Los cacerolazos han vuelto a la Argentina antes de que terminara de llegar la segunda ola de Covid-19.

El anuncio, el miércoles pasado, por parte del presidente Alberto Fernández de un toque de queda nocturno, la suspensión de actividades sociales, culturales, deportivas y educativas durante 15 días y los controles policiales han generado la reacción ruidosa de algunos sectores de la población.

Quienes más se hacen notar son los padres de niños y adolescentes que pasaron todo un año sin clases presenciales.

Desde que comenzó la pandemia, en Argentina se han registrado más de 59.000 fallecidos en todo el país. De ese total, más de la mitad corresponden a la provincia de Buenos Aires. Sólo en la ciudad, la cifra oficial de muertes por coronavirus roza las 8.000 personas.

La llegada de la segunda ola de contagios, que comenzó a principios de abril, encontró al sistema sanitario trabajando al límite de sus posibilidades, ya que en los últimos meses habían comenzado a atenderse en hospitales, clínicas y otros centros públicos y privados otras patologías que habían sido relegadas por la pandemia.

Tan grave es el panorama que el Ministerio de Salud recomendó reorganizar las cirugías programadas para dar prioridad a las más urgentes y liberar así camas para ingresos por Covid.

Representantes de la salud de distintos sectores públicos y privados publicaron una petición conjunta en la que señalaron que "la ocupación promedio de camas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanza el 69,2 %, cuando hace sólo dos semanas era del 56,5%". Según el comunicado de los centros de atención sanitaria, estas cifras promedio indican que ya hay muchos ambulatorios por encima del 90 % de ocupación. "El acelerado aumento de la demanda ha provocado un incremento exponencial de la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos", dice.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reveló que "de una muestra voluntaria de 53 terapias intensivas públicas y privadas de ciudad de Buenos Aires y zona del Gran Buenos Aires, se observa una altísima tasa de ocupación de camas de terapia intensiva y del uso de ventilación mecánica. Más de la mitad de los pacientes internados son COVID positivos, y este número es aún mayor en centros públicos. Todavía hay posibilidad de expandir camas".

En la. ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, también llamado "conurbano") se debe a que allí habitan unos 15 millones de habitantes, es decir, el 37% de la población total de Argentina. Es una zona de alta densidad demográfica en la que se registró la mayor tasa de contagios y de fallecimientos durante la primera ola de la pandemia.

Si bien desde el año pasado en todo el país se ha aumentado el número de camas hospitalarias y profesionales destinados a cuidados intermedios e intensivos, una distribución desigual de recursos e infraestructura y un sistema de salud que arrastra deficiencias estructurales desde hace décadas genera mucha inquietud ante la cercanía del pico de la segunda ola.

Lo que también arrastra dificultades es el plan de vacunación. Alberto Fernández había prometido en diciembre que entre enero y febrero habría 10 millones de personas vacunadas. Sin embargo, hasta este martes se habían inyectado 6,4 millones de dosis y habían sido completamente inmunizadas unas 800.000 personas, equivalentes al 1,8% de la población.

Rusia tuvo problemas para cumplir con lo pactado y proveer la vacuna Sputnik por la alta demanda. La producción del suero de AstraZeneca, que Argentina había pagado anticipadamente, se complicó por dudas por su relación con casos muy infrecuentes de trombos y problemas de producción en México. Los envíos de dosis de esa misma marca de India se suspendieron por el aumento de la demanda en ese país.

Lo que más dudas genera en la ciudadanía es el frustrado acuerdo con Pfizer. Argentina participó en estudios de fase 3 (la final antes de pedir la autorización de emergencia) con 4.500 voluntarios. Se daba prácticamente por hecho que llegarían vacunas de ese laboratorio, pero el acuerdo se frustró por diferencias que no quedaron claras. La china Sinopharm es la apuesta más reciente del Gobierno para aumentar la inmunización. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, declaró en un acto realizado el 24 de marzo: "Aunque nos guste Nueva York, nosotros sabemos cómo defender los intereses de los argentinos", al congratularse por la compra de vacunas a Rusia y China en vez de las de otros países.

