El cambio de rol de nuestro país en la Unión Europea (UE) es axiomático.

Un informe de Funcas publicado esta semana destaca esta cifra. La misma semana en la que el INE y Eurostat han revelado los datos del PIB de 2024 de España y la eurozona, respectivamente, el documento del centro de análisis apunta a que “la inversión directa extranjera” en nuestro país se ha incrementado en los últimos años hasta el 3% del PIB, en promedio, en 2023 y 2024. Mientras, en Alemania ha caído al 1%, en Francia al 0,7% y en Italia 1,4%. Siempre respecto al Producto Interior Bruto de cada país, no en cantidades absolutas, como se puede observar en el primer gráfico de esta información.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumió, una vez más, de la fortaleza de la economía de España, y resaltó una de esas cosas que suelen quedar pendiendo en el vacío político: “La apertura al exterior”. Ese día, Pedro Sánchez salió a defender que el Gobierno había salvado el escudo social que fracasó en el Congreso una semana antes. El relleno económico en su discurso pasó desapercibido. Sin embargo, esa “apertura al exterior” de nuestro país es una cuestión clave en un contexto internacional en el que late la amenaza de la escalada de una guerra comercial global, sobre todo desde que Donald Trump ha vuelto a desembarcar en la Casa Blanca de Estados Unidos.

De hecho, el informe de Funcas se titula “La economía europea busca su sitio”. En él, Raymond Torres y Miguel Ángel González firman el primer artículo: “El Informe Draghi y la economía española”, que incide en la histórica ventaja que tiene actualmente nuestro país. “La inversión directa extranjera, que generalmente emana de grandes corporaciones internacionales, se ha incrementado desde el periodo anterior a la pandemia, al tiempo que la inversión privada total disminuía”, señala el texto.

Como también se viene viendo en el importante crecimiento de las exportaciones de servicios no turísticos, ya no somos solo un país de 'sol y playa' para el exterior. “Los servicios de mercado, entre los que destacan las actividades ligadas a la tecnología y las telecomunicaciones, son el principal receptor de inversión directa extranjera (con un 57% del total en el periodo 2019- 2023). La industria y el sector de suministro de electricidad y energía figuran también entre los principales beneficiaros, con entradas proporcionalmente superiores al peso de estos sectores en el PIB: la industria concentra el 34% del total de inversión directa extranjera recibida en el periodo considerado”, detallan estos dos economistas.

Esto significa que el conocido “déficit de inversión privada es principalmente de índole nacional: las empresas menos proclives a invertir son las españolas, sobre todo los pequeños negocios que conforman el grueso de nuestro tejido productivo”, prosigue el artículo de Funcas.

Como se observa en el segundo gráfico de esta información, el sector público ha cumplido su parte, impulsando la actividad con un esfuerzo en el incremento en el gasto. “El déficit de inversión procede enteramente del sector privado. Desde 2019, la inversión privada ha registrado un descenso notable, mientras que la pública se ha incrementado con intensidad”, observan los expertos de Funcas.

Según advierten, “cabría esperar un mayor protagonismo de la inversión privada española. La demanda, uno de los principales determinantes de la inversión conforme a la evidencia empírica, encadena cuatro años de fuerte expansión. De manera similar, las empresas españolas se encuentran en una situación financiera relativamente saneada, y con excedentes abundantes [beneficios]. Su endeudamiento ha descendido hasta mínimos de principios de siglo, observados antes del inicio de la burbuja de crédito. Y, sin embargo, las empresas siguen acumulando ahorro financiero o reduciendo pasivos, en vez de reforzar su capacidad productiva”.

Por otra parte, según añaden Raymond Torres y Miguel Ángel González, “la disponibilidad de fondos europeos en el marco del programa 'Next Generation' también prometía una rápida recuperación de la inversión privada, por su efecto de abaratamiento del coste del capital. En su lugar, los recursos europeos se han visibilizado principalmente en la inversión de las administraciones públicas, sin que esta jugara su papel dinamizador de la inversión empresarial. La carencia de un efecto multiplicador podría explicarse en parte por el entorno de subida de los tipos de interés, y su corolario en términos de mejora de la rentabilidad de los activos financieros en relación con la rentabilidad anticipada de la inversión productiva. Pero este es un fenómeno que también se ha producido en otros países, sin generar un impacto tan perjudicial”.

El artículo de Funcas recuerda que en los años previos a la pandemia y posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, la competitividad de España se basaba fundamentalmente en la precariedad de sus trabajadores. Un país de salarios bajos y altos estándares educativos y sociales era un país atractivo para muchas empresas extranjeras y, al mismo tiempo, hacia atractivos nuestros productos y servicios en el exterior.

Esa precariedad se ha mitigado en parte en los últimos años, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o la de las pensiones, aunque sigue siendo una “ventaja competitiva”, que como recuerdan los expertos de Funcas “procede de la compresión de los salarios, y no de una mejora de la productividad”, debido principalmente a la falta de inversión en capital de nuestras empresas.

Eso sí, España ha añadido una nueva “ventaja competitiva” y esta vez no descansa sobre las condiciones laborales y de vida de las familias trabajadoras. “Los costes energéticos han evolucionado favorablemente en relación con las economías de nuestro entorno. En los últimos cinco años, el precio de la electricidad para las empresas se ha incrementado un 22% y el precio del gas un 39%, en ambos casos menos de la mitad de la media europea”, comentan Raymond Torres y Miguel Ángel González.

“El despliegue de las energías renovables y la disponibilidad de una importante infraestructura de procesamiento de gas licuado contribuyen a explicar el abaratamiento relativo de los precios energéticos, afianzando la ventaja competitiva en términos de costes de producción y favoreciendo la implantación de empresas extranjeras”, finaliza el artículo.