"La traslación de la disminución de precios, desde el punto de vista de la cadena alimentaria, está mostrando claramente que es más lenta de lo que sin duda se desearía". El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconocía así el jueves que los precios de los alimentos están aún lejos de reflejar el ansiado respiro, tres meses después de que el Gobierno pusiese en marcha la rebaja del IVA de algunos productos básicos.

Lo asume el Gobierno y lo constata el Banco de España, que prevé que la inflación de los alimentos se sitúe este año en el 12,2%, cuando a finales de 2022 hablaba del 7,8%.

Este próximo jueves 30 de marzo se conocerá el dato de inflación adelantado de este mes. Un día antes, volverá a reunirse el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Del anterior encuentro no salieron nuevas medidas para abaratar la cesta de la compra. A la espera de ambas citas, sigue el debate de qué más se puede hacer para conseguir que sea menos doloroso llenar la despensa.

La búsqueda de alternativas para moderar el precio de los alimentos está desarrollándose en toda Europa pero, de momento, es Francia la que ha llegado a un acuerdo con la gran distribución para abaratar una cesta de productos que las empresas eligen. De hecho, no todas las cadenas van a entrar en esta iniciativa. No es la única opción. Junto a esta existen otras propuestas, como intervenir los precios de forma directa o dar más transparencia a los precios y márgenes. También, ampliar las ayudas directas para que ir al supermercado o a la tienda de alimentación del barrio sea más económico para las familias más vulnerables. Ante este abanico de opciones, elDiario.es ha hablado con expertos para ver cuáles serían las medidas más efectivas.

Lo que se decidió hace unas semanas en Francia es que las grandes empresas de distribución, de forma voluntaria, bajen los precios de productos esenciales -sobre todo, los de marca blanca- y que los identifiquen con una etiqueta con el lema 'trimestre antiinflación' para que los consumidores sepan cuáles son las opciones más económicas al hacer la compra. 

"Cada distribuidor hará los esfuerzos que quiera sobre un número determinado de productos que él mismo definirá", recalcó el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. "Yo creo en la libertad de comercio, no vamos a fijar precios… No fijamos precios administrativamente, simplemente nos aseguraremos de que se respeten los compromisos asumidos por los distribuidores", recalcó en una comparecencia ante los medios. De momento, esa rebaja de precios se mantendrá hasta junio. 

En España, las grandes cadenas francesas, como Carrefour y Alcampo, no han trasladado esta medida. En cambio, sí lo ha hecho Eroski que es especialmente fuerte, en cuota de mercado, en Euskadi y Navarra. 

Esta cadena ha cambiado el paso de la distribución al lanzar una cesta con un millar de productos de alimentación, cuidado personal y limpieza, de marca propia y del fabricante, a precios, asegura, más competitivos. "Más de la mitad de los productos que componen esta cesta no superan los 2 euros y 200 de ellos no superan el precio de un euro", asegura. Una estrategia que le va a suponer uno coste de 100 millones de euros, porque verá reducidos sus márgenes.

Este tipo de propuestas tienen resultados, según los expertos consultados. "Es efectivo y fácil de llevar a la práctica", asegura Víctor J. Martín Cerdeño, profesor de Economía de la Universidad Complutense. "Siempre que esa cesta sea decidida voluntariamente", por las empresas, añade. 

Esta contención de precios "la pueden hacer" las cadenas de distribución "y no supondría ningún problema", apunta Xulia González, doctora en Economía de la Universidad de Vigo. "Pueden elegir los productos que quieran, para bajar sus precios; pero también pueden bajar la calidad o trasladar una subida de precios a otros productos", advierte. Y hay que tener en cuenta, que "se dejaría fuera a la población que no compra en las grandes cadenas y se beneficiaría a las poblaciones urbanas", matiza.

Junto a esas cestas asequibles, la otra opción más efectiva sería ampliar las ayudas directas para las familias vulnerables. En diciembre, en paralelo a la rebaja del IVA, el Ejecutivo de coalición dio luz verde a un cheque, de pago único, de 200 euros. Lo pueden solicitar -hasta el 31 de marzo- las familias que tengan una renta anual inferior a 27.000 euros y un patrimonio por debajo de los 75.000 euros. 