Las vacunaciones sin respetar el turno a familiares, amigos y allegados al poder (nacional, provincial o municipal) mancharon el proceso. Este escándalo no ha sido investigado. El hecho de que uno de los "vacunados vip" sea Carlos Zannini, el procurador del Tesoro de la Nación, que figuró en el plan para vacunarse como "personal de salud", no mejora las expectativas al respecto.

El marco económico no es más alentador que la situación sanitaria. A la alta inflación (4,8% en marzo), el desempleo del 11%, una economía informal de empleados precarios de no menos del 35%, se le suma la persistencia de una recesión que ya dura tres años y que tiene un efecto en los salarios de tal manera que estos terminan perdiendo contra los precios. El clima está marcado por una alta irritabilidad social.

En otras circunstancias históricas, los gobiernos del Partido Justicialista histórico han contado con margen para aplicar medidas impopulares (sobre todo económicas) sin que eso provocara mayores reacciones sociales. "La calle es peronista", se escuchaba. Esta vez algo es diferente.

Quienes salen a manifestar su descontento ahora son, en su mayoría, personas de clase media y alta, crítica con el Gobierno, parte del 41% que obtuvo la oposición en las elecciones de 2019. El rango ideológico de estos manifestantes va de la centroizquierda de la Unión Cívica Radical que en su momento encarnó Raúl Alfonsín, pasando por la centroderecha y derecha de Cambiemos (la alianza que llevó a Mauricio Macri al gobierno en 2015), hasta los extremistas del libre mercado autodenominados "libertarios". Estas marchas podrían ser descritas como "no orgánicas" ya que no son organizadas por ningún partido, aunque sí apoyadas por Cambiemos.

El discurso de Alberto Fernández del miércoles a la noche disparó nuevos episodios de protesta. El presidente enfatizó en varios momentos de su alocución que las decisiones que estaba anunciando las había tomado él solo ("he decidido", "he dispuesto"), dando a entender que en esto no había mediado diálogo con gobernadores como el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (aliado incondicional de Fernández de Kirchner), ni con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (opositor, de Cambiemos). 

Se podría interpretar que, al asumir la exclusiva autoría de las resoluciones tomadas, Alberto Fernández libera a su jefa política y vicepresidenta de cualquier responsabilidad ante un potencial fracaso.

El presidente comentó, también, que la segunda ola era producto en parte de la relajación de la sociedad, inclusive del sistema de salud: "El sistema sanitario también se ha relajado. Abrieron puertas para atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar. Y así en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el Covid", dijo Fernández.

Inmediatamente las redes sociales reflejaron el malestar de profesionales de la sanidad, que con comentarios indignados o irónicos se quejaban del discurso. El presidente declaró después que se había tratado de un mal entendido y de una tergiversación de sus palabras: "Es claro que sectores políticos y medios de comunicación opositores tergiversaron mis palabras tendenciosamente para colocarme a mí en una posición de crítica hacia el personal de salud cuando solo le guardo reconocimiento", añadió.

Los testimonios de médicos, enfermeros y demás trabajadores del sector sanitario revelan las condiciones de exigencia extrema en las que trabajan y los bajísimos salarios que perciben. Un residente de terapia intensiva en un hospital público de la provincia de Buenos Aires cuenta que su salario por hora es de 110 pesos argentinos, es decir, menos de un euro.

En 2020, sobre todo al comienzo de la pandemia, Fernández había presentado las decisiones de imponer y extender la cuarentena en conjunto con esos dos funcionarios. Pero eso fue al comienzo, porque las diferencias con Rodríguez Larreta se fueron ahondando a medida que surgieron protestas ciudadanas que pedían una apertura que permitiera gradualmente retomar ciertas actividades para salir del encierro total que empezó el 20 de marzo y terminó formalmente el 9 de noviembre de ese año. Lo que se reclamaba, concretamente, era poder trabajar.

