Las manifestaciones de protesta que estallaron este domingo contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, y el Congreso peruano alcanzaron un máximo nivel de violencia este lunes con siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima. Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, en los departamentos de Apurímac y Arequipa. El Gobierno decretó el lunes el estado de emergencia en varias provincias de Apurímac, en las que están suspendidos los derechos a libertad de tránsito o la inviolabilidad de domicilio, entre otros.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, ha confirmado que ha aumentado a siete la cifra de fallecidos en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo después de anunciar su intención de imponer un Gobierno de excepción. La nueva presidenta ha dicho que propondrá al Congreso adelantar las elecciones generales a abril de 2024.

Dos de las personas fallecidas son menores de edad y todos son por proyectiles de armas de fuego. La Dirección Regional de Salud de Apurímac detalló en un comunicado que un adolescente de 16 años con las iniciales R.P.M.L. falleció el mediodía de este lunes al presentar una herida de bala tras una protesta en Chincheros, en el departamento de Apurímac. Durante la tarde, confirmó que se habían muerto otros dos jóvenes de 18 años, Jonathan Encino Arias y Wilfredo Lizarme.

A estas tres víctimas notificadas en las últimas horas se suma otro joven fallecido esta mañana en Chincheros, otro varón muerto en protestas en la segunda ciudad más grande del país, Arequipa, y a los dos fallecidos en la tarde de este domingo en Andahuaylas.

"Estamos pidiendo la investigación de estos casos, que, de verdad, son muertes inútiles, porque si se tomaran decisiones oportunas esta situación no debía pasar", ha dicho la defensora del Pueblo al añadir que se necesita una solución política.

A raíz de la convulsión social, el Gobierno decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte.

Durante 60 días quedará suspendido en Apurimac los derechos constitucionales relativos a "la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.

Debido al enfrentamiento con los manifestantes, un total de 119 policías peruanos han resultado heridos, algunos de gravedad por golpes, según la información aportada por el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Oscar Arriola.

Los efectivos policiales fueron atacados con artefactos pirotécnicos y con un "queso", nombre con el que se le conoce a un explosivo de fabricación casera que contiene dinamita y perdigones, detallaron en un comunicado en el que agregaron que dos se encuentran con "pronóstico reservado" y tres con heridas múltiples

Durante esta jornada, las protestas también se sintieron en Lima, donde grupos de manifestantes atacaron la sede del Ministerio Público, así como los locales del canal América Televisión y de Panamericana Televisión, además de un vehículo de la emisora de radio Exitosa.

En el primer caso, los manifestantes atacaron con piedras y objetos contundentes la sede de América Televisión y Canal N en la céntrica urbanización limeña de Santa Beatriz, dañando ventanas y parte de la infraestructura del edificio.

En otro punto cercano de la ciudad, atacaron la sede de Panamericana Televisión, ante lo que muchos trabajadores del medio corrieron a protegerse.

Este lunes, la fiscalía general de Perú ha presentado una denuncia constitucional contra Castillo y tres de sus ministros por la presunta comisión de delitos de rebelión y conspiración. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, también ha acusado al exmandatario, que permanece detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública.