El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley por el que los afectados por la rebaja de la retribución a las instalaciones renovables la mantendrán durante doce años (hasta 2031) en el 7,39 % si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos.

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha señalado este viernes que los que no se acojan a esa opción tendrán una rentabilidad del 7,09 %, que es la que ahora el Gobierno fija por este real decreto-ley para el periodo 2020-2025, tras el cual se volverá a revisar para las instalaciones que no se acojan a la posibilidad ofrecida por el Gobierno o que no se vieran afectadas por el recorte que aplicó el PP en 2013.

Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que han querido ofrecer una alternativa para las inversiones que se vieron afectadas por esa rebaja de la retribución, que ha indicado que afectó a 64.000 plantas, especialmente en comunidades con gran recurso solar, como Andalucía, Castilla-La Mancha y las del Levante español.

La ministra ha explicado que la mayoría de las reclamaciones por el cambio del marco de inversión fueron interpuestas por inversores internacionales, y actualmente están abiertos 45 procesos que reclaman al Reino de España un montante de casi 10.000 millones de euros.

En diez casos, en los que los inversores reclamaban 1.700 millones, los fallos de los arbitrajes han sido contrarios a España, aunque finalmente sólo le obligan a pagar 821 millones, ya que las cortes y tribunales arbitrales no dieron la razón a los demandantes en su totalidad.

La titular en funciones ha señalado que con este real decreto-ley se pretende recuperar la confianza de "los que se sintieron traicionados", cuando en 2013 se les cambiaron las premisas de rentabilidad y retribución, inversores que habían hecho sus cálculos de inversión asociados a esas premisas.

Ha explicado que la revisión de la retribución a las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos había que hacerla antes del 31 de diciembre de 2019, pues el 1 de enero de 2020 se inicia el nuevo periodo regulatorio, por lo que se ha recurrido a la fórmula del real decreto-ley.

Además, ha señalado que había dudas jurídicas de que si no se revisaba la revisión la rebaja fuera mucho mayor.

Hay que recordar que la fórmula de cálculo que introdujo el PP, era la del bono español a diez años más 300 puntos básicos, lo que podría haber dejado esa rentabilidad razonable para las plantas renovables tres puntos por debajo de la que se va a aplicar.

Ribera ha indicado que esa mayor revisión a la baja que hubieran sufridos los inversiones no era deseable para nadie, ni para el Gobierno, ni para los inversores preexistentes ni para los que en un futuro quisieran invertir en renovables en España.

Ha recordado que el Gobierno ya presentó en diciembre del año pasado un anteproyecto de ley con las mismas medidas que el real decreto-ley que se va a tramitar ahora, pero no pudo ver la luz por la disolución de las Cortes y las sucesivas convocatorias electorales.