A Chelo le advirtieron que los trámites para solicitar la jubilación parcial eran lentos y algo tediosos, así que decidió ponerse con tiempo manos a la obra.

La jubilación anticipada parcial permite a los trabajadores reducir una parte de su jornada los últimos años de su vida laboral y compatibilizar el sueldo con la pensión. El personal laboral de organismos y empresas públicas ya lo tenía recogido en sus convenios, por sectores o según la administración, que podía contratar a un relevista de forma temporal. Como Toni, que tras cuatro décadas trabajando en la compañía que se dedica a la recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad de Palma, la había solicitado. El primer año, a partir del 11 de julio, podría reducirse un 33% la jornada y, los dos siguientes, antes de su retiro, hasta un 75%.

Esa fecha marcada en rojo en el calendario de un número indeterminado de trabajadores se ha ido al garete tras el acuerdo para la reforma de las pensiones firmado entre Gobierno, sindicatos y patronal. “La empresa te va dando cada mes los días que has ido haciendo y ves los que te quedan. Lo afrontas con ganas de que se acabe de una vez. No es que quiera hacerme viejo, pero después de 40 años trabajando, ya tienes ganas de acabar”, lamenta Toni, a quien, como a Chelo, han dejado en el limbo.

El pacto de pensiones fue el gran anuncio del presidente Pedro Sánchez durante su balance del pasado curso político en julio. “Es un acuerdo muy positivo, que refuerza nuestro sistema público y lo hace más justo para millones de trabajadores y pensionistas”, celebró. El texto se firmó en septiembre, con una foto en la que aparecían el propio Sánchez, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.

Sobre el papel, el acuerdo tripartito mejora las condiciones de los relevistas, que deberán ser contratados a tiempo completo y de forma indefinida. En el sector privado esto no supone un escollo, pero la administración pública está coartada a la hora de realizar este tipo de contrataciones, para los que hacen falta procesos en los que se garanticen la igualdad, el mérito y la capacidad. Es decir, oposiciones que pueden alargarse durante meses. Y son, en esos meses, en los que han quedado atrapados Toni, Chelo o Ana.

Ana es educadora social en el Ayuntamiento de Albacete. Con 36 años y cuatro meses cotizados podía acogerse a la jubilación parcial. Sería el 1 de julio. “Te planteas la vida de otra manera, tienes seis meses al año pasa organizarte de otra forma”, explica. Con el cambio aprobado pro el Congreso en diciembre y que entró en vigor el 1 de abril, las clases de inglés, el huerto que quería plantar o ese tiempo de más que quería pasar con sus nietos tendrá que esperar. “Valoro mucho el trabajo de los sindicatos, pero me parece vergonzoso que CCOO y UGT no nos hayan tenido en cuenta. Nos han sacrificado”, lamenta.

Tras la aprobación del real decreto, las secciones de servicios públicos de los sindicatos solicitaron una reunión con el ministro de Función Pública, Óscar López. De ese encuentro, el 24 de marzo, CCOO y UGT salieron con el compromiso del Gobierno de implantar una tasa de reposición adicional, que “garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público” para “que no se pierda ese derecho”. Cuatro días después este departamento emitió una resolución en la que abría la puerta a las administraciones territoriales a presentar esa solicitud para la puesta en marcha de la convocatoria extraordinaria de empleo público.

“Desde la Secretaría de Estado (de Función Pública) se han habilitado las herramientas y medios para que las administraciones públicas puedan cumplir con la reforma”, defienden fuentes ministeriales que admiten que, “evidentemente, tiene un impacto en los plazos”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya había advertido a principios de marzo que había “administraciones avisando que no van a aplicar estas jubilaciones ante la falta de criterios” y reclamaban “instrucciones claras para el personal laboral, a quien mayoritariamente ya se reconocía el derecho de acceso a la jubilación parcial y parcial anticipada” ante las “dudas” con la nueva legislación. Fuentes sindicales estiman que con la tasa de reposición extraordinaria y teniendo en cuenta los tiempos, las personas trabajadoras que planteaban acogerse a la jubilación parcial estos meses no podrán acceder a ella, al menos, hasta principios del próximo año. Unos meses en los que se ve impedido un derecho que una parte daba ya por descontado.

“A ese periodo de seis meses a un año hay que darle una salida, sin dejar a nadie por el camino”, reconoce el secretario de políticas públicas de CCOO, Mariano Alcubierre, que indica que el sindicato está “intentando que se resuelva este problema”, con un periodo transitorio breve.

“Es un derecho que teníamos los laborales desde hace muchos años, venía en el convenio, aunque lo habían tratado hace poco, se había quedado como estaba. No sé cómo podemos perder derechos, ¿cómo pueden firmar una cosa así? Es impensable”, lamenta Chelo, que recuerda que su trabajo, en un colegio de educación especial, supone un desgaste físico, pero también psicológico: “Trabajamos con niños en un grado extremo de autismo. Es mi trabajo, pero ya te habías hecho a la idea de que con los años que tienes vas a descansar un poco”.

Chelo se pregunta ahora cuánto tendrá que esperar para acogerse a la jubilación parcial, aunque es pesimista. Como Ana: “En mi Ayuntamiento están ahora mismo con la oferta pública de empleo de 2023. Si tienen que hacer una especial no hay ni tiempo ni medios, porque no se puede hacer de un día para otro. Creo que no lo voy a ver”. En su caso, esta trabajadora se está planteando llevar el caso a los tribunales. “Me han dado la posibilidad [en STAS, el sindicato al que está afiliada], pero ¿cuánto tardas?”, plantea. Con todo, la mujer, que ya ha llevado, y ganado, a la administración ante la justicia en cuatro ocasiones, no lo descarta. “Se merecen un poco de resistencia”. CSIF también ha ofrecido asesoramiento legal a sus afiliados.

Tanto CCOO como UGT afirman a esta redacción que advirtieron al Gobierno sobre esta problemática. “Desde Seguridad Social había un compromiso de desarrollo reglamentario, que es fundamental no solo para los empleados públicos, también para aquellos servicios prestados bajo concierto y licitaciones, fijos discontinuos, etc.”, indica la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, que asegura que se ha instado al ministerio que dirige Elma Saiz a que dicte una moratoria hasta que ese reglamento esté listo. Fuentes de este departamento indican que este asunto “no se abordó” en la mesa de diálogo social del que surgió el acuerdo de pensiones.

En paralelo, el Ministerio de Función Pública acordó con UGT y CCOO recuperar esta modalidad de jubilación para los funcionarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy había eliminado en 2012. Un compromiso en el que se está trabajando y que, según los sindicatos, está comprometido “a la mayor brevedad”.