La Comisión Europea ha llevado a España -y otros seis países- ante la justicia europea por no haber aprobado leyes para regular los créditos impagados que se venden a los fondos buitre en línea con la directiva europea en esa materia.

El anteproyecto, que servía para cumplir con las exigencias europeas, regula la renegociación de créditos dudosos y la compraventa de carteras de préstamos morosos que realizan de forma habitual las entidades de crédito y los fondos especulativos, especialmente después de la crisis financiera en la que se vendieron las deudas hipotecarias a ese tipo de empresas.

“La Directiva tiene por objeto fomentar el desarrollo de un mercado secundario de préstamos morosos que funcione correctamente, estableciendo normas para la autorización y supervisión de los compradores y administradores de créditos. La Directiva establece además una serie de criterios armonizados que permiten a los administradores de créditos comercializar préstamos morosos transfronterizos”, señala la Comisión Europea en un comunicado en el que informa de que el procedimiento de infracción contra España, Holanda, Portugal, Hungría, Bulgaria, Austria y Finlandia sigue su curso ante el TJUE.

Esos países no han llevado a sus correspondientes ordenamientos jurídicos las normas acordadas en el seno de la UE en esa materia y se enfrentan a la imposición de multas por parte de la justicia europea.

“La transposición de la Directiva es crucial para el mercado único, ya que facilita la venta y el servicio transfronterizos de préstamos morosos, aumentando la liquidez y la eficiencia del mercado. También contribuye a crear condiciones de competencia equitativas para los compradores y administradores de créditos en toda la UE. Y lo que es más importante, las medidas reforzadas de protección de los consumidores contribuyen a salvaguardar los derechos de los prestatarios, reducir el riesgo de dificultades financieras y promover un entorno financiero más estable y fiable”, señala el comunicado.

La Comisión Europea también ha señalado a España en los procedimientos de infracción del mes de febrero por no haber impulsado una parte de la Directiva de Energías Renovables, que tenía que estar en vigor en julio de 2024. En concreto, apercibe a España y otros cuatro países por no cumplir con las normas de simplificación y aceleración de las autorizaciones de los proyectos de energías limpias.

Bruselas, que envió la primera carta de emplazamiento en septiembre, da a España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia dos meses para trasponer esa directiva con la que pretende favorecer el despliegue de las energías renovables, tal y como acordaron los 27 en los peores momentos de la crisis energética. En el caso de que no cumplan con ese nuevo plazo, el gobierno comunitario llevará el asunto ante el TJUE y los países se enfrentarán a sanciones.