Iberdrola ha reclamado en los tribunales que se anule el acuerdo por el que Siemens Gamesa fijó unos niveles elevados para la aprobación de proyectos y operaciones por parte del Consejo de Administración, lo que permite que sin su autorización el consejero delegado de la compañía adopte decisiones relevantes como el cierre de las instalaciones de la empresa.

El juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha acogido este jueves una nueva vista por la demanda de la eléctrica vasca contra Siemens en relación al fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa, compañía en la que la alemana posee el 59 % de las acciones e Iberdrola el 8 %.

Iberdrola ha impugnado el acuerdo de materias reservadas adoptado en la sesión del Consejo de Administración de Siemens Gamesa del 3 de mayo de 2018, al entender que fija unos umbrales económicos muy elevados para que los proyectos sean llevados al Consejo de Administración, por debajo de los cuales se deja esa responsabilidad en el consejero delegado de la compañía.

La eléctrica vasca ve este acuerdo contrario a la ley, entre otras razones, porque no contempla aspectos cualitativos (como la salida a mercados internacionales, contratos de larga duración...) para determinar si la decisión empresarial a adoptar es estratégica y que en tal caso la adopte el Consejo de Administración.

También cree que infringe el reglamento del Consejo de Administración de Siemens Gamesa, que establece que sus competencias son las que no son de la Junta General, según ha expuesto el representante legal de Iberdrola, que ha indicado que, pese a pedir que se anule el acuerdo citado, la eléctrica quiere que se mantengan los contratos "de buena fe" ya decididos.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el letrado ha explicado que en aplicación del acuerdo impugnado, el consejero delegado de Siemens Gamesa, Marcus Tacke, que ha declarado en la sesión, puede decidir sin autorización del consejo el cierre de instalaciones de la empresa en el País Vasco y Navarra, ya que posee la facultad de hacerlo sobre operaciones que afecten a un porcentaje de empleados de hasta un 5 % del total del grupo (lo que equivaldría a 1.150 trabajadores).

En alusión a los proyectos relevantes considerados por la compañía, la representación de la eléctrica vasca ha preguntado si operaciones anunciadas por Siemens Gamesa en Estados Unidos (EEUU) y Japón se han elevado al Consejo de Administración.

En una declaración en inglés con intérprete, Tacke ha aclarado que esas operaciones aún no han ido al consejo porque no hay todavía contratos vinculantes, sino que se trata de un acuerdo de "proveedor preferente" en el caso de EEUU, aún pendiente de algunas negociaciones, y de un acuerdo con un cliente para trabajar en condiciones de exclusividad en un proyecto off-shore (en el mar) en el caso de Japón.

Ha señalado que, pese a parecer elevados los umbrales económicos de los proyectos a partir de los cuales decide el Consejo de Administración (en proyectos off-shore desde 1.000 millones de euros y en proyectos on-shore o en tierra desde 500 millones), no lo son tanto en el tipo de operaciones en las que trabaja Siemens Gamesa.

Por las cuantías "parece estratégico, pero no lo es. Es el negocio habitual, ordinario" de la empresa, ha sostenido.

Además, Tacke ha asegurado que informa periódicamente al Consejo de Administración de los proyectos relevantes que se acometen. "Hay un flujo continuo de información" al consejo, según ha afirmado, y ha asegurado que cualquier consejero puede pedir que se incluya en el orden del día del consejo cualquier materia.

El consejero delegado ha explicado que cuando accedió al cargo, en mayo de 2017, se hizo una plena delegación de facultades en su persona -con excepción de las que impide la ley- y él promovió la fijación de un umbral para que los asuntos más relevantes se decidan en el consejo, planteando entre siete y diez proyectos a tratar al año.

El abogado de la firma alemana, por su parte, ha señalado que ningún consejero de Siemens Gamesa ha planteado una revisión de esos umbrales, que son "razonables" y se adoptan por una cuestión de operatividad del Consejo de Administración, que, en caso contrario, estaría "colapsado" por el elevado número de asuntos a tratar.

En la sesión también ha comparecido como testigo el consejero independiente de Siemens Gamesa Alberto Alonso, quien votó en contra del acuerdo impugnado al considerar que los consejeros no dispusieron de información suficiente para determinar su alcance y que en el derecho español no era posible delegar por parte del consejo cuestiones de importancia estratégica, algo que es distinto en Alemania, según ha dicho.

También han declarado dos peritos en el juicio, uno de la firma Accuracy, que elaboró un informe en el que asegura que los umbrales económicos incluidos en el acuerdo están por encima de lo considerado razonable y son "significativamente más altos" que los establecidos en el resto de empresas cotizadas.

Su informe ha sido rebatido por el segundo perito, de la firma FTI Consulting, quien ha considerado "erróneo" el análisis de su colega y ha sostenido que no es viable que "el 80 % de las operaciones se lleven al Consejo de Administración" cuando las decisiones empresariales se deben adoptar en cuestión de horas o días.