La mayor parte de los errores al gastar el presupuesto de la Unión Europea se da en los pagos de las ayudas de cohesión -destinadas a reducir la brecha entre las regiones-, donde la tasa de error es del 5 %, frente al 2,6 % de media, informó este martes el Tribunal de Cuentas comunitario.
La auditoría del presupuesto de la UE de 2018 revela que el nivel general de irregularidades detectadas en el gasto comunitario se mantiene en una cota similar al 2,4 % del año anterior e inferior a la de 2016 (3,1 %).
El nivel de error varía, sin embargo, entre las distintas partidas que se reparten los 156.700 millones de euros del presupuesto.
La más cuantiosa es la de Recursos Naturales (48 %), que incluye los fondos agrícolas, donde la tasa de error fue del 2,4 %, seguida de la de Cohesión, con un 20 % de los fondos y un 5 % de errores, y la destinada a Competitividad, con un 15 % de la dotación y un 2 % de error.
El Tribunal de Cuentas achaca el mayor ratio de fallo en Cohesión a que se declaran gastos o proyectos que en realidad no son elegibles para recibir financiación comunitaria, así como al incumplimiento de las normas europeas de licitaciones públicas o ayudas de Estado.
A esto se suma que "algunos países añaden todavía más condiciones nacionales a las ya complejas reglas" que fija la UE para acceder a los fondos, explicó el presidente del Tribunal, Klaus-Heiner Lehne.
La institución, sin embargo, no vincula la cifra de error más alta con problemas para hacer cumplir la ley en los países de destino, que tradicionalmente han sido los del Este y las regiones más pobres de Europa Occidental.
"No es algo que veamos solo en uno o dos Estados miembros, es generalizado", explicó el director del informe, Lazaros Lazarou, al señalar, sin embargo, que el Tribunal ha encontrado más errores de los detectados por la Comisión Europea o los propios países.
"No podemos decir dónde está la razón. Si es un tema de competencias, de hacer la vista gorda, de que la Comisión no hace suficiente supervisión... Sería una combinación", dijo.
En todo caso, los auditores europeos recuerdan que el nivel de errores no es un indicador de fraude, ineficacia o despilfarro en el gasto, sino que refleja los fondos que no deberían haberse pagado porque no se usaron totalmente conforme a las normas europeas.
De ahí que el Tribunal insista en que deben simplificarse las reglas y reducirse la burocracia, al tiempo que se mejoran los sistemas de control, por ejemplo, con auditorías digitales, según explicó su presidente.
De los más de 700 casos analizados por la corte, solo 9 han sido remitidos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por ser sospechosos.
Por otra parte, en 2018 los compromisos pendientes de pago -dinero que se prometió y aún está por abonar- alcanzaron un nuevo récord de 281.200 millones de euros, por lo que el Tribunal llama a la Comisión a tomar medidas para evitar que esto eleve demasiado las necesidades de pago en el nuevo marco financiero 2021-2027.
