El Gobierno del presidente Daniel Ortega propuso una reforma a la Ley de Estabilidad Energética en Nicaragua en la que autoriza a las distribuidoras de energía a reclamar vía títulos no judiciales de ejecución a los clientes en mora.
La iniciativa de Ley, presentada este lunes ante el plenario de la Asamblea Nacional (Parlamento), también propone sancionar a los usuarios o técnicos que comentan fraude eléctrico.
La Junta Directiva remitió esa iniciativa a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, dominada por el oficialismo, para su análisis.
Según el Ejecutivo, la reforma a esa Ley busca promover el uso lícito del servicio público de energía eléctrica, mediante la prevención y sanción de conductas que atenten contra el desarrollo y la estabilidad de ese servicio a la población.
La iniciativa propone sancionar al que instale por su cuenta o mediante terceros conexiones que eviten que la energía consumida pase a través del dispositivo de medición.
También a quien manipule o altere los dispositivos de medición propio o de otros usuarios, con el objeto de evitar o modificar el registro total de la energía suministrada por la empresa distribuidora y que haya consumido el cliente.
Además, a los que vendan energía eléctrica a terceros, o bien que manipulen los equipos de verificación que instale el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador del sector.
Asimismo, la propuesta del Ejecutivo establece que, para verificar la sustracción de energía, "todas las horas y los días son hábiles para realizar inspecciones".
Para esos casos, según la iniciativa, se aceptarán como medios de prueba fotos, videos o un acta con dos testigos que certifiquen la sustracción ilegal de energía eléctrica.
Otro punto señala que toda factura emitida por las empresas distribuidoras de energía eléctrica que esté legalmente en mora tendrá reconocimiento de fuerza ejecutiva como títulos no judiciales de ejecución.
En el caso de las personas, que siendo clientes de las empresas distribuidoras Disnorte y Dissur, y hayan sido comprobados como sustractores ilegales de energía podrán ser publicados en un listado público.
La oposición parlamentaria denunció que esa propuesta "criminaliza la pobreza" y que el Ejecutivo demuestra "indolencia" ante la crisis social, política y económica que vive el país desde abril de 2018.
"Aquí se está diciendo que las deudas por la factura de energía sean suficiente para confiscar o embargar los salarios, vehículos, televisores y todos sus bienes", dijo la diputada opositora Azucena Castillo, quien advirtió que Nicaragua vive su segundo año seguido de contracción económica y que ha golpeado los ingresos en los hogares.
Según cálculos de la Cámara de Energía, las pérdidas comerciales de las distribuidoras de energía se han elevado de un 5 a un 10 % por concepto de morosidad en la facturación, que significan unos 6 millones de dólares anuales.
El Estado de Nicaragua tiene el 16 % de las acciones en las distribuidoras y el restante es de capital privado.
La tarifa de la energía eléctrica ha aumentado un 14,55 % en lo que va de año en Nicaragua para el sector productivo, comercial y residencial, según datos divulgados por el ente regulador.
A esa alza de 14,55 % se le agrega un 3,75 % adicional que corresponde al deslizamiento del dólar en relación al córdoba, la moneda nacional, con lo que el aumento totalizaría un 18,3 % entre enero y septiembre, de acuerdo con los registros del INE.
Organismos defensores de los consumidores han advertido que esas alzas en la tarifa de la energía eléctrica afecta fuertemente a las familias nicaragüenses.
