Los portavoces de la misión que la Eurocámara ha enviado a España en el marco de la comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus han cuestionado la respuesta que dio el Gobierno al escándalo del Catalangate que apuntó a que el teléfono móvil de 65 personas vinculadas con el independentismo fue infectado con ese sistema de vigilancia que solo pueden adquirir gobiernos. Aunque han dado la bienvenida a los cambios legislativos planteados -la reforma de la ley de secretos oficiales y de regulación del CNI (que Defensa aún no ha presentado)-, han mostrado dudas sobre esa reacción y el relevo de la entonces directora de los servicios secretos si, como sostiene el Ejecutivo, todo se había hecho de forma legítima.
"Sigue siendo una pregunta por qué se llevaron a cabo los cambios en la ley y el reemplazo del presidente del CNI si las acciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado fueron realmente legítimas", ha expresado en una rueda de prensa el presidente de la comisión, Jeroen Lenaers (del PPE), que ha aprovechado para lanzar una pulla al Ejecutivo, que le ha dado un perfil muy bajo a la visita y ha dejado en manos del secretario de Estado de Asuntos Europeos las explicaciones. "Hubiera sido útil escuchar más sobre esto y aclarar estas preguntas con el ministro Bolaños", ha señalado.
Tanto Lenaers como la ponente del informe de conclusiones, la holandesa Sophie In ‘t Veld (Renew), han recordado que España sólo ha reconocido el espionaje con autorización judicial a 18 de los investigados. "Necesitamos claridad de las autoridades", ha dicho la eurodiputada liberal, que ha recordado que la evaluación del Defensor del Pueblo se limitó a la "legalidad procesal" y no "la proporcionalidad". Por eso el departamento que pilota Ángel Gabilondo concluyó que las 18 reconocidas por el CNI fueron acordes a la ley. "Para 47 casos no hay explicación alguna, dejando a las víctimas sin ningún recurso", ha concluido In ‘t Veld, que ha recomendado a las autoridades españolas que" inviten a Europol a ayudar en el examen forense de los dispositivos".
"Aunque el espionaje puede ser legal en circunstancias bien definidas, los afectados tienen que tener derecho a recursos legales. Basándonos en las afirmaciones proporcionadas por las supuestas víctimas, tenemos la impresión de que esto no ha sido siempre el caso, dado que los procesos judiciales se han prolongado durante mucho tiempo sin acción y las personas sentían que sus preocupaciones no habían sido investigadas imparcial y neutralmente", ha dicho el eurodiputado del PP europeo: "Instamos a las autoridades a que cooperen con los tribunales para permitir la máxima transparencia y generar confianza en el sistema legal".
Por su parte, In ‘t Veld ha recordado que el espionaje se puede utilizar "solo en casos donde hay una clara evidencia de daño para la seguridad nacional" y ha cuestionado que se investigara a los líderes independentistas sin que después haya habido "casos penales". También Los Verdes -el grupo del que forma parte ERC- ha lamentado la falta de transparencia del Gobierno.
Por parte de los socialistas y demócratas, el eurodiputado del PSOE Iban García del Blanco asegura que el Gobierno se ha comprometido a "seguir las recomendaciones finales que resulten de la comisión Pegasus". Además, sostiene que ha dado información sobre los 18 casos en los que estuvo involucrado el CNI. "En cuanto al resto de casos reclamados, esperamos que los tribunales esclarezcan lo antes posible si se produjeron y cuál pudo ser su origen", apostilla.
Además de reunirse con diputados del Parlament y representantes de la sociedad civil, los eurodiputados que integraban la misión han recibido en la sede del Parlamento Europeo en Madrid al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que fue uno de los líderes independentistas cuyo teléfono fue infectado con el software israelí. "El Estado español ha desamparado a las victimas del espionaje, cómo no se han asumido responsabilidades y cómo quedan muchas preguntas por responder", ha dicho antes de entrar.
A Aragonès le ha contestado el exministro Juan Ignacio Zoido, que formaba parte de la misión, justificando el espionaje por los presuntos vínculos del independentismo con Rusia y por las investigaciones sobre los Comités de Defensa de la República (CDR), informa Europa Press.
La otra pata de la misión era recopilar información sobre el espionaje a Pedro Sánchez y varios miembros del Gobierno, entre ellos Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Aunque el presidente de la Comisión se ha mostrado comprensivo por el perfil bajo del Ejecutivo con la misión -dado que el lunes era festivo y que el martes comenzaba el debate de la moción de censura en la que Vox ha presentado a Ramón Tamames- ha admitido que les hubiera gustado ser recibidos o bien por los ministros que llevan estos asunto o los que fueron víctimas. En todo caso, ha dicho que el secretario de Estado es "mejor que nada" y ha recordado que en Hungría y Polonia las autoridades rechazaron reunirse con los eurodiputados.
Lo que han concluido los eurodiputados es que es "plausible" que detrás de la infección de los teléfonos de los miembros del Gobierno estuviera Marruecos. De hecho, Lenaers ha asegurado que algunas de las autoridades con las que se han reunido mostraron "temor" a que pudiera haber represalias si se señala directamente al régimen alauita.
Tanto Lenaers como In ‘t Veld han asegurado que el viaje a Madrid ha sido útil de cara a la elaboración de las conclusiones del informe de la comisión Pegasus, que se enfrenta a más de un millar de enmiendas. PSOE y PP esperan rebajar las ideas iniciales de la ponente holandesa, que señalaba al Gobierno en el espionaje al independentismo.
