La ministra de Transición Energética en funciones, Teresa Ribera, ha dicho que sólo con el concurso del sector financiero será posible construir la nueva realidad verde, por lo que los bancos deben dar las señales "correctas" en relación con el "valor y desvalor" de las inversiones.
El gran riesgo que se cierne sobre este novedoso mundo de las finanzas sostenibles es que se presenten como verdes emisiones que, en realidad, contribuyen a financiar una economía "marrón" y que se conoce con el término inglés "greenwashing", algo así como lavado de imagen verde.
En declaraciones a Efe, la ministra ha explicado que las entidades financieras deben identificar con claridad qué es financiable con los nuevos parámetros de sostenibilidad y qué no lo es.
Ribera ha defendido que cualquier producto novedoso, como las emisiones de deuda verde, tiene que ser sólido y bien fundado si no quiere despertar suspicacias. "No basta con rebajar el listón ni utilizar estos instrumentos para hacer un 'greenwashing' que califique de verde o sostenible cualquier cosa".
Por ello es fundamental, señala, que se activen todas las alarmas y toda la transparencia. "Aprenderemos a hacerlo más y mejor, a endurecer, a sofisticar nuestros criterios, pero de entrada el listón debe estar a un buen nivel", añade.
También la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, admite que existe una "clara tentación" de apuntarse a todo lo que suene como verde, ecológico o sostenible, "en ocasiones por un mero tema de imagen".
Para evitar este tipo de prácticas "espurias" es fundamental contar con información clara y entendible, basada en estándares comunes sobre qué es ecológico y qué no lo es y que se definirá en la taxonomía que está finalizando la Comisión Europea dentro de un Plan de Acción más extenso.
Ese plan para la financiación del desarrollo sostenible publicado por la Comisión Europea en marzo de 2018 se plasmó después en tres reglamentos.
El primero establece la taxonomía, que define estándares sobre bonos verdes, y el segundo -todavía pendiente de publicación- obliga a inversores institucionales y asesores financieros a informar sobre cómo tienen en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG en inglés) en su inversión y en sus consejos.
El tercer reglamento crea dos categorías de índices relacionados con el cambio climático: los de transición climática, que seleccionan compañías con trayectoria de reducción de emisiones de carbono, y los alineados con el Acuerdo de París, que incluyen solamente empresas que contribuyen al logro de limitar a largo plazo el calentamiento global.
Como explica la subgobernadora, el sector privado ha buscado por su cuenta soluciones a la falta de definición actual, como los "Principios de los bonos verdes", unos estándares privados que deben cumplir este tipo de emisiones para etiquetarse como "verdes" y que fueron emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales en 2014.
Destacan también las recomendaciones sobre financiación y cambio climático promovidas por un grupo de trabajo creado a iniciativa del Consejo de Estabilidad Financiera, que ha establecido unos estándares de transparencia e impacto medioambiental voluntarios, pero convertidos en referencia de compromiso con el clima.
La vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez-Pina, cree que para evitar el "greenwashing" es crucial el Plan de Acción y la taxonomía, aunque la responsabilidad fundamental es de las propias empresas, que deben controlar el tipo de emisiones y si se atienen a los criterios ESG.
Las finanzas sostenibles forman parte de las Lineas Estratégicas y el plan de actividades para 2019 y 2020 de la CNMV, cuyo papel es supervisar que la información no financiera que difunden los emisores sobre aspectos ESG sea clara y fiable, ha dicho a Efe.
