Este año, sin embargo, el incremento de 50 euros al mes, hasta los 1.184 euros brutos, ha quedado algo eclipsado por una circunstancia: el Gobierno se debate sobre si el salario mínimo debe pagar IRPF por primera vez. A la espera de que Hacienda explique sus intenciones, la derecha intensifica el discurso antimpuestos. El PP ha tildado de “expolio” que los trabajadores que cobran el salario mínimo contribuyan en el IRPF. 

Que la discusión sobre si el salario mínimo debe pagar IRPF es compleja, y que tiene muchos matices, se evidencia por muchos motivos. El primero: que afecta al pago de impuestos en un país como España, con un importante déficit en fiscalidad respecto a nuestros vecinos europeos y con muchas tareas pendientes en justicia fiscal: no solo importa cuánto se recauda, sino quién paga y cuánto.

Se trata de un tema impopular, incluso en la izquierda, a pesar de que ideológicamente es más proclive a abordarlo. Pero en la práctica se complica, como muestra la aún pendiente reforma fiscal desde que en 2022 se presentara el ‘libro blanco’ del comité de expertos para realizarla. 

También en que el Ministerio de Hacienda, que lidera María Jesús Montero, no informa públicamente sobre su postura al respecto. “No vamos a entrar a valorar nada hasta que se apruebe” el salario mínimo, indican fuentes de Hacienda. 

Además, el debate genera diferencias en la coalición, pero tampoco se expresan en público con la contundencia que hemos visto en otros conflictos internos, como la reducción de jornada laboral. Sumar se ha situado a favor de que se vuelva a elevar el mínimo exento a la subida del salario mínimo y, sin embargo, la vicepresidenta Yolanda Díaz apenas entra a la confrontación con María Jesús Montero y suele insistir en que la decisión es “competencia de Hacienda”. 

Un 61% de aumento y 2,5 millones de personas exentas

Aunque no se exponga de manera pública, se analiza que el salario mínimo pague IRPF por el gran aumento que ha experimentado en los últimos años y que ha supuesto un importante cambio como referencia de los salarios en España. En 2018, hace siete años, el SMI era de 736 euros brutos al mes. Un 61% más bajo que ahora, que se situará en los 1.184 euros mensuales. 

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado que antes el salario mínimo era una cantidad tan pequeña que mantenía a la población “bajo el umbral de la pobreza”, mientras que ahora –debido también a que otros salarios no suben mucho– cada vez se acerca más al sueldo más frecuente. 

Así, en 2018 el salario mínimo era “marginal”, que apenas cubría a “unos pocos cientos de miles” de trabajadores y trabajadoras que no estaban bajo el manto de algún convenio colectivo, como ha explicado este lunes el líder de CCOO, Unai Sordo. 

Tras las sucesivas subidas del Gobierno de coalición progresista, el salario mínimo ha ido englobando cada vez a más y más gente. En un país de bajos salarios, el SMI ha ido superando las remuneraciones más reducidas de muchos convenios colectivos, hasta alcanzar a alrededor de 2,5 millones de personas trabajadoras, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Se trata casi del 13% del total de asalariados. 

Quién pagaría y cuánto

El informe de la comisión de expertos para el SMI de este año incluye precisamente un apéndice en el que la Agencia Tributaria aporta los cálculos sobre cuántas personas trabajadoras que perciben el salario mínimo pagarían IRPF en 2025 si Hacienda finalmente no eleva también el umbral exento. Aproximadamente, serían medio millón, la mayoría, solteras y sin cargas, el 20% de las cerca de dos millones y medio en total que cobran “este suelo de ingresos digno”. Muchas de ellas, jóvenes, en sus primeros empleos.

El 80% restante seguiría libre de hacer la declaración de la renta, porque su mínimo exento aumenta un poco más por las deducciones por cuidar a otras personas, y tenerlas a cargo.

Eximir a ese medio millón de trabajadores de pagar el impuesto sobre la renta supone un coste de entre de 1.000 y 2.000 millones de euros al Estado, es decir, al conjunto de todos los contribuyentes. En otras palabras, se trata de una bajada de impuestos.

Esa cantidad es alrededor de una décima del PIB (Producto Interior Bruto). 0,1 puntos del PIB que van al déficit presupuestario (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos). En los últimos años, Hacienda ha ido asumiendo este coste.

