Un grupo de víctimas de la guerra de El Salvador (1980-1992) volvieron este jueves a la Asamblea Legislativa para pronunciarse en contra de una posible nueva amnistía bajo el nombre de ley de reconciliación, cuyo análisis está estancado.
Los manifestantes, en su mayoría madres de desaparecidos y asesinados durante el conflicto armando, realizaron un segundo plantón en la sede del Legislativo, donde se lleva a cabo la sesión plenaria correspondiente a esta semana.
José Lazo, miembro del Grupo Gestor para una Ley de Reparación Integral de Víctimas de la Guerra, señaló a Efe que las víctimas "no se cansarán de pedir que se haga justicia y que se les diga la verdad, por eso van a estar aquí (en la Asamblea Legislativa) todos los días que se convoque a sesión plenaria".
Lazo lamentó que en un principio se le haya negado la entrada al Congreso al grupo de víctimas y denunció que "este acto es parte de las acciones que un Estado opresor hace con sus ciudadanos, es especial con aquellos que claman por justicia".
"El desprecio con el que este Estado trata a las víctimas de la guerra es inmoral (...) el Estado y sus diferentes órganos deben atender las demandas de las víctimas y no desatender la sentencia del más alto tribunal (del país), la Sala de lo Constitucional", manifestó.
El 13 de julio de 2016, el Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser "contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas".
El Supremo ordenó a los diputados del Congreso, en el fallo que anuló la amnistía, crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.
El 23 de mayo pasado, los diputados frenaron la aprobación de una polémica propuesta de ley de "reconciliación nacional" para escuchar a las víctimas tras recibir críticas de diversos sectores, incluida la ONU.
El miércoles, una treintena de organizaciones sociales de El Salvador se han declaro en "alerta" por la presentación y discusión en el Congreso de una nueva propuesta de ley que busca amnistiar los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante la guerra.
De acuerdo con los activistas, el diputado Roberto Angulo, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), presentó la referida propuesta el pasado 14 de octubre.
Angulo es considerado el principal promotor de una ley de amnistía aprobada en 1993 que impidió investigar y juzgar a los militares y guerrilleros vinculados con crímenes de guerra.
La Justicia del país centroamericano únicamente pudo reabrir casos, como el magnicidio de san Óscar Romero (1980) y la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), tras la anulación de la amnistía por el fallo de la Sala de lo Constitucional.
