El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado suspender cautelarmente el Plan Especial de Hospedaje de la exalcaldesa Manuela Carmena para regular los pisos turísticos en la capital, como pedían dos recursos presentados por LikeHome Madrid, una empresa que gestiona viviendas de uso turístico (VUT) y por la Asociación Madrid Aloja.
La sección primera del TSJM, que no entra en el fondo del asunto, desestima el recurso de Madrid Aloja en un auto con fecha 25 de octubre y el de recurso de LikeHomeMadrid el pasado 28 de octubre, a los que ha tenido acceso Efe.
El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida considera que estas decisiones judiciales no cambian la situación y aboga por esperar a que el TSJM adopte una decisión firme, ya que tiene que resolver otros siete recursos, para plantear una nueva normativa.
El plan hospedaje aprobado por Carmena en marzo regulaba las viviendas de uso turístico exigiendo una licencia de uso terciario y pidiendo que estos pisos tuviesen una acceso independiente en las zonas más saturadas como el centro de la capital.
En sus fallos, el TSJM entiende que "deben prevalecer los intereses generales encarnados en el Plan Especial", que según defendió el Consistorio madrileño busca "la preservación del uso residencial y su entorno urbano en aquellas áreas centrales de la ciudad en que se ve amenazado por el uso de hospedaje".
Y citan los argumentos del Consistorio madrileño, que señaló que "dicho interés general se podría ver seriamente comprometido si se suspendiera la ejecutividad del Plan Especial, al recobrar vigencia entonces la normativa urbanística anterior, lo que, hipotéticamente, podría redundar en una acentuación de esa terciarización del centro histórico de Madrid, con el consiguiente deterioro del entorno urbano propio del uso residencial permanente".
Considera el Tribunal que no hay información suficiente para que, de no suspenderse el plan, se pudiesen ocasionar "perjuicios de imposible o difícil reparación que pudieran conllevar la pérdida de la finalidad legítima del recurso" pues de las hipotéticas pérdidas económicas podrían compensarse posteriormente.
La cuestión de fondo "evidencia de forma clara una controversia jurídica de manifiesta complejidad" asegura el TSJM.
Desde el Gobierno municipal la portavoz Inmaculada Sanz (PP), ha asegurado que esperarán una decisión firme y que entre tanto actúan "en lo que pueden actuar", con la inspección desde su llegada al poder de 365 edificios, donde se han revisado más de 3.000 viviendas localizando 1.602 de uso turístico y decretando 358 órdenes de cese.
Además, ha defendido que la coalición de PP y Cs se está reuniendo con vecinos, asociaciones y agentes afectados para conseguir "una verdadera regulación y no una prohibición de facto" que es lo que a su juicio creó el anterior Gobierno de Manuela Carmena.
