Una corte de instrucción de El Salvador escuchará el viernes a tres testigos de la desaparición de dos niñas en el marco del operativo que derivó en la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981), informaron este jueves a Efe fuentes cercanas al proceso penal.

Se trata de las hermanitas Ana Julia (14) y Carmelina Mejía (7) Ramírez, quienes supuestamente fueron secuestradas por elementos del Batallón Atlacatl durante la matanza que fue perpetrada en diciembre de 1981 en plena guerra civil.

Una portavoz de la organización Pro-Búsqueda, que se dedica a localizar niños desaparecidos durante la guerra civil y reunirlos con sus familias, confirmó a Efe que la audiencia se realizará en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera (noreste).

Se espera que durante la diligencia declaren dos familiares directas de las niñas, por cuya desaparición fue condenado el Estado salvadoreño en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), proceso impulsado por la referida organización humanitaria.

La CorteIDH ordenó en su fallo la búsqueda de las menores de edad, investigar el crimen, juzgar a los responsables y establecer medidas de reparación para sus familiares.

En julio de 2019, el juzgado de San Francisco Gotera acumuló este proceso a la causa penal que enfrentan 16 mandos militares retirados por la masacre de El Mozote por diversos delitos de lesa humanidad.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón de elite Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de julio de 2016 permitió reabrir 17 procesos por crímenes de guerra, incluidos los de la masacre de El Mozote y del asesinato de san Óscar Arnulfo Romero (1980).