División en el primer examen al anteproyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana.

El informe del CES, presidido por el catedrático Antón Costas, se votará este miércoles, aunque el texto ya ha trascendido a los medios de comunicación. La institución destaca “la importancia” social y económica de que se avance en la reducción de la jornada laboral, así como del conjunto de la norma, que reforma también el control horario y amplía el derecho a la desconexión digital.

Sin embargo, no logra ponerse de acuerdo sobre varios elementos clave. Por ejemplo, si la reducción de la jornada laboral debe hacerse por ley o a través de la negociación colectiva, sobre si el derecho a la desconexión digital debe ser irrenunciable, como recoge la norma, o sobre el endurecimiento del registro de jornada, entre otras.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó este lunes por la noche que “la noticia” era que el CES no había rechazado la legislación, como habían publicado varios medios, y que reconoce que es un avance para el país, indicó en una entrevista en Hora 25, de la Ser.

Según fuentes del CES consultadas, la negociación del informe ha sido complicada, con la posibilidad de que saliera un informe desfavorable del órgano consultivo, que no ha sido así finalmente. Las partes han acabado pactado un texto de mínimos, expresando sus diferencias y su incapacidad para ponerse de acuerdo en múltiples cuestiones, pero que no rechaza la regulación.

La falta de consenso en el CES es en realidad lógica, ya que la legislación no logró el acuerdo en el diálogo social con los empresarios, que tienen un importante peso en el órgano consultivo. No solo a través de las organizaciones patronales miembro, sino también en los asientos del denominado tercer sector, donde participan por ejemplo patronales agrarias (ASAJA) y pesqueras, contrarias a la legislación.

La institución también cuenta con expertos del Gobierno nombrados por distintos ministerios, como Economía y Trabajo, que como ha trascendido también han tenido –y mantienen– algunas diferencias sobre la legislación. 

Todo este contexto se deja notar en un informe contrario a la tramitación urgente de la norma en el Consejo de Ministros, por ejemplo, que supone menos tiempo al CES para evaluar el texto, pero que el Ministerio de Trabajo exigió para que la ley saliera adelante este año, como se pactó en el acuerdo de gobierno. Yolanda Díaz sostuvo este lunes que el CES pidió una ampliación del plazo para el estudio de la norma y finalmente tuvo el “tiempo ordinario” para valorarlo, indicó.

El informe resultante también es muy crítico con la memoria de análisis económico que acompaña a la norma, que considera “insuficientemente fundamentado e incompleto”, una crítica en la que insistió mucho la patronal en la negociación del diálogo social y que saldrá adelante en este dictamen.

El texto del CES considera además que “resulta aconsejable dotar al Anteproyecto de un marco más flexible” en su entrada en vigor “que permita un cumplimiento efectivo de la norma”. “Esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, entre las que cabe mencionar solo a modo de ejemplo las agrarias y las pesqueras”, indica el texto.

Esa mayor “flexibilidad” para la entrada en vigor es una de las principales demandas de los empresarios, pero que también comparte el Ministerio de Economía, como ha expresado en varias ocasiones el ministro Carlos Cuerpo, para “ayudar a las empresas” a adaptarse a la reducción de la jornada laboral.

Fuentes del CES consultadas subrayan que la parte sindical ha cedido en la petición de “flexibilidad” con la mirada en “el cumplimiento efectivo de la norma”. Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT exigieron al Gobierno que sacara adelante el texto pactado con Trabajo, que recoge una aplicación de la jornada laboral de 37 horas y media como tarde el 31 de diciembre de 2025, pero han reconocido en varias ocasiones que en la tramitación parlamentaria puede haber cierto margen para la aplicación de la medida. La intención, insisten, es que la reducción de la jornada sea aprobada y que sea una realidad en el Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, fuentes del CES explican que los miembros favorables a la regulación han logrado que esa “valoración positiva general” de la reducción de la jornada laboral como un avance, que se desprende del informa, así como que salga adelante la “plena legalidad” de la reducción de la jornada por ley, al incluir el antecedente de la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la reducción a las 40 horas a la semana en 1993. Hay que recordar que las patronales CEOE y Cepyme, que se prevé que firmen este texto, han defendido que la ley es inconstitucional en sus alegaciones a la norma.