La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de los casos de corrupción vinculados con medios de comunicación y a periodistas de Paraguay en el informe presentado este lunes en la 75 Asamblea General de la organización que se reunió en Miami (EE.UU.).
En el documento, la sociedad enumera varias investigaciones judiciales como la que abrió la Fiscalía en abril pasado contra el senador del gobernante Partido Colorado Javier Zacarías Irún por pagar presuntamente a periodistas para favorecer su imagen.
Según el Ministerio Público, el parlamentario destinó fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este, la segunda localidad más grande del país, para captar con dinero a 30 periodistas y siete medios de comunicación para que se posicionasen a su favor y en el de su esposa, Sandra Mcleod, exintendenta del municipio.
Con dinero municipal también se pagó supuestamente la producción de programas de entretenimiento con fines políticos, uno de ellos conducido por Javier Zacarías McLeod, hijo del senador y la intendenta.
El matrimonio, conocido popularmente como el Clan Zacarías, tiene otras causas abiertas en la Justicia desde septiembre de 2018 por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
En la lista de casos, la SIP también recordó que un total de siete periodistas aparecieron en la agenda incautada al exdirector del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada de la Dirección de Aduanas (Detave), Ramón Benítez, detenido en abril e imputado por liderar una red de sobornos y contrabando.
El nombre de los comunicadores aparecía junto a datos de cobro y pago de dinero en la investigación de una trama en la que también se vieron envueltos seis funcionarios y un policía por delitos de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y contrabando.
Otro de los casos que reporta la SIP es el intento de soborno que protagonizó el senador liberal Dionisio Amarilla, quien trató de pagar a un periodista local del diario ABC Color que investigaba irregularidades en una licitación pública por valor de 23 millones de dólares.
El comunicador documentó con una grabación cómo fue convocado a una reunión en la que el parlamentario y el dueño de la empresa implicada le ofrecieron el pago de 10 cuotas que adeudaba de su auto y un puesto de trabajo para su novia, a cambio de suspender sus publicaciones.
Además de los casos de corrupción, el informe también denunció malas praxis de los grupos políticos, como el proyecto de ley que presentó el Partido Liberal, líder de la oposición en Paraguay, que "limitaría el libre acceso a la información pública".
La SIP criticó que la norma facilitaría la eliminación de datos personales como las declaraciones juradas de los funcionarios y que obligaría a solicitar una autorización para solicitar información.
Asimismo, la organización también recopiló en el documento algunas expresiones de los políticos paraguayos en contra del trabajo que realizan los medios de comunicación.
En ese sentido, la SIP cita las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez, quien acusó a la prensa de manipular la información, durante la crisis que sufrió su Gobierno por la firma de un acta de contratación de potencia energética de la represa de Itaipú, compartida con Brasil.
La polémica se saldó con la dimisión de cinco cargos del Ejecutivo y el intento de juicio político contra el mandatario y el vicepresidente, Hugo Velázquez, que no llegó a prosperar.
