El socio auditor de PwC Pedro Barrio, que ha declarado hoy como investigado en la Audiencia Nacional, ha defendido su trabajo en las cuentas del Banco Popular, sobre las que nunca se presentó salvedad alguna sino un párrafo de énfasis en el que advertía de "factores de incertidumbre" en el ejercicio 2016.
En dicha advertencia se explicaba que podrían conducir a provisiones o deterioros significativos durante 2016, es decir se refería a pérdidas incurridas y no estimadas o futuras.
Según han relatado fuentes jurídicas, Barrio ha explicado al titular del juzgado central de instrucción 4 que la responsabilidad del auditor es velar para que las cuentas cumplan con la normativa, pero no formularlas, tarea que recae en el administrador.
El párrafo de énfasis se refería al impacto que la ampliación de capital que el banco llevó a cabo en 2016 podría tener en las cuentas de la entidad.
La legislación, ha explicado Barrio, obliga al auditor a informar a los supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si alguna circunstancia puede afectar al informe de auditoría, y así se hizo.
Posteriormente, la CNMV consideró necesario que el banco publicara, ya en abril de 2017, un hecho relevante en el que indicaba que la reexpresión de sus cuentas de 2016 hizo aflorar pérdidas de 3.611 millones de euros, por un impacto negativo suplementario de 550 millones de euros.
Asimismo ha declarado este martes el representante legal de PwC, que ha defendido los programas de "compliance" o cumplimiento normativo de la firma, muy estrictos y que funcionaron en todo momento.
Mañana miércoles están citados, también como investigados, el ex consejero delegado del Popular Pedro Larena y el exvicepresidente Antonio González-Adalid.
Larena fue el artífice del plan, que nunca se llegó a ejecutar, con el que la entidad pretendía captar unos 3.000 millones de capital poco antes de su resolución por parte del FROB a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR), y su posterior venta al Santander por un euro en junio de 2017.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de ese mismo año, cuando el entonces titular del juzgado Fernando Andreu admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos gestores del banco, incluidos los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, así como sus consejos de administración, el socio auditor y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
