La plataforma Hábitat24 ha convocado este domingo una nueva manifestación en Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', con la que quiere denunciar "la ausencia de medidas de las administraciones" a corto plazo
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El movimiento por el derecho a la vivienda de Madrid quiere reeditar este domingo la multitudinaria manifestación que recorrió las calles el pasado 13 de octubre.
“Ante la ausencia de medidas de las administraciones que resuelvan, a corto plazo, la falta de acceso a una vivienda digna para sectores cada vez mayores de la población”, la plataforma Hábitat24, que agrupa a unos 40 colectivos, pretende volver mostrar músculo ante la principal preocupación de la ciudadanía.
La marcha, a partir de las 12:00 desde Atocha hasta la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, se enmarca dentro de un “intenso proceso de movilización”, que se ha producido antes y después de octubre en muchas otras ciudades españolas, atosigadas por el incremento de los precios de la vivienda y la falta de medidas que le pongan solución a corto plazo. “Estamos dentro de una burbuja, que lleva años preparándose, desde el rescate del sistema financiero en 2012 con dinero público y un cambio de regulación para facilitar un nuevo ciclo inmobiliario basado en el alquiler”, indica la doctora en Geografía y experta en vivienda, Melissa García-Lamarca.
Si la burbuja lleva años preparándose, su volumen crece ahora a un ritmo exponencial y agranda las desigualdades. “Estamos viendo las consecuencias de facilitar la entrada de fondos de inversión y de crear una nueva clase de rentistas, generando una brecha entre la clase media-alta, que se ha ido comprando pisos y quienes no tienen propiedades”, apunta García-Lamarca. Según los datos del portal idealista, de octubre, cuando se celebró la gran manifestación en Madrid, a enero, los precios del alquiler subieron en la capital un 2%, hasta los 21 euros por metro cuadrado al mes. Para una vivienda tipo, de unos 88 metros cuadrado, la renta asciende hasta los 1848 euros mensuales, 22.176 al año. En enero de 2024, se situaba 15,2 puntos por debajo.
Los datos de Idealista deben ser tomados con cautela, advierte el responsable del Hub de vivienda en Future Policy Lab y doctorando en Economía por la CY Cergy Paris Université, Iván Auciello. “No son precios de equilibrio de mercado, sino de anuncios y el efecto de composición de los pisos disponibles en ese momento tiene un efecto muy grande”, explica. Pero, a falta de datos oficiales, los que ofrece el portal inmobiliario son una de las referencias que se toman habitualmente. En cualquier caso, señala, “un 15% es un año es un crecimiento muy grande”.
¿Se notan estos cambios mes a mes? “Sí”, señala el experto, porque “la crisis de la vivienda se va agravando poco a poco”. La cuestión es cuándo lo sufre la población estos incrementos. “Ocurre cuando tienen que actualizar su contrato o cuando termina y afrontan una situación de vulnerabilidad en el sentido del poder de negociación”, indica Auciello.
"La capacidad (de la población) para generar ingresos tiene un tope, pero la de robarte a través del mercado inmobiliario no tiene límite"
Y los precios de la vivienda, estima el investigador del Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, “van a seguir subiendo porque hay una serie de políticas que promueven que lo haga”. En concreto, cita las ventajas fiscales de “todos aquellos que usan la vivienda como un activo, que se dedican a acapararla para utilizarla como un producto de Bolsa, porque les da incluso más rentabilidad que la bolsa, y tienen una serie de ayudas”. El Gobierno ha anunciado el fin de los incentivos a las socimis que se dedican a vivienda no asequible, pero no es una medida que se haya ejecutado todavía.
Pero la afectación del drama inmobiliario va más allá del mero contrato del alquiler. “La capacidad (de la población) para generar ingresos tiene un tope, pero la de robarte a través del mercado inmobiliario no tiene límite”, denuncia la portavoz de la plataforma Hábitat24, Laura Barrio, que señala que “tres meses, a nivel general, social y estructural” son un cúmulo de “calamidades para muchas familias”. “A nivel de desgaste vital, es una barbaridad, y no hablamos solo de personas que están al borde del desahucio, sino que es agotador para toda la sociedad, porque tener un problema con la vivienda significa no poder solventar otros, no poder ir al psicólogo, ponerte la ortodoncia, perder la ilusión por poder irte de vacaciones o vivir mejor. Afecta a todo lo relativo a la idea amplia de bienestar”, señala.
