España afronta desde este miércoles en Londres una vista judicial que puede ser relevante de cara a las dos decenas de condenas que ha recibido ya el país en distintos arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Fondos de inversión especializados en este tipo de litigios llevan meses intentando que la justicia británica decrete el embargo de parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora del petrolero Prestige tiene pendiente pagar a España por el desastre medioambiental que tiñó de fuel las costas gallegas en 2002.

Se trata de los fondos Infraestructure Services Luxembourg y su propietaria es la holandesa Energía Termosolar BV. Esta última, según datos accesibles a través de Insight View, a su vez está en manos de un vehículo luxemburgués, Energy Investments S.C.Sp., que según documentación oficial es propiedad de BCCB Limited, firma radicada en Islas Caimán.

Estos inversores pretenden cobrar un laudo del Ciadi (organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial) que condenó a España en junio de 2018 a pagar 120 millones a un fondo de infraestructuras francés, Antin, por los recortes sufridos por las plantas termosolares Andasol 1 y 2.

Las plantas, con una potencia de 50 megavatios (MW) cada una y localizadas entre los municipios granadinos de Aldeire y La Calahorra, en la comarca de Guadix, fueron promovidas por ACS entre 2008 y 2009 y adquiridas por Antin en julio de 2011 por 139,5 millones de euros.

A esos fondos, que tras el laudo se hicieron con los derechos de esa deuda a favor de Antin, les defiende el bufete estadounidense Kobre & Kim, conocido en España por tener entre sus clientes a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, ex amante de Juan Carlos I, en la causa por presunto acoso del rey emérito en Londres. Este “agresivo” bufete, como se define en su web, está especializado en disputas e investigaciones.

Reino Unido ha reconocido preliminarmente el laudo y los demandantes se aferran en este caso a una ley británica de 1966 sobre arbitrajes internacionales, pero España ha apelado la decisión. En la vista que comienza este miércoles, el tribunal londinense, la sección comercial de la High Court, va a escuchar los argumentos de ambas partes para dirimir si la justicia británica finalmente reconoce el laudo o no.

Fuentes jurídicas aseguran que, de producirse una decisión desfavorable para España en la vista de estos días en Londres, se produciría un efecto “en cascada” sobre el resto de laudos condenatorios. Y esa es la cuestión que se va a dilucidar estos días, en una vista que está previsto que se prolongue durante cuatro jornadas y cuyo arranque estaba inicialmente fijado para el pasado lunes.

Ya para enero de 2024 está prevista una decisión de ese tribunal de Londres sobre el embargo de la indemnización del Prestige. En este caso, el bufete, según fuentes conocedoras del caso, está intentando que se reconozca lo que en la legislación británica se denomina “Third party debt order”, una figura que no existe en España y que consiste en el derecho de un acreedor a reclamar a un deudor el cobro de deudas pendientes de un tercero.

En el punto de mira está parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora británica del Prestige, London P&I Club, tiene pendiente abonar a España por la catástrofe del petrolero hace ya más de dos décadas. Entre los activos susceptibles de incautarse no están inmuebles en el extranjero del servicio exterior español (por la inmunidad diplomática), ni aviones oficiales, explican fuentes conocedoras del caso.

En 2022, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que España tenía derecho a cobrar la indemnización de la aseguradora del Prestige, que fue considerada responsable civil subsidiaria de la catástrofe por el Tribunal Supremo. Los fondos que están intentando embargar esa compensación en Londres están intentando cobrar en diferentes jurisdicciones de Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

Ya han trasladado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las principales agencias de rating la negativa de España a pagar el arbitraje, para que tengan en cuenta esta información “a la hora de hacer su cobertura y de dar la calificación de la deuda soberana". En enero, consiguieron que la corte británica que va a oír a las partes esta semana denegase la pretensión de la Comisión Europea de tomar parte en el litigio y declarar en favor de España.

El laudo de Antin fue dictado al amparo de la Carta de la Energía, un tratado para la protección de inversiones que España firmó en 1994. España decidió abandonarlo el año pasado junto a otros países como Alemania y Francia, que junto con Polonia han presentado formalmente este jueves su renuncia a ese tratado, que también se plantea abandonar la propia UE.

El de Antin es uno más de los 51 litigios de inversores extranjeros que se han presentado hasta ahora contra España por el hachazo renovable de Rajoy. El recorte, que vino acompañado de una suspensión a las tecnologías verdes que paralizó este sector durante años, perseguía embridar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), del que quedan todavía por pagar algo más de 10.000 millones y que el Gobierno descartaba este martes que vaya a crecer pese a un 2022 extraordinariamente complicado.

En la actualidad, de los arbitrajes presentados, con reclamaciones que rondaban los 10.000 millones de euros, y que han colocado a España como el país con más arbitrajes en su contra, junto con Venezuela y Rusia, se han dictado 28 laudos, que se han saldado con 21 condenas para España. Estos suman indemnizaciones cuya cuantía ronda los 1.000 millones.

El Estado español no ha pagado por ahora “ni un euro” a los demandantes, recalca el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque la factura en asesoría jurídica para apoyar a la Abogacía del Estado en estos litigios suma varias decenas de millones de euros. Otros dos procedimientos se han anulado y otros 20 están pendientes. Y  tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por un Real Decreto Ley de 2019 que otorgó a las plantas afectadas por el recorte de 2013 una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El departamento de Teresa Ribera defiende que los laudos dictados hasta ahora “han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas”. En los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación y “ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar”.

Según el Gobierno, “los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal”. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración.

“España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales”, concluye Transición Ecológica.