Es la primera manifestación por el derecho a la vivienda que los movimientos sociales convocan a nivel estatal.

La crisis residencial no es un hecho aislado. Los precios del alquiler han subido casi un 40% desde el año 2015, muy por encima de los salarios. Según los datos recabados por elDiario.es, casi 1,4 millones de hogares destinan más del 30% de sus ingresos a pagar la renta, 200.000 familias más que hace una década, tal y como revela el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2024.

Con la manifestación de este sábado, los movimientos por el derecho a la vivienda quieren unificar las protestas que llevan alternándose por todo el territorio en el último año, pero también sacar músculo allí donde el hartazgo no se había hecho tan evidente en las calles. “Es un claro signo de que el movimiento, y en este caso los sindicatos de inquilinas, tienen una fuerza de convocatoria impresionante y que no se trata de casos aislados, sino que se están organizando porque estamos ante un drama social”, explica el investigador en las universidades de Londres y Babeș-Bolyai, Felipe González Santos, que identifica una “escalada del conflicto”.

En Madrid, 22.000 personas según los datos de la Delegación del Gobierno y 150.000 según los organizadores salieron a la calle en octubre, y otras 15.000, según el primer organismo, de nuevo en febrero. En diciembre, 220 colectivos reivindicaron en Bilbao “el derecho universal a la vivienda”, con un modelo gratuito. En Málaga denunciaron que el turismo “expulsa” a los vecinos hace semanas. Y en València se mantuvieron acampadas frente al Ayuntamiento de la ciudad el pasado mes de octubre. En los últimos meses también ha habido protestas en ciudades como Mallorca, en plena crisis residencial auspiciada también por el turismo masivo.

En Barcelona, 170.000 personas, según datos del Sindicat de Llogateres —la Guàrdia Urbana las cifró en 22.000—, ya se manifestaron en noviembre para reclamar que bajen los precios. “Lo que hemos visto durante estos meses es que el Gobierno ha hecho muy poco. Pedro Sánchez salió con un relato muy parecido al nuestro, en el que decía que no podíamos ir hacia un país de propietarios ricos e inquilinos pobres, pero los anuncios han sido una bonificación fiscal del 100% a los rentistas y la promesa de un futuro parque público de viviendas, que nadie sabe si va a pasar ni cuándo, además de desvirtuar una de nuestras propuestas, que es prohibir las compras especulativas y dejarla solo en que los extracomunitarios tengan que asumir más impuestos”, señala la portavoz del Sindicat, Carme Arcarazo.

“El problema es complejo y, desgraciadamente, no existen varias mágicas para resolverlo de un día para otro”, admiten fuentes del Ministerio de Vivienda, que señalan que se hacen “cargo del malestar de muchos ciudadanos que tienen dificultades para acceder a una vivienda digna”. Por eso, apuntan estas voces, “este Gobierno no descansará ni un minuto y dedicará todos los recursos que sean necesarios, el tiempo que haga falta”. “Ojalá todas las administraciones tuvieran el mismo compromiso, sería mucho más fácil y rápido”, indican estas fuentes, que comparten “el llamamiento a todos los poderes públicos para que actúen decididamente para garantizar lo que es un derecho constitucional”.

Fuentes de este departamento indican, no obstante, que la política del Gobierno de España es “clara e integral” y “pivota sobre tres ejes: más vivienda, más ayudas y mejor regulación”.

Pero la situación se ha agravado en los últimos meses por varios frentes, con cifras que no apuntan al optimismo. Una: según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 los desahucios crecieron un 3,4%. En total, 27.564 familias se quedaron en la calle, pese a la moratoria antidesahucios que se extiende desde la pandemia. El 74,6% de ellas se debían a procedimientos derivados de arrendamientos.

Hay más. En Madrid, el Ministerio de Consumo identificó cerca de 15.000 pisos turísticos sin licencia. En Ibiza, más de 7.000. En Málaga, el alcalde Francisco de la Torre anunció a finales de marzo una "moratoria global" que impida otorgar nuevas licencias turísticas en una ciudad copada ya por más de 12.600. Mientras tanto, el Gobierno mantiene en curso una investigación contra grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas y un expediente sancionador contra Airbnb, que la compañía ha recurrido, por negarse a eliminar de la plataforma anuncios de viviendas de uso turístico sin licencia.

En Catalunya, el 14% de los contratos de alquiler firmados en municipios con precios regulados fueron temporales y a la hora de buscar piso, en torno al 80% de los pisos anunciados en Idealista se ofertan bajo esta modalidad de arrendamiento, que permite saltarse las protecciones a los inquilinos de la ley de vivienda. Según los datos obtenidos por esta redacción, más de uno de cada tres anuncios disponibles en la semana del 15 de marzo en las 52 capitales de provincia eran de este tipo.

