Poco más de 24 horas de protestas han puesto al Gobierno del Líbano entre la espada y la pared y han llevado al primer ministro, Saad Hariri, a dar un ultimátum de 72 horas a los partidos políticos para destrabar la toma de medidas y afrontar la crítica situación económica del país.
La "revolución del WhatsApp", como denominan en el Líbano a las protestas que comenzaron el jueves por la noche contra la corrupción y los políticos, después de que el Gobierno anunciara una tasa a las llamadas por plataformas de mensajería por internet, siguió hoy en Beirut y otras ciudades del país.
Hasta el momento, al menos dos personas han muerto y varias decenas han resultado heridas en unas manifestaciones que han llevado a reuniones de emergencia a los partidos a lo largo del día y a Hariri a intentar llegar a los hogares de todos los libaneses con un mensaje por televisión.
"Cualquiera que sea la solución, ya no tenemos tiempo y yo personalmente me doy poco tiempo para que nuestros socios de Gobierno den una respuesta explícita sobre la solución o tendré otras palabras y el plazo es muy corto, es decir, 72 horas", dijo Hariri.
La respuesta de los socios de gobierno debe ser "explícita, concreta y final, que me convenza a mí, a los libaneses, a la comunidad internacional y a todos los que expresan su enfado en la calle hoy", añadió desmarcándose de cualquier responsabilidad por la situación del país.
El primer ministro se situó del lado de los manifestantes que ayer comenzaron a manifestarse por todo el país. "El dolor de los libaneses es verdadero y lo veo y apoyo cualquier movimiento para expresarlo", dijo Hariri.
El primer ministro indicó que hay "un enfado verdadero" que explotó en la calle, y que la gente ha dado "más de una oportunidad" a los políticos para hacer reformas.
Antes que Hariri, el ministro libanés de Asuntos Exteriores, Gebran Basil, afirmó hoy que comprende el enfado de la gente expresado en las protestas y consideró que son resultado del fracaso de las políticas del Ejecutivo.
“Lo que sucede es el resultado de una serie de fracasos y crisis que llevaron a la gente a explotar, lo que comprendo”, afirmó a los periodistas Basil, líder de la Corriente Patriótica Libre, que está en la coalición de Gobierno que lidera la Corriente del Futuro del primer ministro Saad Hariri.
Basil, que se reunió hoy con el presidente del país, Michel Aoun, su suegro y fundador de la Corriente Patriótica, para discutir la situación, indicó que las protestas pueden ser una "oportunidad" para el Líbano aunque "la alternativa al gobierno actual es ambigua y podría ser el caos o la discordia en la calle”.
El detonante de las manifestaciones fue el anuncio de imponer un impuesto a las llamadas telefónicas a través de servicios de voz por internet, lo que generó una inmediata reacción en contra entre población y partidos políticos.
Ante la reacción, el Gobierno ha decidido retirar la propuesta con la que pretendía recaudar 200 millones de dólares para las maltrechas arcas del país.
Detrás de ese intento de tasa está la crítica situación de uno de los países más endeudados del mundo, con alrededor de 86.000 millones de dólares de deuda, alrededor del 150 por ciento del Productor Interior Bruto, y una deuda soberana que no alcanza ni el nivel de bono basura.
Gran parte de esa situación se debe al frágil sistema político libanés, en el que los cargos e instituciones se cubren en base a los diferentes sectores religiosos y políticos del país.
La incapacidad del Gobierno de llegar a un acuerdo para aprobar el presupuesto mantiene además otros 11.000 millones de dólares comprometido por la comunidad internacional bloqueados a la espera de una decisión política que no termina de consensuarse.
Tras nueve meses sin Gobierno, Hariri logró en enero el respaldo a un Gobierno precario y sin capital político propio.
Desde los acuerdos de Doha de 2008, el Gobierno del Líbano es de unidad nacional y actualmente cuenta con representación de ocho partidos políticos, incluidos los de oposición, como parte de los complicados acuerdos que llevaron a la formación del Ejecutivo de Hariri en enero pasado.
Kathy Seleme