La adaptación de los pobres a la inflación es muy distinta a la de los ricos. El Banco Central Europeo (BCE) ha observado que, desde que los precios empezaron a escalar a mediados de 2021, las familias con menos ingresos del conjunto de países de la eurozona apenas tienen margen para beneficiarse de descuentos porque ya compraban lo más barato posible. Tampoco han podido adelantar grandes adquisiciones (como la de un coche) para evitar mayores subidas de precios. Y, además, encuentran más dificultades para pedir incrementos salariales.

En su último boletín económico, las economistas del BCE Alina Bobasu, Virginia di Nino y Chiara Osbat hacen un exhaustivo análisis de los resultados de la última encuesta de la institución sobre las expectativas de los consumidores. Según su estudio de estos datos durante la actual crisis de inflación, un 35% de los europeos más pobres han podido aprovechar rebajas, ofertas y descuentos para aliviar el daño de las subidas de precios. Entre los más ricos, el porcentaje se eleva hasta el 40%.

"Esto refleja la mayor capacidad con que las familias con ingresos altos pueden 'rebajar' su cesta de la compra, mientras que los consumidores con ingresos bajos ya están comprando principalmente artículos baratos", explica Virginia di Nino.

Otra diferencia entre pobres y ricos a la hora de intentar esquivar el golpe de la inflación es que solo un 6,9% de los primeros han podido adelantar la adquisición de "bienes duraderos", como un automóvil, muebles o incluso la compra de una vivienda, para evitar la escalada de precios mes a mes. En cambio, hasta casi un 9% de las familias con más renta han podido hacerlo, según los datos del BCE.

Por un lado, los más ricos acumularon también más ahorro durante los meses de confinamientos y restricciones por la pandemia, lo que aumentó su margen para realizar grandes gastos, en algunos casos para prevenir futuros aumentos de los precios. Por otro, tienen fuentes de ingresos alternativas, como ganancias por inversiones financieras, cobro de dividendos y repartos de beneficios por las participaciones en empresas o rentas por el alquiler de viviendas en propiedad o el arrendamiento de terrenos agrícolas.

Por último, los trabajadores más ricos tienen más facilidad para pedir y conseguir aumentos de sus sueldos por su mayor poder de negociación. "Por el contrario, los consumidores con bajos ingresos buscan otros alternativos, como un segundo trabajo o trabajar más horas, para compensar el coste de vida más caro. En promedio, los consumidores con menores ingresos eligieron esta estrategia con casi tres veces más frecuencia que exigir una compensación salarial", señala Virginia di Nino.

Desde que la invasión rusa de Ucrania exacerbó la crisis de inflación en la primavera del año pasado, todos los economistas y todas las instituciones advirtieron de que las subidas de precios dañan más el poder adquisitivo de los más pobres que el de los más ricos. Principalmente, porque las familias con menos ingresos dedican un mayor parte de su gasto total a energía y alimentación, lo que más se ha encarecido en los últimos meses.

Por esta razón, todas las instituciones han insistido en que las medidas de los gobiernos debían ser focalizadas en impedir la asfixia de las familias más vulnerables. Sin embargo, los paquetes 'anti inflación' han incluido bajadas de impuestos para todos el mundo y descuentos a los carburantes de los que se han beneficiado más los más ricos.

En España, el Gobierno defiende que las medidas focalizadas por renta han aliviado un 40% del daño de la inflación a los más pobres. La suma de estas medidas focalizadas (subida del 15% del IMV y de las pensiones contributivas, cheque de 200 euros...) y las de precios en general (bajadas de impuestos, descuento a los carburantes...) habría amortiguado en total un 60% de la pérdida de poder adquisitivo de las familias con menos ingresos en 2022.

El Ministerio de Asuntos Económicos presentó en marzo un análisis de las medidas 'anti inflación' aprobadas por el Gobierno en 2022 y reconoció que “las medidas de precios”, las que afectan a todos los ciudadanos por igual, han aliviado la pérdida de capacidad de compra más o menos en la misma medida en todos los tramos de renta. Sin embargo, las medidas focalizadas han marcado la diferencia, elevando la protección a los hogares más pobres. Sobre todo al 20% de familias con menos ingresos, según los cálculos del propio ministerio.

Este martes, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó que el Gobierno analizará en junio la situación económica y decidirá entonces si es o no conveniente seguir manteniendo algunas de las medidas vigentes. Entre esas medidas que, en un principio finalizan en junio, destacan la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, el recorte del 10% al 5% del IVA del aceite y la pasta, la rebaja actual de los impuestos de la electricidad y el gas o la bonificación del combustible para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores.

Al margen del análisis del BCE, su estrategia sigue basada en subidas de los tipos de interés, que apenas bajaron 2 décimas la inflación en 2022, que de media fue en España del 8,4% y que dio un 'mordisco' histórico a los salarios del del 5,5%, según la OCDE. Es decir, los sueldos retrocedieron en términos reales “el equivalente a casi 11 días de trabajo”, lamentan los expertos de Oxfam Intermón. Y han seguido siendo dañados en el comienzo del presente ejercicio.

En 2023 y en 2024, el Banco de España proyectó este lunes que la agresiva estrategia del BCE apenas conseguirá moderar 5 ó 6 décimas las subidas de precios. Para este año, las distintas previsiones de los centros de análisis rondan en promedio el 4% de inflación en nuestro país, principalmente por el abaratamiento de la energía.

El objetivo final de los bancos centrales es ahogar a la economía para moderar así las subidas de precios. Además de deteriorar la capacidad de consumo y de ahorro de las familias y dificultar que los estados se endeuden para aumentar el gasto público, dañan el margen de las empresas para invertir, crecer y, por tanto, para crear empleo.

Las instituciones que dirigen la política monetaria asumen el riesgo de provocar una recesión económica, porque bajo el análisis de la política monetaria es más peligrosa una inflación durante mucho tiempo, que un periodo de caída de la actividad y de aumento del paro.

“Es evidente que el proceso de endurecimiento de la política monetaria está teniendo y tendrá costes a corto plazo en términos de menor actividad económica, pero que el mantenimiento de la estabilidad de precios es la mayor contribución que el banco central puede hacer para garantizar un crecimiento económico sólido a largo plazo”, ha incidido recientemente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.