Las organizaciones de la sociedad civil están haciendo sonar las alarmas sobre el plan que Ursula von der Leyen está elaborando con el objetivo de reforzar la competitividad de la UE frente a EEUU y China.

Las ONG se han revuelto contra la propuesta porque consideran que va a suponer una desregulación, es decir, dar pasos atrás en algunas de las leyes que se aprobaron la pasada legislatura en materia de sostenibilidad (agenda verde o cumplimiento de derechos humanos y sociales). “Estamos profundamente preocupados por la orientación actual de las políticas de la Comisión Europea, en particular por la introducción de medidas que pueden debilitar o socavar la legislación previamente acordada, crucial para los objetivos de sostenibilidad de la UE”, señalan en una carta enviada a Von der Leyen, el vicepresidente ejecutivo, Stephane Sejourné, y el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

Aunque Von der Leyen reiteró su compromiso con la agenda verde en un momento en el que se ha puesto en riesgo por intereses económicos y electorales, también abrió la puerta a rebajar expectativas durante la presentación de su 'hoja de ruta'. “Tenemos que ser flexibles y pragmáticos”, afirmó en una rueda de prensa en la que aseguró que el proceso de simplificación supondría un ahorro de 37.500 millones de euros.

Tras la presentación del documento, la presidenta de los socialdemócratas, Iratxe García, que son el segundo mayor grupo de la 'coalición' que gobierna la UE, fue muy crítica con el planteamiento. “No aborda plenamente la mayoría de los problemas, ni aporta soluciones realistas. Acogemos con satisfacción el compromiso de mantener los objetivos de reducción del 90 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040; sin embargo, no tenemos garantías de que no se vaya a retroceder en normas medioambientales y sociales como los derechos de los trabajadores, la neutralidad climática, la sostenibilidad, una transición justa y, en particular, los demás objetivos que subyacen al Pacto Verde. Reducir las normas en nuestro mercado único de la UE que pueden comprometer la calidad de vida de las personas no es la manera de que la UE se convierta en un modelo a seguir en el mundo”, afirmó en un comunicado.

Entre las iniciativas que las ONG alertan que se pretende descafeinar está la directiva de Diligencia Debida, que impone a las multinacionales obligaciones en materia de cumplimiento de derechos humanos y ambientales. “Creemos que tal medida podría crear incertidumbre normativa, poner en peligro las inversiones ya realizadas y las necesarias inversiones futuras, socavar los derechos de los ciudadanos que se han visto afectados por las operaciones de las empresas, retrasar el progreso, penalizar a las empresas que ya han invertido significativamente en el cumplimiento y erosionar el liderazgo pionero de la UE en materia de normas de sostenibilidad empresarial”, señalan el centenar de organizaciones que rubrican la misiva.

“Reafirmamos nuestro firme apoyo a centrarnos en la aplicación efectiva de las leyes a través de nuevas medidas interpretativas y orientaciones, tal y como estaba previsto y acordado. Entendemos que tanto las empresas como las partes interesadas necesitan más aclaraciones sobre las disposiciones clave de las normas, y seguimos comprometidos a trabajar en ello tanto a través de las fases de aplicación previstas como de las orientaciones esperadas, incluso con los supervisores nacionales, los gobiernos y las plataformas internacionales”, agregan.

Tras una reunión con la Comisión Europea en la que había una amplia representación empresarial frente a la de la sociedad civil, según han denunciado, se han levantado de la mesa con preocupación por la forma en la que el gobierno comunitario está abordando la propuesta que presentará en las próximas semanas. Entre las advertencias que han lanzado, por ejemplo, está el hecho de que no se está elaborando un análisis de impacto de las medidas que se están planteando.

“La Comisión parece dispuesta a poner en peligro el acervo comunitario en lo que respecta a los derechos de los trabajadores, al medio ambiente y, en particular, al principio de precaución. Todo parece estar sobre la mesa para ser reabierto y a lo que nos hemos enfrentado es incluso a empresas que no reconocen sus obligaciones con los derechos humanos y piden la reapertura, diciendo que están asfixiadas. La razón por la que tenemos la diligencia debida es exactamente para impedir que esas empresas no cumplan con los valores europeos y evitar la explotación laboral”, ha denunciado Isabelle Schömann, vicesecretaria general de la Confederación de Sindicatos ETUC, que era una de las dos organizaciones de trabajadores representada en la mesa redonda.