Esta nueva causa de la Justicia de EEUU se apoya sobre una disposición de la Constitución que apunta que los jefes de departamento del Gobierno deben ser confirmados por el Senado, cosa que no ha ocurrido con Elon Musk
Claves - ¿Qué es el DOGE a las órdenes de Musk y quiénes trabajan para él?
Una jueza federal ha ordenado que Elon Musk y su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) presenten una serie de registros que detallen las medidas que están llevando a cabo para recortar severamente programas y gasto gubernamental en Estados Unidos.
Según informa The Guardian, la jueza Tanya Chutkan obliga a Musk a emitir esta documentación en relación con las actividades del DOGE como respuesta a una demanda de 14 fiscales que sostienen que Musk viola la Constitución estadounidense al acaparar poderes que solo pueden tener funcionarios cuyo nombramiento haya sido confirmado por el Senado.
En un documento de 14 páginas, la magistrada explica que permite a los fiscales acceder a estos documentos para entender hasta qué punto llega la autoridad de Elon Musk, lo cual aclararía si ha actuado de forma inconstitucional, y si deberían frenarse las actividades del DOGE.
La jueza apunta que también podría requerirse la identidad de los trabajadores del DOGE para conocer la magnitud de las operaciones de este departamento.
Hasta ahora, la Casa Blanca ha señalado que Musk es un “empleado especial del Gobierno”, lo cual, sostiene, le exime de tener que presentar su declaración financiera.
Esta nueva causa que abre la Justicia se apoya sobre una disposición de la Constitución que apunta que los funcionarios del Gobierno de EEUU que actúen como jefes de departamento son “funcionarios principales”, que solo pueden trabajar con esa autoridad si han sido nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
Musk no ha sido confirmado por el Senado, pero sí ha ordenado duros recortes de financiación en agencias y programas federales como responsable del DOGE.
La Casa Blanca argumenta que Musk es un “asesor senior” del presidente, y que por ello se beneficia de protección ejecutiva. No obstante, la jueza apunta ahora que el hecho de requerirle documentos y escritos no interfiere con esa protección.
La decisión de la jueza Tanya Chutkan llega después de que medios como The New York Times desvelen errores de bulto en la información proporcionada por el DOGE sobre el “ahorro” en las arcas públicas que supuestamente están propiciando sus recortes. Entre los ‘gazapos’ detectados: confundir “billion” (mil millones) por “million” (millón), contar tres veces el ahorro de la cancelación de un solo contrato, y sacar pecho de recortes que ya había hecho la Administración de Joe Biden o incluso el Gobierno de George Bush.
En lugar de explicar estos fallos, el DOGE se ha limitado a borrar esas publicaciones, y posteriormente a dificultar el acceso público a este tipo de datos.
Según publica The Times este jueves, el departamento de Musk ha dejado de publicar detalles sobre los supuestos recortes de manera que impide su verificación. El DOGE también ha eliminado identificadores de código que sí publicaba antes, aunque The Times ya tenía descargados estos datos, y vuelve a mostrar que muchos de los cálculos que ofrece el departamento de Musk siguen siendo erróneos.