En la Unión Europea dan por hecho que Donald Trump impondrá nuevos aranceles en las próximas semanas y, aunque el mensaje es que un recrudecimiento de la guerra comercial entre socios no beneficia a ninguno de los dos lados del Atlántico, lo que también han dejado claro los gobiernos de los 27 y la Comisión Europea es que habrá una “respuesta firme”.

¿Qué herramientas tiene la UE para responder a los aranceles Trump? La reacción tradicional es devolver el golpe con tasas aduaneras a los bienes y servicios del otro país por un importe similar. Es lo que ocurrió en 2018 cuando Washington gravó materias primas como el acero y el aluminio, pero también productos como la aceituna negra, especialmente preocupante para España. La Comisión Europea respondió entonces con aranceles por valor de unos 2.800 millones de dólares a una variedad de productos, en muchos casos con un gran simbolismo, como la ropa Levi's, el whisky Bourbon o las motos Harley-Davidson.

Los aranceles llegaron también a la Organización Mundial del Comercio, que los declaró ilegales años después, y el proceso conllevó una negociación con todas las partes interesadas. De hecho, quedaron suspendidos entre 2021 y 2022, y la prórroga acaba a finales de marzo, que será un mes decisivo porque se espera que la UE concluya la investigación por vulneración de la ley antimonopolio online contra Google, Meta y Apple. La fecha marcada en rojo en el calendario es el 25 de marzo.

Y es que la UE está en medio de la tormenta perfecta tras la victoria del líder populista, a quien susurra al oído la “tecnocasta”, según definió Pedro Sánchez a los magnates como Elon Musk o Mark Zuckerberg, para que ejerza presión contra las leyes digitales que regulan a las grandes plataformas. Y es ahí donde la UE tiene un as bajo la manga que sale de la respuesta tradicional a la guerra comercial y que probablemente se asemeja al idioma que habla Trump.

En la anterior batalla de la guerra comercial, la UE se topó con serios problemas que no venían sólo de EEUU sino también de China o Indonesia, que usaron la herramienta del comercio para intentar condicionar las políticas europeas. Por ejemplo, Pekín boicoteó a los productos de Lituania por las relaciones diplomáticas de ese país con Taiwán; Indonesia también frenó exportaciones por la regulación europea sobre el aceite de Palma; y EEUU amenazó con más aranceles a Francia, Italia, España o Austria para que no implementaran el impuesto a las grandes tecnológicas.

Con esa tesitura, la Comisión Europea diseñó el Instrumento Anti-Coerción, que ofrece un amplio abanico de medidas como represalia en caso de que un tercer país intente chantajear a la UE por la vía comercial. Entre las medidas que prevé está el aumento de los derechos de aduana, la restricción de las importaciones o exportaciones, la exclusión de participar en licitaciones públicas o la suspensión de obligaciones internacionales en sectores como el de la propiedad intelectual, los seguros, la banca, etc.

Según Financial Times, la Comisión Europea tiene sobre la mesa ese instrumento para aplicarlo en el caso de que Trump tome represalias comerciales en respuesta a la normativa digital y, en concreto, golpear a las grandes tecnológicas, que se revuelven contra esas reglas. En juego están miles de millones de euros por las multas a las que se enfrentan.

La herramienta, no obstante, no se ha puesto en marcha nunca desde su entrada en vigor en 2023. De hecho, la propia Comisión Europea admitió en su presentación que “pretende tener, en primer lugar, un efecto disuasorio”.

Como nunca se ha activado, es difícil pronosticar qué medidas concretas podrían entrar en vigor y en la Comisión Europea no quieren entrar en “hipótesis” dado que en este momento ni siquiera se conocen los posibles movimientos de Trump. Los expertos mencionan, por ejemplo, una intensificación impositiva. “Si yo estuviera en el servicio jurídico [de la Comisión Europea], invocaría los límites de seguridad. Pero ¿van a tener el coraje político de hacerlo?”, se pregunta Vassilis Akritidis, socio de Crowell & Moring LLP.

El abogado considera que el proceso puede ser de por sí interesante porque “habrá una investigación con las partes interesadas y, como mínimo, esto difunde información para el público en general, e implica a cualquier parte interesada que pueda ser afectada o de relevancia, ya sea a favor o en contra”. “Es una herramienta de solidaridad entre los Estados miembros. No es la Comisión Europea la que decide demandar en la propia OMC. Así que es una prueba política y un foro de coraje político”, apunta.

Lo que sostienen los expertos de ese despacho de abogados especializados en comercio internacional es que la herramienta tiene encaje en esta situación. “Si se impugna la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) o la de Mercados Digitales (DMA), se estaría actuando bajo coacción de un país extranjero”, explica Jean‑Baptiste Blancardi, asociado de la firma, que tampoco entra en la especulación de qué medidas concretas se podrían adoptar contra las 'big tech': “Nuestra experiencia es que a menudo la Comisión Europea encuentra la manera”.

Más allá de que Bruselas decidiera dar ese paso, está por ver que los gobiernos europeos dieran el respaldo a la activación de ese instrumento que requiere de la mayoría cualificada de los estados miembros y hay países que son más contemporizadores con Trump que otros. “Tenemos que proponer algo que pueda ser interesante y atractivo para Estados Unidos, como acuerdos de libre comercio en la industria automovilística o como comprar más energía”, expresó el presidente lituano, Gitanas Nausėda. El ultraderechista húngaro Viktor Orbán directamente aplaude todo lo que plantea ahora la Casa Blanca, incluso el desplazamiento de los gazatíes para construir la “Riviera de Oriente Medio”.

El temor es en algunas capitales, como París, es que haya países, como Italia, que pretendan ir por libre en la negociación con Washington aprovechando sus buenas relaciones bilaterales. De ahí que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, hayan hecho un llamamiento a la “unidad”. “Nuestra posición es muy clara. Europa es un vasto espacio económico de unos 450 millones de personas. Somos fuertes, estamos unidos y Europa no va a esconderse. Será un socio constructivo y seguro de sí mismo. Sobre esta base, tendremos una buena cooperación”, señaló el socialdemócrata.

“La prioridad de los europeos debe ser todavía más Europa y en primer lugar nuestra competitividad, nuestra prosperidad, nuestra seguridad para reforzar nuestras democracias y preservar nuestro modelo económico y social”, dijo el liberal francés.

Lo cierto es que en plena guerra comercial, la UE ha tenido que desarrollar estrategias para intentar no quedar atrás frente a EEUU o China. Ante la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de Joe Biden, que suponía inyectar miles de millones de dólares, la UE flexibilizó el marco de las ayudas de estado para permitir a los estados igualar las ofertas de otros países para evitar la fuga de empresas. Además de la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China que están inundando el mercado europeo gracias a los subsidios que reciben en ese país, Bruselas ha ido adoptando otras medidas proteccionistas para vigilar las inversiones o poner coto a la participación del gigante asiático en determinados proyectos públicos europeos.

Y es que la pinza entre Washington y Pekín, sumada a sus propios fallos como la falta de inversión, hacen que la UE se encuentre en una “lenta agonía”.