Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) respaldaron este jueves la apertura de negociaciones de adhesión en el club comunitario con Albania y Macedonia del Norte.

En una declaración conjunta tras la cumbre por videoconferencia celebrada para abordar la urgencia de la pandemia de coronavirus, los líderes de la UE aprobaron la decisión ya tomada esta semana a nivel de ministros comunitarios de iniciar las negociaciones con esos dos países de los Balcanes occidentales.

Los ministros de Asuntos Europeos llegaron el martes a un acuerdo político para ello a través de una reunión telemática, y la decisión fue aprobada formalmente por procedimiento escrito en el Consejo de la UE este miércoles.

En octubre pasado, al menos tres países comunitarios, entre ellos Francia, se negaron a iniciar las negociaciones de acceso con Albania y Macedonia del Norte al considerar que no estaban preparados para ello pese al informe favorable de Bruselas.

A raíz de esas críticas, la Comisión Europea presentó en febrero una metodología más dura para la entrada en la UE, con la posibilidad incluso de reabrir capítulos de las negociaciones de adhesión que ya hayan sido cerrados.

Por otra parte, al margen del coronavirus, los líderes de la UE abordaron otro asunto de política exterior de urgencia: la situación en la frontera entre Grecia y Turquía y la presión migratoria causada por el conflicto sirio.

Los mandatarios comunitarios expresaron su "preocupación" por la situación en esa frontera y transmitieron su "total solidaridad" con Grecia, así como con Bulgaria y Chipre y otros Estados miembros afectados por problemas similares a la hora de gestionar las fronteras exteriores de la Unión.

El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, indicó esta semana con ocasión de una videoconferencia de ministros de Exteriores europeos que la situación en la frontera "ha mejorado".

Borrell tiene encomendada la tarea de analizar con Turquía cómo se está aplicando el acuerdo al que llegó la UE con ese país en 2016 para que mantuviera en su territorio a solicitantes de asilo a cambio de 6.000 millones de euros procedentes de fondos europeos para ayudar a atenderlos, tras las acusaciones de Ankara de que la Unión lo está incumpliendo.