Richard salió a las calles en octubre y volverá a hacerlo este domingo. Está buscando piso en el distrito de Villaverde, para ir a vivir con su esposa y sus tres hijos, pero es el claro ejemplo de que las medidas anunciadas en las últimas semanas tanto por el Gobierno como por la oposición no están teniendo impacto en la ciudadanía. “Nos es imposible. Los precios han subido cantidad y están ya de 1.200 euros para arriba. Además nos piden un contrato de trabajo de más de un año, nóminas de 1.500 a 2.000 euros, fianzas de cuatro, cinco o seis meses, que no tenemos, aval...”, enumera.
“El PP y el PSOE hacen anuncios marketineros de medidas que son irrealizables a corto plazo, que no se han hecho en años y que, además, no atajan el problema a corto plazo. Son brindis al sol”, considera Barrio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en enero un paquete de 12 medidas destinadas a paliar “el mayor problema de las clases medias en Europa y en España”. Pero cinco de ellas, como los beneficios fiscales para los propietarios o penalizaciones para no residentes extracomunitarios que compren vivienda o el IVA a los Airbnb, dependen del Congreso. Incluso el sistema público de avales para el alquiler, que el Ejecutivo pactó con Junts para salvar el escudo social, tendrá que pasar por la Cámara Baja y, después, su desarrollo parlamentario podrá alargarse otros seis meses.
“Responden al corto plazo, con incentivo para que se alquile por debajo de precio de mercado”, señala Auciello, que contrapone que “está bien legislar, pero si las medidas no se aplican de manera efectiva, no tienen ningún sentido”. “Ocurre con la Ley de Vivienda, que está bien aprobada, pero de la que no se está aplicando el control de precios que puede ayudar a contener la situación”, estima.
El punto álgido de la burbujaPrecisamente, una de las reivindicaciones de las convocantes a la manifestación de este domingo es que se apliquen las zonas tensionadas, que permiten limitar los incrementos del alquiler y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se niega a implementar. “No pedimos ninguna locura, sino congelar los precios como están, que es el punto álgido de la burbuja. Es una forma de empezar a lanzar el mensaje a los rentistas de que se busquen otro nicho de mercado, porque su negocio no puede ser a costa del derecho a la vivienda”, señala Barrio. Este viernes, una decena de alcaldes socialistas han registrado en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa popular para que sus municipios puedan declararse zona tensionada.
“Lo fundamental, el problema de base, es que la vivienda es un activo, un bien que genera ganancias y esa idea es la que hay que atacar”, coincide García-Lamarca, que propone prohibir el alquiler de temporada. Es una medida que quiere afinar el Ejecutivo, que dejó fuera de la redacción de la Ley de Vivienda la limitación de este tipo de arrendamientos, pese a la insistencia entonces de Unidas Podemos, y contra la que ahora quiere luchar con un registro único para evitar el fraude al que han recurrido cientos de propietarios para esquivar las garantías que la norma estatal otorga a los inquilinos.
Palomera va más allá, al apostar por fórmulas como la de Países Bajos, donde se permite “limitar la compra de vivienda en zonas tensionadas a quien vaya a vivir en ella un mínimo de cuatro años”. En un país como España, que adolece de oferta, es una forma de actuar sobre la demanda, que está “hinchada por actores que no necesitan una casa para vivir”.
El otro eje de la reivindicación de este domingo será la ampliación del parque de vivienda pública y social. “Lo único que tienen que hacer, es seguir la estrategia de los fondos de inversión: comprar vivienda”, señala Barrio. Es un objetivo que se ha puesto también el Gobierno de coalición, que quiere que toda vivienda construida en suelo o con recursos públicos esté disponible siempre a precios asequibles. Una idea que no ha encontrado eco en comunidades como Madrid, donde el viceconsejero de vivienda de Ayuso, José María García, llegó a decir hace unos meses que el blindaje permanente de las viviendas sociales “deteriora los barrios”.