Este tipo de ayudas, si se enfocan en el gasto de alimentación, serían la opción preferible para paliar el efecto de la inflación en los hogares de menores ingresos. "Es la solución más efectiva, una transferencia de rentas para las familias más vulnerables", recalca Xulia González. "Pero las tienes que tener identificadas y eso es complicado porque Hacienda no las tiene controladas" dado que no tienen que hacer la declaración cuando la renta anual no supera los 22.000 euros. Una situación que pone en evidencia los agujeros en el estado de bienestar que también se ha visto en la percepción del bono social, por ser familias numerosas, de políticos con rentas altas. 

La misma opinión la comparte Marta Bengoa, catedrática de Economía en City University of New York. Coloca este tipo de transferencias de renta entre las "medidas más efectivas para paliar la inflación". "Ahora mismo existe espacio fiscal para ello y quizás", también para "aumentar los impuestos a las empresas que generan beneficios extraordinarios, sin que estos impuestos lleguen a ser confiscatorios". 

Es la solución para paliar la espiral de precios más cuestionada por los expertos consultados. "La Ley [de Ordenación] del Comercio Minorista permite la intervención cuando hay ausencia de competencia", indica José García Montalvo, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la UPF. "Y aquí hay mucha competencia. El consumidor no tiene por qué ir a la tienda de debajo de su casa, que no tiene que ser la más barata", justifica. 

El artículo 13 de esa Ley ha sido citado en los últimos meses por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como puerta para intervenir los precios de los alimentos. Este recoge la libertad de los agentes para definirlos, pero da potestad al "Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados" para "fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa". 

Lo puede hacer cuando "se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas" o sean "bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o mediante concesión administrativa". También, "excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia".

"El artículo está y la intervención es posible", argumenta Víctor J. Martín Cerdeño. "La cuestión es si estamos en una situación que requiera esa excepcionalidad. A pesar de la subida de precios, parece muy complicado justificar la aplicación de ese artículo. Se atentaría contra los principios de libre competencia y libertad de oferta de las empresas. Los efectos podrían ser peores, generar una notable incertidumbre en los negocios de la distribución. Estamos hablando de un sector muy atomizado, sería muy complicado el control y la homogenización de los precios", justifica el profesor de la Complutense. 

"Se dejaría fuera al pequeño comercio, que no podría competir en precio, y sería una medida que ayudaría tanto a las rentas bajas como a las altas", añade la doctora en Economía de la Universidad de Vigo. 

Una intervención de este tipo podría "provocar distorsiones en los mercados a medio y a largo plazo, que serían más duras de paliar", afirma Marta Bengoa. Considera que podría tener el efecto contrario al que se pretende porque los productores podrían preferir vender en otros mercados, donde no haya control de precios. La profesora de la Universidad de Nueva York pone como ejemplo el Gobierno húngaro de Viktor Orban. "En febrero de 2002 obligó a los supermercados y pequeñas tiendas de alimentación a limitar los precios de varios alimentos básicos". Entre ellos, cita, azúcar, aceite de girasol, leche, harina, pollo, cerdo, patatas y huevos. "En noviembre de 2022, la inflación se disparó aún más, por encima del 22%. Según el Banco Central Húngaro, se provocó un efecto bumerán", que derivó en "racionamientos y desabastecimientos". 

"Para determinar qué medida tomar, primero tienes que conocer qué está pasando", asegura Albert Recio, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. "El Estado tiene que hacer un seguimiento de cómo se fijan los precios, saber si hay un aumento de costes que esté justificando la subida o si alguien está aumentando sus márgenes. Primero tienes que conocer, pero si el Estado no sabe, es difícil".

Esa falta de información, para conocer la situación real de cómo están evolucionando los precios no solo en cada cadena de súper o de hipermercados, sino en los distintos formatos de la distribución, también la señala Martín Cerdeño. "A veces tenemos una visión muy miope y solo vemos lo que está cerca. A principios de los 2000, los alimentos también subieron por encima del IPC. Hicimos varios estudios y comparamos los precios de una cesta en distintos formatos [de establecimientos]. Entonces, donde era más barato comprar era en los mercados municipales", indica. "Se podría volver a plantear algo similar, mirar dónde es más barato hacer la compra. El consumidor es infiel, va a distintos establecimientos, compra en varios sitios y decir dónde es más barato haría reaccionar a las empresas". 

Una necesidad de tener información, para poder comparar y, así, tomar decisiones. "No hay una varita mágica", explica Xulia González. "En el fondo, es ver qué está funcionando mal y atajar las causas. Lo contrario es como ir al médico y que te de algo para bajar la fiebre, pero eso no te cura la infección", sentencia.