La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya reconoció en julio de 2022 “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular.

Como adelantó elDiario.es, REE pidió en julio de 2021 a la CNMC actualizar un procedimiento de operación, conocido como 7.4, para implantar un nuevo “servicio de control de tensión” que permita a las energías renovables dar “estabilidad” a la red frente a los “valores extremos” que ya entonces se venían registrando, en un contexto de alta penetración de las energías limpias, y que REE había sacado a consulta a finales de 2020. Competencia no lo ha aprobado aún porque, según su presidenta, Cani Fernández, la UE les obligó a lanzar un “proyecto piloto”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó el miércoles en el Congreso que el comité que investiga las causas del histórico apagón del pasado 28 de abril analiza “desconexiones que pueden ser por sobretensión como elemento desencadenante de la caída en cascada”. El corte total llegó tras la sucesiva desconexión de 2,2 gigavatios de generación en tres subestaciones en Granada, Badajoz y Sevilla en un lapso de 20 segundos. 

Según explicó Aagesen, los sistemas de control de los distintos operadores reflejan que esa mañana hubo “volatilidad en las tensiones”, con “subidas y bajadas” anteriores a ese cero y a las oscilaciones detectadas en la red europea media hora antes del cero nacional. 

Preguntada en el Congreso por ese procedimiento de control de tensión, Aagesen cargó la responsabilidad en la CNMC: “El regulador de los mercados indica que faltan herramientas de tensión. En el ejercicio de sus competencias, y según la normativa europea, para actualizar la norma lo que hace es considerar que primero necesita hacer unos proyectos piloto”. La ministra negó que el Gobierno hubiera recibido ningún “aviso” de apagón. 

Según expuso la vicepresidenta, tras dos pilotos, “en el ámbito de sus competencias”, la CNMC “lanza dos procedimientos que están en tramitación”. El organismo no lanza “una advertencia al ministerio porque el ministerio no es competente en la materia”. Solo da una “explicación” de la necesidad de ese instrumento.

El martes, la presidenta de CNMC culpó del retraso en la aprobación de ese servicio de control de tensión a exigencias de la UE. Explicó a los diputados que Bruselas les obligó a probar ese nuevo servicio, un sistema de subastas zonales, porque conlleva una contraprestación económica para las plantas que lo quieran suministrar, previa adaptación de sus equipos.

Los requisitos del primer piloto figuran en una resolución del 28 de julio de 2022, un año después de que REE pidiera poner en marcha ese servicio. La aprobó la Sala de Regulación de la CNMC, integrada entonces por, entre otros, el jurista experto en energía Mariano Bacigalupo, marido de la hoy comisaria europea y entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. 

El texto exponía que el proyecto del sistema de control de tensión “redundaría tanto en la seguridad del sistema como en la mejora de la calidad del servicio y la reducción de costes y de emisiones de CO2. La demostración de estos aspectos, al menos en lo referente a la seguridad del sistema y la calidad del servicio, puede deducirse de los problemas continuos de control de tensión que se están registrando en el sistema español”, señalaba la CNMC.

El proyecto piloto fue exitoso, pero junto a otro ensayo posterior arrojó “fuertes impactos económicos”, según el texto que el organismo sacó a consulta el pasado noviembre para lanzar por fin ese servicio. Su resolución de 2022 recoge que durante la consulta pública del proyecto piloto surgieron “comentarios por parte de los sujetos señalando diversas preocupaciones sobre el modelo propuesto, así como sobre otros aspectos técnicos de la adaptación”. 

El texto no menciona reparos de la UE. Señala que “se plantea la posibilidad de ejecutar un proyecto de demostración regulatoria que permitirá la puesta en marcha, con carácter zonal y temporal, de un mecanismo de mercado para la provisión de recurso de control de tensión”. Sus características son “similares al propuesto en el P.O.7.4, por lo que permitirá obtener experiencia a la hora de evaluar el impacto que podría tener la implantación definitiva en todo el territorio peninsular”.

Fernández aseguró el martes que el actual servicio de control de tensión “está vigente y es obligatorio”. “Lo que nos pide en su momento Red Eléctrica”, aseguró, es la “posibilidad” de establecer un régimen “que acompañe” con “naturaleza económica”. Al existir esa contraprestación la UE les dice que “no se ajusta” y tienen que hacer un proyecto piloto (“sandbox”) para “ver cómo funciona”.

El texto que la CNMC aprobó en 2022 indicaba que este nuevo servicio “es claramente diferente del servicio actual de control de tensión, que es de participación obligatoria” para cada tecnología. “El seguimiento de consignas en tiempo real resulta innovador frente al seguimiento actual de consignas fijas que los gestores de red emiten por teléfono, correo electrónico o incluso correo ordinario”, indicaba.

