En 2018, Pedro Sánchez creó un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno que elevó la visibilidad de un problema a menudo ignorado o, incluso, minimizado por algunos sectores: la pobreza infantil. Nacía el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que se despedía hace unos días tras la creación de un ministerio específico de Juventud e Infancia, en manos de la nueva ministra Sira Rego. El equipo del alto comisionado se marcha con la sensación del "trabajo bien hecho" y la tranquilidad de que los muchos retos que quedan por delante se afrontarán desde una posición reforzada en el Consejo de Ministros.

Su máximo representante hasta hace unos días, Ernesto Gasco (San Sebastián, 1963), atiende a elDiario.es para analizar el trabajo del Alto Comisionado durante los últimos años, así como los retos y tareas pendientes que hereda este nuevo Gobierno de coalición.

Es alto comisionado desde 2020, el organismo contra la pobreza infantil creado en 2018 desaparece en este nuevo mandato con la creación del nuevo Ministerio de Juventud e Infancia. ¿Se esperaban esta decisión? ¿Cómo se lo han tomado?

La creación de este Ministerio de Juventud e Infancia es una gran noticia. El logro político de lo que suponía tener un Alto Comisionado lucha contra la pobreza infantil era visibilizar la situación de desigualdad que tienen casi uno de cada tres niños y niñas en nuestro país en España, lo injusto que es esta situación y la necesidad de impulsar políticas públicas con un pacto con la sociedad para cambiar estas cosas. 

Si ya hay un Ministerio, con el rango de importancia que el Gobierno de Pedro Sánchez y de coalición le quiere dar a este tema, el logro político de la Administración Pública es absoluto. Por tanto, el Alto Comisionado está contento, no podía ser de otra manera.

En lo personal, habíamos construido un equipo humano muy bueno, que habíamos afrontado retos importantes y los habíamos superado, así que te queda la sensación del trabajo bien hecho y las ganas de seguir contribuyendo. Pero en política se puede seguir ayudando desde las funciones que nos correspondan, sin lugar a dudas. 

¿Cuáles son los principales avances del comisionado en estos años y qué tareas hereda el nuevo Ministerio?

Hay temas muy relevantes, muchos muy vinculados a que se han conseguido fondos europeos muy importantes. Se habla de los planes de Recuperación y Resiliencia, pero quiero recordar la presentación de la Garantía Infantil Europea, que España ha sido el primer país en presentar un programa nacional, elaborado conjuntamente con UNICEF, que son 1.100 millones de fondos europeos que se van a destinar hasta el 2030 en España para la infancia. A materias como comedores escolares de 0-3 años, también a la actividad sana y saludable para combatir la obesidad infantil, programas también vinculados a vivienda, entre otros, con lo cual va a haber recursos públicos, con planes de todas las comunidades autónomas, sin excepción y colaborando todas ellas, en un programa nacional de mucha envergadura que además tiene fondos nacionales, unos 300 millones de euros. Ya hicimos la definición y la conquista del programa, pero ahora le toca al Ministerio desarrollarlo. 

Además hay muchos otros temas, como continuar con el Plan de lucha contra la obesidad infantil, que somos uno de los pocos países que lo afrontan de forma oficial a nivel de todo el Estado, y es muy relevante, así como acciones significativas como es la Alianza País Pobreza Infantil Cero, con más de 300 agentes sociales, empresas, clubs deportivos, trabajando todos en el desarrollo de visibilizar y de reducir la pobreza infantil. Es la alianza más potente en números que ha tenido el Gobierno hasta ahora y se va a mantener en Moncloa, por la importancia que tiene.

Sobre la Garantía infantil europea, ahora toca desplegarla y es mucho dinero. ¿Existe el riesgo, como en otros programas de fondos europeos, de que no se ejecuten las partidas presupuestarias? ¿Cómo se puede combatir?

Siempre hay que ser proactivo, dedicar muchas horas, mucho trabajo, para sacar adelante estos programas. Efectivamente, en el pasado la Garantía Juvenil fracasó, podríamos decir, y con la Garantía Infantil hemos hecho todo lo posible por no repetir los posibles errores que se cometieron anteriormente. 

Por eso era importante elaborar un plan nacional, también que cada comunidad autónoma tenga su propio plan, que permite adaptar el marco estatal a las diferencias autonómicas que existen. Confiamos y creemos que las medidas son de interés y se van a ejecutar razonablemente. Por ejemplo, la educación pública de 0-3 años ya se está poniendo en marcha en muchos lugares, que es fundamental para el desarrollo intelectual y cognitivo de niños y niñas. 

