La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) pidió este miércoles al Gobierno "continuar la negociaciones" para solucionar la crisis sociopolítica local, y que fue suspendida por el presidente Daniel Ortega el 19 de julio pasado.
"Exhortamos a las autoridades a continuar las negociaciones", señaló Amcham, en un comunicado en respuesta a críticas emitidas por el presidente nicaragüense el pasado viernes, en contra del sector privado.
Amcham hizo el llamado a negociaciones "para refundar el sistema político y garantizar elecciones libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible".
Las negociaciones anteriores entre la oposición y el Gobierno, celebradas de febrero a abril pasado, tenían como objetivo superar la crisis, que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
La crisis estalló en abril de 2018 cuando una aparente mayoría de nicaragüenses pidió la renuncia de Ortega, por los centenares de civiles muertos en protestas antigubernamentales.
En dichas negociaciones la oposición fue representada principalmente por el sector privado, y el Gobierno se comprometió a liberar a los "presos políticos" y restablecer derechos constitucionales, como la libre reunión, movilización y expresión, así como la libertad de prensa, sin embargo solamente cumplió con dar libertad condicional a 620 manifestantes convictos.
El viernes pasado, en un acto de Estado, Ortega, quien se negó a un diálogo nacional en julio pasado, mantuvo su posición de no aceptar negociaciones para solucionar la crisis, y criticó de forma directa al sector privado.
El presidente cuestionó a los empresarios, por supuestamente pedir exoneraciones y no pagar impuestos para tener "grandes utilidades", y agregó la frase "¡que quiebren!", al referirse a los inversionistas que, según dijo, "quisieron destruir la economía" en 2018.
"Un ataque al sector privado es un ataque a todos (pequeños y grandes)", dijo hoy el presidente de Amcham, Mario Arana. "Aparentemente quiere intimidar al sector privado", agregó.
Un primer diálogo iniciado en mayo de 2018 fracasó dos meses después, cuando Ortega se negó a cumplir con una serie de acuerdos formados entre sus representantes y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Los acuerdos incluían el respeto de la Constitución y de los derechos humanos, el desarme de paramilitares ligados al Gobierno, entre otros.
Al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por la violencia y le señala de cometer crímenes "de lesa humanidad".
Organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 651 víctimas mortales, pero Ortega reconoce 200 y argumenta defenderse de un supuesto intento de "golpe de Estado".