A este proyecto experimental se unió otro para permitir controlar tensión por el lado de la demanda, para grandes consumidores. Prorrogado el pasado enero, se aprobó en una resolución publicada en el BOE en noviembre de 2023 que señalaba en que “las elevadas tensiones en la red podrían provocar el desacoplamiento intempestivo de instalaciones conectadas a la misma”. En esa resolución, Red Eléctrica (no la CNMC) advertía de que había que tomar “medidas urgentes”.

En concreto, Competencia señalaba que “cada vez hay más excedentes de [energía] reactiva en el sistema, lo cual está contribuyendo a un aumento generalizado de las tensiones en el sistema eléctrico, llegando en ocasiones a valores cercanos o incluso superiores a los máximos admisibles. Añade el operador del sistema [REE] que los escenarios previstos en el corto y medio plazo hacen prever que este efecto puede ir en aumento si no se toman medidas urgentes para corregirlo”, decía.

Cuando anunció el proyecto, la CNMC no mencionó ninguna medida urgente, pero sí explicó que este “sandbox” intentaría “solventar los problemas de control de tensión eléctrica por el aumento de la generación renovable y el consecuente desplazamiento del consumo a ciertos periodos horarios. Mantener la tensión dentro de los umbrales de seguridad es una pieza fundamental para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico”.

La CNMC aseguró el lunes que esta nueva normativa de control de tensión se aprobará “probablemente en este mes”. El texto que sacó a consulta en noviembre insistía en que “la estabilidad del sistema eléctrico se está viendo afectada por una creciente variabilidad en tiempo real, tanto proveniente de la generación como de la demanda (autoconsumo o almacenamiento), así como de los flujos en las interconexiones internacionales”.

Lo vinculaba con los dos componentes de la energía que fluye por las redes como resultado de la interacción entre producción y consumo: la “energía activa” que necesitan los equipos eléctricos y la “reactiva”, una especie de efecto secundario. 

Según explicó en noviembre la CNMC, “la variabilidad de la energía activa está siendo abordada con el desarrollo de la flexibilidad de las tecnologías tradicionalmente no gestionables y el intercambio de reserva entre los sistemas interconectados”. Pero “también la energía reactiva y la tensión están sufriendo problemas de variabilidad, mientras que la metodología de control de tensión basada en el seguimiento de consignas fijas, particularmente de factor de potencia, está obsoleta y resulta insuficiente para garantizar la seguridad del sistema”.

En noviembre de 2020, al plantear este nuevo servicio, REE explicó que “el sistema eléctrico español peninsular ha ido evolucionando haciéndose cada año más variable”, con “severos problemas especialmente de sobretensión en periodos valle y llano [cuando no hay puntas de demanda]. Resulta, por tanto, imprescindible adaptar y actualizar la normativa vigente”. REE señaló entonces que “el servicio de control de tensión aspira a ser implementado a partir de 2021”. Han pasado casi cinco años desde entonces.

Competencia ha dicho que el texto que recibió en julio de 2021 “no era una propuesta de servicio completa” basada en un “mecanismo de mercado” como estipula la normativa europea, “que exigiría al regulador presentar evidencias de que basarla en mercado no sería económicamente eficiente”. “No teníamos datos sobre los que basar esa evidencia”. Y de ahí esos proyectos piloto.

A propuesta de REE, el borrador que la CNMC sacó a consulta el año pasado preveía poner en marcha el servicio en un máximo de un año tras publicarse en el BOE. En él se lee que el operador del sistema volvió a pedir la puesta en marcha de este sistema en marzo de 2024.

La CNMC fue creada por el Gobierno del PP en 2013, en pleno parón de las renovables por una moratoria a las primas para frenar el multimillonario déficit de tarifa. Se inspiró en un informe encargado por Telefónica a PwC para fusionar los antiguos reguladores de Competencia, Energía o Telecomunicaciones con un polémico modelo prácticamente inédito en el mundo. El organismo lleva meses en situación de interinidad: a la espera de la anunciada recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que lleva meses tramitando el Congreso. 

El miércoles, Aagesen confió en que, una vez se conozcan las causas del apagón, “los organismos competentes” tomen las medidas oportunas para que no se repita. Dijo a los diputados que la CNE “es más importante que nunca” para “agilizar procedimientos, actuaciones”. “Es imprescindible tener un regulador 100% independiente”. “Está en sus manos, señorías”, dijo la víspera Cani Fernández.