Habrá que vigilar, y para eso también la Unión Europea está muy encima de todos los países, pero España quiere y las comunidades autónomas, al menos hasta ahora, también quieren impulsarlo y son conscientes de la necesidad de desarrollar estos programas. 

Entrevistábamos a uno de los expertos que acudió al reciente evento que celebró el Alto Comisionado sobre comedores escolares, en el marco de la presidencia española en la UE. Decía que el comedor escolar gratuito y universal “no es una idea ni tan loca ni tan ambiciosa”. ¿Es una medida a la que se debería aspirar para esta legislatura?

Hay que decir que los comedores escolares son competencia de las comunidades autónomas. Lo que venimos trabajando desde el Gobierno de España, en el Alto Comisionado, es en que a nivel de toda Europa se garantice ese derecho a una comida al día saludable para todos los menores de 18 años, que sea un derecho universal. Incluso que fuéramos trabajando en la elaboración de una Directiva que reconociera ese derecho. 

Garantizar esa comida sana y saludable para todos los menores de 18 años es uno de los grandes desafíos para una salud mejor y para reducir la pobreza de forma significativa, con lo cual, es un proyecto ambicioso, pero es una inversión porque se consiguen efectos muy positivos de ahorro posterior en muchas otras carencias o deficiencias. 

Organizaciones especializadas en la lucha contra la pobreza, como la EAPN o la Fundación Foessa, insisten cada vez más en señalar la vivienda como eje central de precarización de los hogares. ¿No abordar con seriedad el acceso asequible de la vivienda es un lastre para que podamos reducir nuestras cifras de pobreza? 

La pobreza tiene cada vez más cara femenina, de familias monoparentales, y también de familias urbanas en los ámbitos metropolitanos. Esa ha sido una transformación entre 2010 al 2020, ha habido un cambio importante en el ámbito rural, donde había más dificultades, ahora son los ámbitos metropolitanos donde ha crecido más, donde es más difícil combatir la pobreza infantil y es, fundamentalmente, por el coste de la vivienda. 

Por lo tanto, sí es un objetivo de Estado, lo ha dicho el propio presidente Pedro Sánchez. Somos muy conscientes de esta situación, en la Garantía Infantil Europea también se incorporó la vivienda. Tenemos medidas que se han ido aplicando y otras nuevas que van a ser necesarias para resolver esa situación, porque es uno de los elementos más preocupantes también para la pobreza infantil. 

Las cifras de pobreza infantil siguen siendo un problema muy grave en España: alcanza a casi uno de cada tres niños. En el último año se ha mejorado en un contexto muy complicado, pero seguimos como el tercer país con mayor tasa de pobreza y exclusión de la UE, por detrás de Rumanía y Bulgaria. ¿Cómo valora la situación en los últimos años?

En toda Europa la situación está siendo muy complicada. Las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 han empeorado la pobreza infantil. En el conjunto de Europa ha ido a peor y, curiosamente, en este momento España –aunque tiene todavía mucho camino por recorrer– hemos mejorado las cifras del 2021 y nosotros, que ya empezábamos a tener las cifras del 2022, hemos mejorado algo más. Son ligeras mejoras, evidentemente todavía queda mucho por hacer, pero el camino que ha emprendido España parece que es mejor respuesta que la del resto de Europa. 

¿Cuál ha sido? Fundamentalmente, uno de los grandes logros de la pasada legislatura: el ingreso mínimo vital. Supone cerca de 3.000 millones de euros de transferencias de rentas a las familias más necesitadas, la inmensa mayoría de los perceptores son familias con dos o más hijos y, además, la prestación por hijo a cargo se ha duplicado, hemos pasado de unos 250 millones a más de 600 millones de euros anuales. Veníamos de una década negacionista de los gobiernos del PP, donde no había inversión pública para estas familias. Eso ha cambiado radicalmente y se irá notando cada vez más, como se notaba en Euskadi que llevamos años con la RGI. 

Además, le añadimos otras dos medidas vitales: el incremento de las becas por estudios en España, que ha supuesto que el abandono escolar se reduzca en un 25% aproximadamente en el cuartil de niños y niñas más pobres, y la subida del salario mínimo y la mayor estabilidad laboral gracias a la reforma laboral. Todo esto está haciendo que España vaya por el buen camino en la lucha contra la pobreza, mientras que hay países en Europa que no han adoptado medidas de refuerzo en este sentido. 

