a “la estructura de cumplimiento”. Según ha explicado Budimex a los inversores, en esa auditoría, ya concluida, “se identificaron áreas de control interno que requieren fortalecimiento para minimizar el riesgo de irregularidades en el futuro”.

La compañía subraya en esa documentación que “ni Budimex SA ni ninguna de las compañías del Grupo FBSerwis son parte o participan en el procedimiento y no tienen conocimiento detallado de la evolución del caso en su momento actual”. 

En su último informe anual, Ferrovial considera “remoto” el riesgo por este caso. El grupo señalaba que “en opinión del asesor jurídico externo contratado por FBSerwis S.A., el riesgo de que la empresa pueda ser considerada responsable de los acontecimientos que se están investigando es remoto y se estima que no superará el millón de euros. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2023, no hemos reconocido un pasivo en nuestros estados financieros en relación con este asunto”.

Ferrovial ya indicaba entonces que esa filial “ha establecido una oficina de control interno para supervisar el cumplimiento de sus políticas y procedimientos, que se han revisado y mejorado en 2023”. “La investigación está en curso y FBSerwis, S.A. está cooperando con las autoridades”, añadía. 

El escándalo de la basura salió a la luz coincidiendo con el polémico anuncio de Ferrovial de llevarse su sede a Países Bajos, territorio del que el presidente ejecutivo y máximo accionista, Rafael del Pino, acaba de sacar la patrimonial con la que ha canalizado su participación en la multinacional, tras la apertura de una inspección fiscal por parte de las autoridades neerlandesas.

Entre los directivos de FBSerwis que fueron despedidos por este caso figura el expresidente de FBSerwis, Artur Pielech, al que la constructora pagó cerca de 384.000 euros en 2022, antes de estallar el escándalo. Tras su despido, la compañía nombró al español Álvaro García Martínez, histórico directivo de Ferrovial en Polonia, presidente y director general de la filial. 

Por estos hechos también fue detenido un exministro del PP polaco, el que fuera titular de Hacienda de Polonia y, hasta su detención, secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la anterior etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y actual primer ministro, Donald Tusk.

En el primer trimestre de 2024, FBSerwis registró unos ingresos de unos 56 millones de euros. La filial de servicios, dedicada al mantenimiento de carreteras o el tratamiento de residuos, registró un beneficio bruto operativo (EBITDA) de cerca de ocho millones, ligeramente por debajo del mismo periodo de 2023.

La compañía ejecuta contratos que cubren servicios de gestión de residuos, mantenimiento técnico de edificios e instalaciones industriales (incluida la sede del Tribunal Supremo en Varsovia y el puerto de Gdańsk), iluminación (incluida la sustitución de más de 6.000 luminarias en Sosnowiec) y el mantenimiento de aproximadamente 1.800 kilómetros de carreteras nacionales, autopistas y otras vías.

Su director general explicó hace unas semanas en una entrevista a un medio especializado polaco que la filial tiene la intención de abrirse a nuevas inversiones en el desarrollo de una red de bases logísticas, en instalaciones para el procesamiento de biorresiduos y residuos de construcción y seguir desarrollando la producción de combustibles CDR alternativos.