La nota positiva es el aumento de contratos de alquiler en los municipios catalanes declarados zona tensionada, los primeros de todo el país, que suponen 8.967 más que los que había antes de la ley de vivienda y de la aplicación del tope de rentas, según fuentes oficiales. “En Barcelona hay más pisos de alquiler que nunca”, celebró la ministra Rodríguez durante una reunión con el alcalde Jaume Collboni, en la que se destacó que los precios habían caído un 3,7%. Esta reducción es un pequeño triunfo para el Gobierno, enfrentado con el poder territorial del Partido Popular, que se niega a declarar las zonas tensionadas que habilitan la Ley de Vivienda y que permite topar los precios.

González Santos indica que es importante observar la manifestación de este fin de semana con una “perspectiva histórica”. Sobre todo, por parte de las administraciones. “El movimiento por la vivienda siempre ha funcionado como una especie de alarma, que alerta de futuras grandes crisis”, señala. “Las movilizaciones de 'V de Vivienda' se produjeron antes de que explotara la burbuja inmobiliaria; las de la PAH, crecieron tras el pinchazo y fueron un indicador muy claro del drama de los desahucios, que se vieron mucho antes en las calles y las asambleas que por las instituciones”, recuerda el investigador y autor del libro 'Movimientos sociales y cuidados: empatía, solidaridad y empoderamiento en la lucha contra los desahucios'.

Entre las demandas de los convocantes, hay varias que vienen repitiéndose durante los últimos meses: que se recuperen los alquileres indefinidos, que se bajen los precios un 50%, que se recupere la vivienda “secuestrada” por los pisos turísticos, en manos de fondos buitre, vacíos o de temporada y que se desarticulen las bandas de desokupación. “No puede ser que cada cinco años tengamos que cambiar de casa y de barrio”, advierte De los Santos. El fondo de las reivindicaciones se resumen en el lema de la manifestación: “Acabemos con el negocio de la vivienda”.

“Si se sigue fomentando la vivienda como un negocio, nunca va a ser un derecho real”, indica Arcarazo, para quien “el Gobierno trata de hacer ver que es un problema que se tienen que solucionar con respuestas técnicas, mientras algunos se siguen luchando con nuevas ventanas de negocio inmobiliario”. “Hay una cuestión urgente, que es la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, que está proliferando, pero no se ha hecho nada en un año”, señala. Los sindicatos de inquilinas llevaron al Congreso un real decreto para regular esta modalidad de arrendamiento, que se convirtió en la brecha por la que los propietarios esquivan la ley de vivienda, pero su tramitación decayó por los votos de PP, Vox, Junts y UPN. “Es el auténtico punto de fuga de la regulación de vivienda”, reconocía el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en esta entrevista en elDiario.es.

Desde el Ministerio de Vivienda han activado un registro de este tipo de arrendamientos, pero que no será de obligado cumplimiento hasta julio. Efectivamente, un año después de que la ministra Isabel Rodríguez reconociera que debían “regular la causalidad de esa temporalidad”.

Es otro de los mensajes que trasladan desde los sindicatos de inquilinas: “Nosotros no hemos parado durante todos estos meses”. En Barcelona, advierten que la afiliación al sindicato ha crecido en un 25%, se han organizado en decenas de nuevos bloques en lucha contra las expulsiones y han iniciado “una huelga de alquileres contra el casero más grande de Catalunya, que es Caixabank”. El buque insignia de sus logros es ahora mismo la Casa Orsola, que el Ayuntamiento de la ciudad compró a un fondo de inversión 9,2 millones de euros, para destinarlo a vivienda social y asequible. “Dijimos que no se iba a desahuciar y no se ha desahuciado”, celebran.

“El poder inquilino parte de esa organización colectiva, que nos permite obtener victorias que acabarán con el negocio de la vivienda”, apunta De los Santos. La semana pasada, Consumo abrió a Alquiler Seguro un expediente sancionados ante indicios de cobros ilegales, tras una denuncia del Sindicato de Inquilinas y asociaciones de usuarios, como Facua. “Hemos dicho que nos tenían que devolver esas comisiones ilegales y les va a caer una sanción”, señala, como otro de los logros que van escalonando los triunfos del renacido movimiento por el derecho a la vivienda.

González Santos recomienda a las instituciones, que “no son verdaderamente conscientes de este drama”, prestar atención a las calles este sábado: “Harían muy bien en fijarse en lo que dicen los movimientos de base, porque históricamente, en lo referente a la vivienda, cuando hay protestas a esta escala indican que cosas peores van a venir”.