Desde el inicio del Alto Comisionado, con Pau Marí-Klose al principio, nos comentó la necesidad de implantar ayudas por hijo universales en España, que existen en muchos otros países europeos. En su opinión, ahora con un nuevo gobierno progresista, ¿esta política está cerca en España? ¿En esta legislatura?

En este tema trabajamos muy seriamente con el equipo que elaboró el Libro Blanco Fiscal. Cualquier transferencia de rentas o ventajas fiscales tienen que venir de la mano de una reforma fiscal. Porque los sueños son maravillosos, pero tienen al final que tener recursos económicos suficientes para ponerlos en marcha. 

Todas las familias en España, cuando presentan la declaración de la renta, obtienen deducciones por los hijos, pero no las reciben aquellas que no hacen la declaración, porque ganan menos dinero y no están obligadas a ello. En ese Libro Blanco lo que se planteaba es que se extendiera a esas familias también con un cheque fiscal reembolsable. Con eso sí habría una prestación universal. Ahora la tenemos casi universal, llega al 80% o al 70% de las familias, pero hay un veintitantos por ciento que no la reciben por tener ingresos más bajos. 

Se trataría de ser justos en esa ayuda fiscal con las familias que más lo necesitan. Está en el Libro Blanco fiscal y ojalá pueda, una vez pasada la COVID-19, ponerse en marcha. 

El Comisionado se ha caracterizado también por impulsar los estudios y análisis sobre qué es la pobreza infantil, a quién afecta y cuáles son sus repercusiones. ¿Por qué ha sido tan central esta tarea divulgativa? 

Hemos publicado trabajos muy significativos, como un mapa de pobreza, por primera vez con datos fiscales de la Agencia Tributaria casi a nivel de barrio, que puede actualizarse año a año para mostrarnos si vamos mejorando, en qué medida, en qué lugares, etc. También el primer informe a nivel europeo del coste de la pobreza infantil, elaborado por las universidades públicas de Alcalá y la Pompeu Fabra, que supone que la pérdida económica para España es de más de 63.000 de euros por mantener índices de pobreza tan altos.

Como decía, veníamos de una década de los gobiernos del PP donde se negaba que hubiera pobreza infantil en España. Se hacía negacionismo de esa pobreza, incluso recientemente la hizo el ahora exconsejero y portavoz de la Comunidad de Madrid que manifestó que no veía pobreza por las calles. La pobreza infantil existe, no hay más que querer ser consciente de la realidad y asumir lo que supone de injusticia social, pero también de lastre para el desarrollo del país.

Por eso hemos hecho documentos intelectualmente potentes de la mano de las universidades, de expertos y expertas, para que la sociedad española y sobre todo las ONG tuvieran también documentos de referencia para seguir haciendo su trabajo y reclamar las ayudas o los programas que creen necesarios. Eso era vital. Nos ha ayudado también mucho a desarrollar un buen plan de Garantía Infantil Europea.

Recordaba también cuando en 2014 Pedro Sánchez mencionó la pobreza infantil en el Congreso y la bancada del PP se rió. ¿Cree que ha cambiado esta percepción en la política nacional? ¿Hemos avanzado?

Hay muchas políticas que he mencionado que son muy importantes, con familias que gracias a ellas pueden sobrevivir, pero es crucial incorporar el tema en la agenda política. Era una de nuestras labores principales y creo que lo hemos logrado en la medida en que ahora hay un Ministerio. Hemos conseguido convencer a los socios de gobierno, que en principio entendían la pobreza más global y ahora entienden que también se puede trabajar sectorialmente como nosotros defendíamos. En ese sentido, me doy por satisfecho.

Esto es gracias a un largo recorrido, donde el presidente Pedro Sánchez ha estado desde el principio y ha sido determinante también en la Garantía Infantil Europea. 

Ahora, sé que queda camino aún a los irredentos, normalmente hombres, que esto también creo que es un tema.

Los hombres son los que más han ostentado y ostentan el poder, aunque cada vez haya más mujeres en la toma de decisiones. ¿Cree que puede haber algún tipo de vinculación con la menor importancia de estos temas a nivel político y que los hombres tradicionalmente han estado más distanciados de los cuidados y de la infancia? 