Los técnicos de UGT han hecho sus propios cálculos, y aseguran que si, por primera vez, el Gobierno no adapta el mínimo exento del IRPF al nuevo SMI, las “personas solteras sin descendientes o ascendientes deducibles a efectos del cálculo de las retenciones, pagarán 300,05 euros al año (21,4 euros/mes, supuestas 14 pagas)”. Para estas personas, el tipo de retención del IRPF sería de cerca de un 2%.

En el caso de las personas casadas cuyo cónyuge gane más de 1.500 euros anuales, con solo un descendiente atribuido al 50%, tendrán que contribuir con un IRPF de 99,46 euros al año (7,4 euros/mes, con 14 pagas). “Si se atribuye el hijo/a íntegramente, no tributará”. Para estas personas, el tipo de retención sería del 0,6%.

En el siguiente gráfico de esta información, con datos de la Agencia Tributaria de 2023, se observa que las empresas retienen entre un 2% y un 3% del IRPF de los salarios (rentas del trabajo) más bajos, aunque estén exentos de pagarlo. Y también se ve el escalón a partir del salario mínimo.

¿Cuánto le retienen a cada sueldo en el IRPF?

Tipo de retención media a los salarios de los españoles en el IRPF según el importe bruto cobrado en 2023

Fuente: Agencia Tributaria

Lo que se plantea Hacienda es si volver a mover o no este escalón, aunque las personas trabajadoras, solteras y sin cargas que ganan el SMI más un euro ya se ven afectadas por este salto, y lo seguirán estando.  

El economista Miguel Almunia, que en una entrada del blog ‘Nada es gratis’ explica cómo funciona técnicamente el IRPF y lo que él denomina las ‘jorobas’ del impuesto, advierte de que este escalón es “un desincentivo” para que la persona que percibe el SMI quiera trabajar más horas (o declarar más renta), e incluso para que la empresa decida subirle el salario.

“En definitiva, como suele ocurrir con las políticas tributarias, cada vez que se introduce una medida para solucionar un problema, se generan otros efectos no deseados. Los decisores políticos tienen que sopesar el equilibrio entre sus metas de redistribución y la generación de incentivos favorables a la actividad económica”, concluye este experto.

La derecha refuerza su discurso antimpuestos

A la espera de la decisión del Gobierno de coalición, en la derecha están utilizando el salario mínimo para insistir en una de sus batallas ideológicas estrella: el discurso antimpuestos. “Sánchez y Montero son los únicos que ganan, no ponen nada y lo recaudan todo”, ha afirmado este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, como si el dinero recaudado por las arcas del Estado no beneficiara a la sociedad a través de servicios públicos, como la educación o la sanidad, por ejemplo. “Reclamamos que deje de expoliar a los españoles”, ha añadido el portavoz del PP.

Estos últimos días, cada vez que ha sido preguntada por si los perceptores del salario mínimo deben pagar IRPF, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha contestado que hay que hacer “pedagogía fiscal” y recordar que “los impuestos se dirigen a garantizar que, ante la salud, la enfermedad, la dependencia, el talento, los trabajadores tengan igualdad de oportunidades”.

El economista Miguel Almunia recuerda que “el IRPF sigue siendo progresivo en su conjunto”. Es decir, el que garantiza mejor que los que más ganan, más contribuyen, que es el mandato constitucional a nuestro sistema tributario. De hecho, “es el impuesto que más contribuye a la progresividad del sistema”, recalca.

Un buen número de expertos defiende, además, que el IRPF se debe reforzar como “instrumento de control y gestión, en el que todo el mundo esté dentro”, para, por ejemplo, favorecer la concesión de ayudas o el diseño de políticas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las prestaciones, según señala Luis Zarapuz, del gabinete económico de Comisiones Obreras.

Por otra parte, prácticamente existe consenso en que España necesita una profunda reforma fiscal para que se tapen los agujeros en el impuesto de Sociedades —los beneficios de las grandes empresas han crecido mucho más de lo que lo ha hecho su contribución fiscal—, o para que se iguale la tributación del capital (dividendos, alquileres...) a la del trabajo.

Pero el Gobierno apenas puede abordarla por su debilidad parlamentaria. En las últimas semanas, ha sido incapaz de sacar adelante el gravamen a las ganancias oligopolísticas del sector energético, con el que pretendía aumentar la recaudación en 1.000 millones. Mientras, ha anunciado rebajas fiscales a los propietarios que ingresan rentas por alquilar sus viviendas. Por eso, Luis Zarapuz lamenta que incidir en el debate sobre el IRPF y el SMI “no es un mensaje equilibrado de cara a la sociedad”.