El fondo público con compensaciones para víctimas del amianto afronta su recta final, tras más de dos años de retraso, y los socios parlamentarios del Gobierno han movido ficha para exigir mayores cuantías para las personas afectadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que prevé que el reglamento del fondo del amianto esté aprobado antes de que termine junio. Hace unas semanas, el Ministerio de la Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, se reunió con las federación de víctimas FEDAVICA y los sindicatos CCOO y UGT, a los que presentó un borrador de la norma.

En la propuesta de la Seguridad Social “las cuantías oscilan entre unos 30.000 euros por una asbestosis y unos 90.000 para un mesotelioma”, indican los grupos parlamentarios, cuando “la inmensa mayoría de las sentencias por daños producidos por el amianto determinan indemnizaciones por varios centenares de miles de euros”.

Por ello, los socios del Ejecutivo consideran que de aprobarse el actual borrador de reglamento sólo optaran por utilizar el fondo público “las personas enfermas por exposiciones ambientales en las que es imposible determinar la empresa causante y aquellas en las que su enfermedad tiene un origen laboral pero su empresa ya no existe”. En los casos en los que aún exista una empresa a la que reclamar, “las personas afectadas acudirán a la vía judicial”, lamentan las formaciones políticas firmantes.

Además, consideran que hay otra razón por la que se seguirán presentando demandas en los tribunales: “Las indemnizaciones procedentes de sentencias judiciales están exentas de tributación en el IRPF”. Sin embargo, la ley de 2022 que reguló el fondo público no incluyó esta exención fiscal, “a diferencia de otras leyes que si lo hicieron como las que regulan las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por el VIH”.

PNV, ERC, Junts, Sumar, Bildu, Podemos y BNG reclaman al Ejecutivo “regular la exención del IRPF” a través de la Ley de Presupuestos y, en caso de que finalmente no haya nuevas cuentas públicas, piden al Gobierno que busque “el encaje en alguna otra Ley que esté pendiente de aprobación”.

Las formaciones políticas reconocen que, de aceptarse las modificaciones propuestas por asociaciones de víctimas y sindicatos, la partida de 25 millones de euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el fondo del amianto “resultaría insuficiente”.

En este sentido, sostienen que en “las negociaciones que dieron lugar a la inclusión de esta partida, siempre quedó claro que los 25 millones eran sólo un punto de partida” y reclaman “un compromiso del Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo sustentan” para garantizar a las víctimas la percepción de las indemnizaciones y “que lo hagan en los plazos legales previstos por la norma legal”.

Por último, las formaciones políticas recuerdan que la ley del fondo público “establece la subrogación del derecho a seguir litigando a favor del Estado”. “Esto permite a las autoridades públicas mantener las demandas judiciales contra las empresas causantes del daño, siempre y cuando no hayan desaparecido o exista una continuidad empresarial y supone una forma de autofinanciación del propio Fondo que mitigaría el impacto de las indemnizaciones en las cuentas públicas”.

PNV, ERC, Junts, Sumar, Bildu, Podemos y BNG destacan que “es preciso insistir en este extremo porque de no hacerse efectivo este derecho de subrogación, además de reducirse los ingresos públicos, las empresas eludirían el pago de las indemnizaciones a las que deberían hacer frente y el Fondo se convertiría en una escapatoria para los responsables de la pérdida de la salud o de la vida de las personas”, lo contrario a los valores que inspiraron el fondo público.