Juristas y expertos han defendido este martes rebajas en la cuota del alquiler o mediación antes que moratorias en el pago, opción escogida por el Gobierno para hacer frente a la paralización de la actividad derivada de la pandemia de coronavirus.
En el Congreso Inmobiliario en línea organizado por la editorial de información jurídica Lefebvre, varios de los ponentes se han referido a la moratoria de alquileres de locales comerciales aprobada por el Gobierno mediante un real decreto, dentro de la serie de medidas extraordinarias para hacer frente al COVID-19.
La norma especifica que, previa solicitud del arrendatario, podrá aplicarse una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, que el arrendador podrá aceptar o no, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
Natalia Hermoso de Mena, letrada de la administración de Justicia, no cree que la moratoria sea la solución, ya que los problemas "vendrán después, se verá en juicios de desahucios y en procesos declarativos, incluso en los de ejecución".
Muchos negocios se van a ver afectados, ha añadido la letrada, pero no sólo pequeños comercios, también grandes actividades comerciales, como franquicias o cadenas.
En su opinión, la solución estaría en acuerdos o mediación "o que el legislador diera pautas, sin ellas los problemas procesales van a ser innumerables e inmensos".
La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid Matilde Cuena Casas, por su parte, ha defendido la rebaja de la renta, porque "negociar se puede negociar siempre, no hace falta que lo diga la ley, y la moratoria no es obligatoria".
Con una moratoria, ni el propietario se asegura cobrar ni el inquilino se asegura poder reanudar su negocio.
Caso distinto sería si se penalizara de algún modo negarse a negociar, pero la ley no contempla esa posibilidad.
Para la profesora el decreto permite que un hecho fortuito, algo ocurrido con posterioridad, en este caso la paralización de la actividad a causa de la pandemia, se cargue al arrendador, un error porque se trata de algo inherente "al riesgo de un negocio", los hechos sobrevenidos.
El decreto deja la puerta abierta a los procesos judiciales, asegura Matilde Cuena, y no incentiva la negociación "en el 98 % de los casos, ya que esa es la proporción de pequeños propietarios.
