Los representantes de unas 30 organizaciones de derechos humanos señalaron este miércoles que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue sin apoyar a las víctimas de la guerra civil (1980-1992) al no ordenar la entrega de los archivos militares.
"Hasta el momento no hemos tenido acceso (a los archivos) a pesar de que hemos solicitado reiteradamente un conjunto de información sobre los diferentes casos", sostuvo el presidente de la Fundación Comunicándonos, Óscar Pérez.
El 24 de julio pasado, los activistas entregaron en la sede del Gobierno una carta en la que llamaban a Bukele a ordenar "que se pongan a disposición de las autoridades" judiciales los "archivos militares de relevancia para el esclarecimiento de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad".
El viceministro de la Defensa, el coronel Ennio Rivera, dijo a Efe el pasado 16 de agosto que Bukele no ha dado la orden.
David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), recalcó la petición al presidente y aseguró que el acceso a los documentos no depende de su existencia, sino de una "decisión política" del Ejecutivo.
"Ponga a disposición de la Fiscalía, del Órgano Judicial, de las víctimas y de los organismos de derechos humanos la información", demandó Ortiz.
Apuntó que la entrega de los documentos es un "paso determinante", si Bukele pretende ayudar a las víctimas de los crímenes de guerra.
Por otra parte, añadió que "los pocos actos de reparación que se estaban realizando" a favor de las víctimas "han quedado en el limbo" con la llegada de Bukele al poder el 1 de junio pasado.
La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2016 permitió la reapertura de varios procesos penales por violaciones a derechos humanos perpetradas en la guerra civil.
Entre estos casos se encuentran el homicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989).
Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.