Sí, coincido. Esto está cambiando. Por suerte, los padres hoy en día van a buscar los hijos a la escuela o a la actividad extraescolar, también participan de las mismas, etc. Pero por desgracia, aquellos que tienen más de 50 años probablemente han vivido un mundo donde toda la política de cuidados, la relación con los hijos, todavía la tenían casi en exclusividad las mujeres. Y, por tanto, no son conscientes de la vulnerabilidad de los niños y de la infancia.

Las mujeres, los jóvenes y los colectivos LGTBI han sido los más sensibles también para este gobierno de progreso, y a los que más apoyo se ha dado, porque sabemos cuál es la vida real.

Hay muchas políticas en manos de CCAA clave para la infancia, como la educación, en las que vemos aumento de la segregación escolar en algunas de ellas, como Madrid. O discursos contra los menores extranjeros no acompañados en gobiernos autonómicos, niños muy vulnerables. ¿Qué políticas le preocupan más que pueden empeorar el futuro de la pobreza infantil? ¿Y qué se puede hacer ante ellas?

Claramente, allí donde está la extrema derecha y donde gobierna el PP con la extrema derecha están en riesgo las libertades públicas y las políticas de igualdad. Defienden la segregación espacial tanto en la escuela como en la vivienda, políticas que llevan al fracaso y explican en parte la conflictividad que tiene Francia en la en las banlieues de muchas ciudades. En España no se ha producido porque viene de una realidad más social, diferente, por suerte.

Tenemos que evitar que caigamos en esas políticas de confrontación, porque la extrema derecha y la derecha favorecen los guetos y enfrentan a pobres contra pobres. A veces por el origen, por la cultura o por otros hechos diferenciales. Es un riesgo que existe, de fractura social, que claramente este gobierno de coalición y las fuerzas progresistas trabajan para evitar.

Una última pregunta más personal. Usted relató que había sufrido abusos en la infancia por un fraile de su colegio. Hace poco se ha publicado la primera estimación de abusos a la infancia en la iglesia. ¿Cómo lo ha vivido, le sorprendió la cifra de unas 450.000 víctimas en todo el país? ¿Y qué cree que es más necesario para la compensación a las víctimas?

Me parece un tema fundamental que hay que desarrollar. Primero, para que no vuelvan a suceder esos casos. Eso es lo más importante, que no sucedan más casos de abusos a menores, a niños, niñas y adolescentes por parte de estamentos y de personas poderosas con ellos. Y lo segundo, para recuperar la dignidad de nuestro pasado, el de miles de personas. No sé la cifra exacta, pero no me extrañó el número que dio Ángel Gabilondo, que había sido profesor del colegio donde estudié y donde tuve esos abusos en primero de EGB, con siete añitos. 

Creo que se ha de compensar. Y compensar es reconocer en un análisis caso por caso, evidentemente, que sea sencillo. Porque los que podríamos decir que lo hemos superado, que hemos podido vivir olvidándolo, recordarlo no es agradable y por tanto si se hace y tenemos que recordar y exponer el caso, que sea para tener una buena memoria de algo que no se debe de volver a repetir. 

Luego siempre hay daños. Para mí, los mayores daños colaterales, este es uno y otro es haber vivido escoltado y amenazado durante muchos años por la violencia política y por el terrorismo. Se sobrevive, pero sobrevivir es un triunfo. Dejas muchas cosas familiares a un lado o en silencio. En mi caso fue un silencio de más de 50 años, no se lo había contado a nadie porque son cosas que te avergüenzan, siendo la víctima, lo cual es terrible.

En las compensaciones económicas. ¿Ese fondo tiene que aportarlo la Iglesia?

Entiendo que como todo en la vida, quien comete un delito penal, si tiene medios o recursos económicos, debe ser quien compense a las víctimas. 

Uno de los grandes problemas, al menos de muchos de los que hablamos, es que se necesita tiempo para superar estos abusos. Así que, aunque hayan prescrito, aunque sean de hace 40 años, el delito es delito. En mi época, en el año 70, en pleno franquismo, difícilmente un niño con siete años va a poder ir a un juzgado a declarar algo así, en aquella época te podían mandar a no se sabe dónde. 

Creo que la última posición que han marcado los obispos, que no las anteriores, sí va en la buena dirección. Si es así, ahí estaremos para que se tenga un buen documento y se sepa qué es lo que ha pasado en nuestro país durante mucho tiempo, como en muchos otros, amparados en una situación de poder social muy grande.