Bienvenidos a una España sin ayudas del Estado a los hogares y sin pensiones públicas. No tiene 9,6 millones de personas viviendo con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, el 20,2% de la población, como ocurre ahora, sino que casi la mitad de la población sería pobre.

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este 17 de octubre, vuelven a resonar las cifras de personas que viven con recursos muy limitados, que les impiden garantizar necesidades básicas en la sociedad que les rodea. También ocurre en países ricos, como España.

En 2023, una de cada cuatro personas en España vivía en riesgo de pobreza y exclusión social, 12,7 millones de personas, el 26,5% de la población, según el indicador AROPE. Este mide la pobreza en ingresos, pero también en aspectos como la baja intensidad del empleo y la carencia de bienes básicos, como no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días y la incapacidad de calentar el hogar en invierno o refrescarlo en verano. Estos dos últimos indicadores marcaron máximos en 2023, un año todavía muy marcado por la inflación.

Con esta fotografía, la EAPN se plantea un ejercicio. ¿Qué ocurriría si no hubiera Estado o se recortara al máximo, como defienden algunos postulados y partidos? Como reivindican políticos que ganan elecciones, como en Argentina. ¿Qué pasaría si no hubiera ayudas a las familias, prestaciones sociales, el ingreso mínimo vital o las rentas mínimas de inserción? ¿Y si elimináramos las pensiones de la ecuación?

A través de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, que publica el INE (Instituto Nacional de Estadística), el estudio muestra dos escenarios. El primero visibiliza el impacto de las transferencias del Estado –sin tener en cuenta las pensiones de jubilación y supervivencia– en la reducción de la pobreza a día de hoy. El segundo incluye también las pensiones públicas, que aunque son fruto de las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores durante toda su etapa activa, también están sufragadas en parte por impuestos.

“Si el Estado solo realizara transferencias de jubilación y supervivencia y ninguna otra, la tasa de pobreza se incrementaría para este año desde el 20,2% hasta el 26,2%, es decir, 6 puntos porcentuales más. En otras palabras, las transferencias sin tomar en cuenta las pensiones evitan este año que casi 3 millones de personas entren en la pobreza”, indica el estudio, con referencia a 2023.

Cuando se tiene en cuenta el impacto de las pensiones, la reducción de la pobreza es mucho mayor, de 16,4 puntos porcentuales, alrededor de 7,8 millones de personas, ya que son el medio de vida principal para una gran parte de los jubilados. Aunque no solo. La EAPN ha querido destacar este año que “las pensiones no son solo cosa de viejos”, subraya Juan Carlos Llano.

El informe muestra también cuánto se reduce la pobreza entre personas menores de 65 años debido a las pensiones, ya que forman parte de los ingresos de sus hogares. Así, “a nivel nacional, gracias a estas pensiones la pobreza se reduce 5,4 puntos entre los población de 0 a 64 años”, destaca el estudio. “Es importante compararlo con el efecto del resto de transferencias, que entre este grupo son responsables de otra reducción de 6,9 puntos”, añaden los investigadores.

En la presentación del estudio esta semana, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES, destacó este dato para subrayar la relevancia del sistema público de pensiones como pilar social del conjunto de la población, frente a los actores que lo cuestionan constantemente y también frente a los discursos de enfrentamiento intergeneracional, entre jóvenes y mayores.

Susías advirtió de que, “si bajan las pensiones, las van a bajar y punto”, perjudicando así la población más mayor (aunque no solo), y sin que ese dinero se reinvierta seguramente en una mayor protección de los jóvenes. Para este colectivo, Susías insistió en que España debe mejorar sus ayudas, pero también actuar con políticas en dos de los ámbitos que más les empobrecen: la vivienda y los salarios.

En su análisis territorial, la EAPN subraya las grandes diferencias en el impacto de las ayudas y las pensiones entre las distintas Comunidades Autónomas.

“La acción del Estado (sin pensiones) se manifiesta con mucha intensidad en Cantabria, País Vasco, Región de Murcia, Canarias y Extremadura; en todas ellas las transferencias reducen entre un 27% y un 33% el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas transferencias”, recoge el informe. Las que muestran menos impacto, con una reducción de entre “un 17% y un 21%” de las tasas de pobreza, son la Comunidad de Madrid, Andalucía, Navarra y La Rioja.

“Lo malo es que el INE no distingue entre tipos de ayudas o si son autonómicas, municipales o a nivel estatal. Agrupa todas las transferencias del Estado”, explica Juan Carlos Llano, autor y director técnico del informe, lo que limita el análisis más detallado sobre las diferencias regionales y la efectividad de la acción protectora de ayudas como el IMV o las rentas mínimas con los datos de esta encuesta.

Aun así, las organizaciones sociales saben que hay Comunidades Autónomas actúan de manera muy distinta en materias de su competencia como las rentas mínimas de inserción para personas en riesgo de pobreza. Antes de la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), se reflejaban enormes diferencias en su cobertura y cuantías. Por ejemplo, más de 65% de personas en riesgo de pobreza en Navarra y Euskadi percibía su renta mínima, mientras que solo llegaba a menos del 2% en Andalucía y Castilla-La Mancha.

Con la puesta en marcha del IMV por parte de la Seguridad Social, en lugar de adaptar las ayudas para que fueran complementarias, la gran mayoría de las Comunidades han reducido su gasto en esta política clave contra la pobreza. En 2022, el último año para el que hay datos disponibles, las que más habían recortado estas partidas eran Aragón y Madrid, por encima del 80%. CCOO Madrid denuncia en un informe este jueves que “la aparición del Ingreso Mínimo Vital ha sido el argumento ideal para eliminar definitivamente esta renta autonómica. Los datos no dejan lugar a dudas, de enero a agosto de este año se han concedido 28 rentas mínimas”, lamenta el sindicato.

La EAPN insiste en que combatir la pobreza requiere de ayudas económicas específicas para las personas más vulnerables, que sean efectivas y lleguen a la población, una tarea pendiente del IMV. También exige de una acción trasversal: otras transferencias de apoyo a las familias y a la infancia, donde en Europa nos llevan mucha ventaja y con mejores resultados, políticas que garanticen servicios públicos, como la educación o la sanidad, así como otros bienes de primera necesidad, como el acceso a la vivienda.

Porque cuando se actúa, se reduce la pobreza, destacan en la EAPN. Ponen un ejemplo: los datos del año 2021, cuando el Estado desplegó el “escudo social” durante la pandemia, con especial incidencia de los ERTE, que sacó a alrededor de 1,5 millones de personas de la pobreza, según la organización.