El decreto aprobado por el Gobierno para aliviar a los inquilinos económicamente más vulnerables afectados por la crisis del coronavirus aboga en primer lugar por los acuerdos entre arrendadores e inquilinos. En caso de que no se consigan, establece una serie de obligaciones en el caso de los grandes propietarios, considerados como tales quienes posean más de diez inmuebles (excluidos garajes y trasteros).

Resumidamente, este tipo de propietarios deben o bien rebajar un 50% el precio del alquiler durante cuatro meses, o bien dejar de cobrarlo y que el inquilino lo devuelva a plazos en los dos/tres años siguientes, sin intereses. Si los inquilinos no pueden afrontar este pago podrán acogerse a las líneas de crédito del ICO que se han abierto para este fin, y a las que también tienen que acudir quienes vivan de alquiler en pisos de pequeños propietarios, en caso de necesidad.

El texto del Gobierno equipara el tratamiento a grandes fondos de inversión y a los gestores públicos de vivienda, lo que ha generado malestar en este sector que normalmente actúa en el ámbito municipal y autonómico y que gestiona un parque de 300.000 viviendas asequibles. 

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explican a este respecto que el Gobierno "ha dado una respuesta urgente a un problema perentorio, y lo ha hecho tratando de ser ecuánime y valorando todas las circunstancias. A los grandes tenedores se les ha pedido el esfuerzo de acuerdo con su capacidad financiera; a las administraciones públicas también".

"No somos un fondo oportunista, no tenemos 20.000 millones para invertir en todo el planeta. Nosotros recibimos suelos municipales y nos subvencionamos en el mercado para construir vivienda protegida y ponerla en alquiler, con un margen muy estrecho", responde un gestor municipal de vivienda pública.

Por su parte, fuentes de Blackstone (que controla 30.000 viviendas en España a través de distintas socimis) aseguran a eldiario.es que no están aplicando una respuesta común: "estudiamos caso a caso para dar respuesta a nuestros inquilinos afectados. Llevamos años tratando casos de dificultad de pago aplicando planes de pago adaptados a cada caso", aseguran.

Buena parte de las 130 empresas y organismos públicos que pertenecen a la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) se han anticipado a las medidas adoptadas por el Gobierno. Una semana después de que se decretara el estado de alarma, entes municipales, provinciales y de comunidades autónomas adoptaron medidas que casi siempre son más favorables a los inquilinos de lo que les obliga el Gobierno.

Por eso no entienden que les metan en el mismo saco, ni siquiera por una cuestión "estética", pero también porque hubieran esperado algo más de ayuda por parte del Ejecutivo, señalan distintos gestores públicos consultados por este periódico. Aseguran que en el sector hay "preocupación" porque la ley de estabilidad presupuestaria vigente les obligaría a cerrar en caso de más de dos años seguidos de pérdidas, y esto es una posibilidad como consecuencia de su escaso margen y de la actual aplicación de planes de contingencia. 

"No puede ser que nos pidan que hagamos alquiler social con pocos fondos, que aplacemos el cobro de alquileres, que aguantemos las tensiones tesorería, no incurramos en pérdidas y no tengamos problemas legales", afirman las fuentes consultadas, que prefieren mantener el anonimato. 

Entre las medidas que ya habían puesto en marcha estos organismos públicos destacan iniciativas como las reducciones significativas de rentas a colectivos vulnerables; la suspensión del cobro de las cuotas de viviendas y locales comerciales durante cuatro meses, la rebaja o la suspensión del pago de la renta hasta el fin del periodo de alarma y su devolución en amplios plazos, y por último prórrogas de bonificaciones de alquiler de vivienda pública a inquilinos. En otros territorios la renta de sus inquilinos se fija en función de los ingresos familiares, señala la AVS.

Como explica Javier Burón, gerente de Vivienda de Barcelona, "en realidad, cuando salió el decreto las sociedades municipales ya se habían adelantado. A casi ninguna empresa publica nos ha supuesto un problema lo que nos pide el Gobierno porque ya habíamos tomado medidas más potentes". En su caso, han aplazado automáticamente a sus 12.000 inquilinos el pago de la renta hasta agosto y les dan tres años para devolverlo. El precio medio de los alquileres son 200 euros. Para quien haya sufrido una caída de ingresos que le impida hacer frente a la devolución podrá pedir una ayuda al instituto municipal para que cubra parte de esos gastos.

En el caso de Sevilla, la empresa municipal de vivienda pública Emvisesa tiene a 2.798 familias inquilinas, de las cuales mil reciben ayudas del área de Bienestar Social. En el resto de los casos, para quienes acrediten problemas económicos derivados de la pandemia (por ejemplo haber entrado en ERTE o haber sido despedido) se les reducirá el alquiler hasta una cantidad que se considere que pueden pagar, tras un estudio personalizado, explica el director gerente, Felipe Castro. También pueden optar al protocolo del decreto estatal, pero la mayoría de las solicitudes que han llegado hasta ahora (67 frente a 5) son para entrar en el protocolo de Emvisesa.

Otras empresas públicas de vivienda, como la de Bilbao, han decidido continuar con el cobro de la renta de de forma habitual, aunque se exonerará, previa revisión, la deuda de las personas arrendatarias de vivienda municipal que devuelvan los recibos por imposibilidad de pago a consecuencia de la esta crisis. 

Respecto a los locales de uso comercial, de propiedad municipal, mientras se mantenga la orden de cierre que las autoridades han dictaminado para los establecimientos comerciales, se suspende el pago de la renta de estos locales.

Por su parte, el ayuntamiento de Ada Colau pidió al Gobierno que los créditos ICO al cero por ciento que se han abierto para que los inquilinos con escasez de recursos puedan afrontar el pago de sus rentas se diera, al menos en el caso de los gestores públicos, a estas entidades. 

Para el presidente de la AVS, Jerónimo Saavedra, las medidas para aliviar económicamente a los alquilados en esta crisis deben adaptarse a diferentes realidades, tanto desde un punto de vista territorial como del perfil de inquilinos que se atienden. Por ello, afirma, "no pueden ser ni homogéneas ni de carácter lineal, sino que deben adaptarse a las distintas realidades y necesidades de cada uno de ellos y de los variados regímenes jurídicos específicos que le son aplicables".