Los meses de encierro estricto han provocado un fuerte impacto comercial e industrial. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que habían cerrado alrededor de 41.200 firmas pequeñas y medianas y que se perdieron 185.000 empleos por la pandemia y el confinamiento. Además, el 59,4% del total de las empresas ha debido endeudarse para sobrevivir. Es "un sector que representa 70% del empleo formal y algo más del 40% del PBI nacional", dijo su titular, Gerardo Díaz Beltrán.

La provincia de Buenos Aires concentra casi un tercio de la población total del país, 12.454.000 habitantes, de los cuales 6.353.600 (51%) viven por debajo de la línea de pobreza, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Ese porcentaje es considerablemente superior al promedio nacional de pobreza, de 42%. 

Es la provincia más grande del país y, ahora, la más comprometida sanitariamente.

Son muchas las causas que se conjugan para este trágico balance. Desde la alta densidad poblacional en el conurbano bonaerense, la falta de infraestructura, especialmente sanitaria y hospitalaria, hasta, sobre todo, la pobreza estructural que padecen millones de ciudadanos desde hace décadas y que se ha agravado a lo largo de 2020.

El gobernador de Buenos Aires, Alex Kicillof, es el que más ha reclamado el confinamiento nocturno y el cese de las clases presenciales. Respecto de esto último, el gobernador fue receptivo a las presiones de los gremios docentes, muy identificados en su mayoría con su espacio político. Y esa presión se la trasladó al presidente, que ha tomado una posición contradictoria con lo que habían dicho dos ministros clave de su Gobierno.

El mismo miércoles, pero por la mañana, la ministra de Sanidad, Carla Vizzotti, había pedido: "Solo salgamos a trabajar, a llevar los chicos al colegio y hacer actividades indispensables". Con esto había dado a entender que las clases no se suspenderían. En el mismo sentido, o incluso más directamente se había expresado un día antes a través de Twitter su par de Educación, Nicolás Trotta:

Con este tuit, Trotta respondía a la creciente presión de los gremios docentes para suspender completamente las clases y hacía un guiño a los movimientos de padres que claman cada vez más activamente por la normalización de las clases.

El mismo día del discurso presidencial, el Ministerio de Salud había publicado un comunicado en su web oficial en el que informaba los resultados de una reunión con profesionales de referencia en educación y pediatría. "Los especialistas acordaron que la presencialidad en las aulas es segura con la aplicación de protocolos y que las escuelas deben ser sostenidas como espacios priorizados para garantizar los aprendizajes y contener el impacto subjetivo de la pandemia", dice.

Hay que acotar aquí un dato no menor. Los docentes están considerados entre los trabajadores prioritarios a la hora de la vacunación. Más de 420.000 maestros, maestras, profesores y auxiliares de escuelas fueron vacunados en todo el país hasta el 17 de marzo. La provincia que más había vacunado era, precisamente, Buenos Aires, con 203.465 maestros inmunizados hasta la fecha señalada. Se estima que hay 1.458.084 personas que trabajan en escuelas en todo el país. Profesores y auxiliares de grupos de riesgo están dispensados de asistir a sus trabajos mientras dure la pandemia.

Según datos del propio Ministerio de Educación, en las escuelas que desde febrero adoptaron la modalidad presencial, los contagios fueron menos del 1% y no se habían generado en la institución. Los gremios, sin embargo, insisten en que hasta que no estén todos los maestros y profesores vacunados no se debe volver a las aulas. Argumentan que si bien no hubo clases presenciales, las lecciones virtuales conllevan tanto o más trabajo. 

Vista desde el lado de los estudiantes, la situación es bien diferente. La suspensión de las clases profundizó la brecha entre los que más y menos tienen, tal como lo detalla un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). La brecha, además de social y económica, se volvió digital. No fue lo mismo seguir las clases por Zoom en un hogar con una computadora por hijo que en otro donde cinco escolares deben compartir un único teléfono celular sin buena conexión de wifi.

En Argentina, hay un total de 10.150.066 alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria, según datos del Ministerio de Educación de la Nación del año 2019. Según Cippec, de ese total, el 53% son pobres. Además un 5,8% de los menores de 18 años vive en hogares hacinados y sólo 56,1% de las viviendas tiene Internet. La desigualdad estructural y de base se potenció con la pandemia, estima esa ONG.