Las calles de Madrid vuelven a escuchar el reclamo desesperado de una solución para la crisis habitacional que ahoga a miles de sus vecinos.

“Afecta a los jóvenes, porque lo veo con mi hijo, pero también a los mayores”, dice Charo, de 65 años. A las puertas del retiro y con un contrato de alquiler que finaliza en un año, se teme lo peor: “Voy a cobrar menos. Me jubilo y no tengo techo”, se preocupa. Su hermano Raúl, de 55 años, tampoco es ajeno. “Nací en Carabanchel y tras toda la vida viviendo en barrios de la ciudad, he sido expulsado. He encontrado un piso en Leganés, donde me han acogido, pero he sido expulsado de Madrid”, lamenta. 

Con ellos va Carla. Tiene 54 años y tras más de dos décadas de alquiler, su casera necesitaba el inmueble para vivir. Tuvo que buscarse la vida en el punto álgido de la burbuja del alquiler. “Estoy pagando el doble”, denuncia, para reclamar que se acabe “con la especulación y el rentismo”. “Van tarde. O se pone fin a esto o iremos a peor”, dice. 

Los convocantes, la Plataforma Hábitat24, que agrupa a unos 40 colectivos sociales y vecinales que conforman parte del tejido asociativo de Madrid, pretenden con esta marcha reeditar el éxito de la protesta del pasado 13 de octubre. “Hace cuatro meses, la ciudadanía madrileña expresó claramente que las instituciones no estaban tomando las decisiones adecuadas para solucionar la emergencia habitacional que estamos sufriendo”, indican. Y, “sin embargo, a pesar de la masiva movilización ciudadana, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias”.

Ana, de 32 años, pudo comprarse una casa hace un par de años. Se fue a Carabanchel, un barrio que también se está poniendo “cada vez más complicado”. “Mis amigas viven de alquiler y mi familia en Puerta del Ángel, que también se está gentrificando. Hay que solidarizarse porque, si no te afecta a ti, le afecta al de al lado”, reconoce, mientras agita un manojo de llaves. El sonido de los llaveros en alto se ha convertido en la nuevo símbolo de protesta frente a la crisis residencial. “Manos arriba, esto es un atraco”, corean a unos metros.

Ese tintineo es el sonido con el que cientos de personas accedieron, pasadas ya las 13.30h, a la puerta del Sol. Frente a la sede del Gobierno regional, un gran hinchable con forma de peineta con una llave por dedo representaba el hartazgo. “Hay que regular la vivienda en esta comunidad para poder vivir. O derecho a la vivienda o rentistas”, reclamaban desde uno de los megáfonos.

El manifiesto ha centrado sus reivindicaciones en la Comunidad de Madrid, a quien acusan de “seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la complicidad de ciertos ayuntamientos”. “Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los poderes económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para garantizar los derechos de toda la ciudadanía”, reclaman.

Critican el Plan Vive o el último sorteo de vivienda asequible de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), en el que una de cada cinco viviendas quedó sin adjudicar; pero también el “abandono deliberado de Cañada Real”, que le ha supuesto a España un tirón de orejas del Consejo de Europa por no garantizar el derecho a una vivienda digna ni a la protección a la salud, especialmente de niños y mayores, que llevan años sin luz; o la situación de las decenas de familias afectadas por las obras de la línea 7B de metro, impulsadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre con informes técnicos en contra, en San Fernando de Henares y Coslada, “sin que se haya dado una solución justa y definitiva”.

Los organizadores señalan que la solución a la crisis habitacional para por “la actuación de los poderes públicos”. En concreto, piden integrar las viviendas de la Sareb, el llamado banco malo, en la gestión de vivienda pública y social. Una medida que el presidente del Gobierno ya avanzó en enero. La empresa pública anunciada por Sánchez incorporará de forma inminente 13.000 viviendas de la entidad, en los siguientes meses absorberá otras 15.000 y, el plazo de un año y medio, se espera que adquiera 10.000 más. Pero van más allá: exigen una ley autonómica que contemple que el 30% las viviendas sean protegidas.

Además, entre las peticiones de los convocantes están la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en lo referente a las zonas tensionadas, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que no aplicará, pese a la demanda de algunos municipios, y garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional. Los pisos turísticos, en una ciudad asolada por Airbnb y alquileres temporales ilegales, están también en el foco de la reivindicación. La manifestación reclama la clausura de estos alojamientos y la suspensión inmediata de las licencias.

“Se tendría que regularizar ya, porque es un descontrol por parte de ayuntamientos y comunidades y repercute en quienes vivimos aquí y tenemos sueldos medios”, pide Valentino, de 28 años, que vive con su pareja, Elena, de 26, en Madrid. “Ahora mismo podemos pagar un alquiler, pero podríamos no poder”, dice ella. En la lista de incumplimientos de la legislación en materia de vivienda ellos han sufrido en sus propias economías el cobro del conocido como mes de agencia para arrendar su vivienda, pese a ser una comisión ilegal, que no se puede cargar a los inquilinos.  

“Vergüenza, vergüenza, vergüenza”, gritaban desde la cabecera a su paso por el Palacio de Cibeles, sede de la alcaldía de Madrid. “Esos de ahí enfrente, desahucian a la gente”, coreaban 

La manifestación no ha contado con el apoyo unánime de los movimientos de vivienda. Desde otros colectivos, como la PAH de Vallekas, han criticado la presencia de “partidos de Gobierno y sindicatos mayoritarios, responsables del problema de vivienda”, que “organizan y llaman a manifestarse”. “No queremos participar en su circo” denuncias en un comunicado en el que piden “señalar a todos los culpables, sin excepciones”.