Tres días después de que la Corte Penal Internacional emitiera su orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, defendió este lunes la decisión ante "acciones consideradas criminales desde Núremberg" y pidió "fortaleza" a los países que apoyan al tribunal y tienen la responsabilidad última de cumplir sus dictámenes. Los investigadores de la corte llevan meses trabajando sobre el terreno y, según la ONU, ya hay pruebas documentales de asesinatos, violaciones, saqueos, secuestros de niños y deportaciones forzosas a manos de los soldados de Rusia.

Khan participó en una conferencia de ministros de Justicia celebrada en Londres organizada por Reino Unido y Países Bajos y que ha reunido a 40 países de todo el mundo. La reunión buscaba más financiación y apoyo logístico para que el tribunal pueda hacer su trabajo en línea con las peticiones de los últimos meses. La corte tiene un presupuesto de 169 millones de euros para 2023, aunque el año pasado pidió un aumento para llegar hasta 175 millones. Los anfitriones, Reino Unido y Países Bajos, se comprometieron a aportar un millón de euros extra cada uno, pero no está claro que el tribunal logre el presupuesto solicitado pese a la situación extraordinaria por la invasión de Ucrania y el despliegue de un equipo de 40 personas allí.

"Este es un momento de crisis... Necesitamos fortaleza para hacer justicia", dijo Khan, que se refirió a los crímenes de guerra que varios grupos de forenses y otros expertos del tribunal investigan desde la exhumación de las fosas de Bucha, una de las primeras masacres a manos de los soldados rusos documentadas el año pasado. “Nos oponemos a acciones que han sido consideradas criminales desde Núremberg", dijo en referencia a los juicios contra dirigentes nazis que se celebraron en esa ciudad de Alemania entre 1945 y 1946. "Mostramos a aquellos que lo necesitan que la ley les da cobijo incluso cuando el suyo está destruido por bombas que han causado enorme devastación”.

El viernes, el tribunal emitió una orden de arresto internacional contra Putin y su consejera para la infancia, Maria Lvova-Belova, por la deportación forzosa de menores de Ucrania a Rusia, uno de los aspectos que han investigado los fiscales internacionales.

"Este es un momento en el que nos tenemos que dar cuenta de que si no nos agarramos a la ley, no tendremos nada a lo que agarrarnos en el futuro", dijo Khan, que imploró a Putin que devuelva a los niños ucranianos enviados a Rusia de manera forzosa, según han documentado los investigadores del tribunal, de la ONU y de organizaciones internacionales de derechos humanos. “A cualquiera que diga que esto se trata de una evacuación humanitaria, la evidencia le contará una historia diferente, y así lo han dicho los jueces”, dijo el fiscal, que subrayó que la orden viene tras una "investigación apolítica basada en los hechos".

También habló del peso que siente el propio tribunal: “No es momento de darse palmaditas en la espalda. Es muy triste y sombrío que por primera vez jueces de la Corte Penal Internacional hayan sentido que es necesario emitir una orden contra un líder y los representantes gubernamentales de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”. Rusia ha respondido abriendo una investigación "criminal" contra los jueces y el fiscal del tribunal internacional y el ex presidente Dmitri Medvedev ha amenazado con bombardear la corte en La Haya.

El tribunal, con un equipo de 900 juristas y otro personal, no tiene ni policía ni otras fuerzas para hacer cumplir la orden de detención de Putin, que depende ahora de la entrega por parte del país afectado -como hizo Serbia con sus líderes acusados de crímenes de guerra- o de la detención en territorio de otros países que aceptan la jurisdicción del tribunal. La corte ha logrado detener así a 21 personas entre los 31 casos que ha tratado desde su creación en 2002, la mayoría por crímenes de guerra en República Democrática del Congo, Uganda, Mali y Sudán, a menudo por iniciativa de los gobiernos de estos países. Más allá de quién ha firmado la creación de la Corte, la cuestión es si un país acepta o no la jurisdicción del tribunal. La Corte Penal Internacional también tiene una investigación abierta sobre Palestina y dice que tiene jurisdicción en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este porque los palestinos la aceptaron a través de la ONU (Israel firmó, pero no ratificó la creación del tribunal).

Putin está invitado a una cumbre de países emergentes en agosto en Sudáfrica y el Gobierno de este país, que es parte del tribunal, ya ha dicho que es “consciente” de sus “obligaciones legales”. Sin embargo, Sudáfrica no arrestó al presidente sudanés, Omar al-Bashir, cuando visitó el país en 2015 pese a la orden de detención de la corte. Los jueces del tribunal decidieron entonces no emitir una reprobación contra Sudáfrica por no cooperar.

La corte es el primer tribunal internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, según el estatuto de Roma aceptado por 123 países entre los que no se encuentran ni Rusia ni Estados Unidos (Ucrania no lo ha ratificado, pero lo ha firmado y acepta la jurisdicción del tribunal en su territorio desde 2013).

El tribunal se está ocupando de los crímenes en Ucrania como parte de su mandato y su toma de decisiones es independiente después de que países miembros denuncien casos y sin perjuicio de lo que puedan hacer los tribunales nacionales. Sin embargo, todavía existe un debate sobre la conveniencia de crear un tribunal ad hoc para investigar y juzgar los crímenes cometidos en Ucrania, como en el caso de la antigua Yugoslavia y como defienden algunos líderes europeos.